El Área Metropolitana limitará los coches contaminantes
El organismo extenderá un título de transporte gratuito durante tres años a quien se deshaga de un vehículo de alta polución
A la lucha contra la contaminación se ha sumado este martes el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha dado luz verde a limitar la entrada de coches contaminantes al perímetro de las rondas en 2020, y a prohibirlos a partir de ahora cuando se den episodios de alta contaminación. El nuevo plan de la AMB destina 46 millones de euros a este propósito hasta 2019 y sigue los pasos de metrópolis como Londres, Berlín o París. La medida, que ya había avanzado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para la ciudad, se extiende así a los 36 municipios metropolitanos.
El proyecto de la AMB, aprobado por unanimidad, se traduce en 33 medidas específicas en los ámbitos de la movilidad y el medioambiente. El objetivo es frenar la contaminación atmosférica de la metrópolis, donde a menudo se superan los niveles máximos de concentración de partículas en suspensión (PM2,5 y PM10) y de dióxido de nitrógeno (NO2) establecidos por la Unión Europea y por la Organización Mundial de la Salud.
La medida más destacada, y que alinea la AMB a lo anunciado ya en Barcelona, es la prohibición, a partir de 2020, de los vehículos que no lleven el distintivo de la Dirección General de Tráfico. Así, a diferencia de Madrid, en Barcelona se limitará la circulación según la polución de los vehículos, y no según la residencia de los usuarios.
En este sentido, una de las medidas del proyecto es la entrada en funcionamiento de una Tarjeta Verde Metropolitana a partir de la próxima primavera. Este título de transporte público se extenderá gratuitamente, por tres años, a los ciudadanos que se deshagan de un vehículo contaminante y no compren uno nuevo.
El plan también prevé mejorar las infraestructuras de transporte público para facilitar la renuncia al vehículo privado. Como ejemplos, figuran la creación de una red de aparcamientos metropolitanos vinculados a una flota de autobuses y taxis, y la ampliación de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. En la partida de los 46 millones también se incluye una guía de buenas prácticas y un programa de control y seguimiento de las obras de construcción públicas y privadas, que son también una fuente importante de contaminación.
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