El delito de abortar en Ecuador

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Seguramente esto no conste en el atestado, pero a María, de 26 años, le encarcelaron pocas horas después de abortar. Esta mujer, cuyo nombre cambiamos para proteger su identidad, estuvo detenida cinco meses en la provincia de Esmeraldas (noroeste de Ecuador), después de que le practicaran un legrado. El juez ni siquiera tomó en cuenta que necesitaba unos días para recuperarse y que es padre y madre de dos niños pequeños. Dictó prisión preventiva y sus hijos tuvieron que marcharse con su abuela a otra provincia. María está libre de momento, porque justificó que tiene un trabajo como empleada doméstica, pero hasta que le dicten una sentencia debe presentarse en el juzgado dos veces por semana con fotos que prueben que efectivamente trabaja. Esto es excesivo, a juzgar por Alexandra Lastra, abogada de la Defensoría Pública que patrocina a María. “Lo normal es que le pidan ir cada mes o cada 15 días, y las fotografías son algo insólito”, señala.

El caso de María es un ejemplo de la condena legal y moral que sufren las mujeres que abortan en Ecuador después de que el Código Penal (COIP) se aprobara en agosto de 2014. Este cuerpo legal establece prisión de seis meses a dos años para las mujeres que consientan su aborto y de uno a tres años para los sanitarios que lo practiquen. El temor a ir a la cárcel ha hecho que los médicos cada vez con más frecuencia violen su secreto profesional y delaten a sus pacientes. Hasta el año pasado, hubo 74 casos juzgados por aborto consentido, según el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna sube la cifra hasta 140.

Las integrantes de la organización feminista Surkuna han dado seguimiento a algunos de estos procesos y han detectado algunas violaciones legales, como la presión que ejercen policías y médicos para que las mujeres se autoincriminen. En una de sus publicaciones se lee: “A Margarita [nombre ficticio] le dijeron que hablara todo, que igual ya tenían su información, que lo peor sería negarlo y que si confesaba no le pasaría nada”. Esta mujer indígena, de 16 años, terminó confesando su falta y pasó ocho meses en prisión.

Ana Vera, abogada de Surkuna, dice que uno de los problemas que se pueden derivar de esta persecución es que muchas mujeres que tengan un aborto, ya sea inducido o espontáneo, desconfíen del sistema de salud y corran el riesgo de morir desangradas en sus casas y se disparen los indicadores de la mortalidad de las mujeres. El aborto ya es la quinta causa de muerte materna en Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Vera también cuestiona el hecho de que haya profesionales de la salud que practiquen “una sanción moral” a la mujeres que llegan con abortos incompletos a las unidades de salud y prefieran procedimientos más dolorosos como el curetaje, en lugar del AMEU (aspiración manual endouterina).

Las comadres

Un grupo de activistas ha puesto en marcha una red de acompañamiento para las mujeres que quieran tener información sobre el aborto medicalizado. Se hacen llamar “las comadres” y su escudo legal es que dar información no está penado en las leyes ecuatorianas. La gran diferencia con otras iniciativas similares es que ahora las activistas se reúnen y hablan con las mujeres que quieren abortar, o “comadrean”, como ellas dicen. Se establecen vínculos y a partir de esto si la mujer decide seguir adelante con la interrupción del embarazo, las comadres les acompañan antes y después del aborto.

En el país hay más de 3.600 niñas menores de 15 años que son madres por producto de violación, dato que se tiene que considerar como conservador, ya que la mayoría de casos no son registrados

“Se plantea el acompañamiento cara cara, porque creemos que allí se juega mucho de la despenalización social del aborto, cuando te encuentras con esa mujer y pueden contarse quitamos esa losa de clandestinidad que tiene el aborto”, dice Daniela, una de las comadres en una de las reuniones semanales que hacen. Llevar adelante esta red requiere mucha planificación. Hay un teléfono celular que deben contestar tres días a la semana desde primera hora de la mañana hasta las diez de la noche, y deben cuadrar los equipos de comadres que acudirán a las citas.

A las citas van en grupos de dos, generalmente una es psicóloga, para poder dar contención a las mujeres, y siempre se hacen en espacios públicos. Les han llegado casos de violación. Ana, otra de las comadres, ha atendido un par de estos casos. “Por lo general no quieren hablar de lo ocurrido, dicen que los violadores son personas cercanas, y no saben bien cómo actuar”, recuerda.

Las comadres ecuatorianas tienen una página de Facebook con más de 1.300 seguidores y ya han hecho más de 120 acompañamientos desde junio. Muchas de las conversaciones posteriores a los encuentros se hacen por chats encriptados que les permite guardar cierta confidencialidad. También se deriva a las mujeres a otros dispositivos de ayuda como Salud Mujeres, que entrega manuales de información.

Voces por la despenalización del aborto

El debate sobre la despenalización del aborto resurgió en el país el verano pasado. La Defensoría Pública y el Colegio de Abogados en Pichincha pidieron a la Asamblea Nacional que revea la legislación sobre el aborto y despenalice el aborto por violación, estupro e inseminación no consentida. De momento, la ley ecuatoriana solo permite interrumpir un embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro o en el caso de violación a una mujer con discapacidad mental.

La Defensoría Pública de Ecuador, que desde que el COIP sanciona el aborto ha visto duplicarse los casos de mujeres procesadas por este delito, considera que el sistema penal ecuatoriano no puede criminalizar a las mujeres víctimas de violencia sexual que han decidido interrumpir un embarazo. Entre sus argumentos están las cifras de la violencia sexual en Ecuador. El promedio anual de denuncias por violación en la Fiscalía supera las 5.300, es decir que se producen más o menos 14 violaciones diarias. Tres de estas son casos de menores de 14 años.

Actualmente, en el país hay más de 3.600 niñas menores de 15 años que son madres por producto de violación, dato que se tiene que considerar como conservador, ya que la mayoría de casos no son registrados. Según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos. Una muestra sencilla: la información de los casos que lleva la Unidad de Atención a Víctimas de Quito, de la Defensoría Pública, entre 2014 y junio 2016 reafirma que los probables autores del delito son las personas que están en el entorno de las víctimas.