Barcelona aplica el mayor veto al coche contaminante

Ámsterdam, Berlín, Londres, París o Lisboa son algunas de las 250 ciudades europeas que han vetado parte de su territorio a los vehículos más contaminantes, uno de los principales focos de emisiones. En las urbes europeas, el tráfico provoca el 40% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, un dato de la Comisión Europea. Desde el 1 de enero, Barcelona, como también hizo Madrid, se sumará a esta lucha global con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El nuevo veto a los vehículos más contaminantes incluye toda el área comprendida por las rondas de circunvalación: 95 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, el 90% del municipio. Además, afecta a parte de los municipios de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià del Besòs. En la zona delimitada por las rondas solo podrán circular los vehículos que tienen etiqueta ambiental de la DGT. La superficie de la ZBE de Barcelona es 20 veces más grande que Madrid Central y se convertirá en la mayor área de restricción de España.

En cuatro años, las restricciones impedirán circular al 23% de los coches que lo hacen actualmente, unos 125.000, y se estima que reducirá un 15% las emisiones de óxidos de nitrógeno y un 6% las de CO2. Saltarse las restricciones (que se controlarán con cámaras) comportará elevadas multas: de entre 200 y 1.800 euros. En Madrid Central son de 90 euros. La cantidad dependerá de lo contaminante que sea el vehículo y alcanzarán el máximo si circula durante un episodio de alta contaminación.

Con todo, no se multará durante los primeros tres meses (los infractores solo recibirán avisos) y los propietarios de furgonetas y camiones que no tienen etiqueta tendrán una moratoria de un año para renovar sus vehículos. Con ello se pretende no castigar a los transportistas autónomos.

Las partículas en suspensión provocaron 351 muertes prematuras en 2018 en Barcelona, aunque un estudio anterior elevó a 3.500 las muertes anuales por todos los contaminantes en 57 municipios de Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, calificó la medida de “histórica, una voluntad política que no tiene marcha atrás porque está en juego la salud”. La iniciativa nace con un amplio apoyo político. El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet (Junts per Cat), defiende la medida con el argumento de que “el interés colectivo está por encima del personal”.

Expertos y entidades ecologistas llevan más de un año alertando de que la Zona de Bajas Emisiones llega tarde y que debería ir acompañada de un peaje urbano para desincentivar la entrada de coches en la ciudad. Ecologistas en Acción, por ejemplo, alerta de que la restricción de vehículos contaminantes fomentará la renovación del parque y no que la gente deje el coche en casa, y cuestiona que la etiqueta de la DGT refleje las emisiones reales.