La asfixia de las comunidades frena la recuperación del gasto en políticas sociales

La asfixia financiera de las comunidades provocada por la falta de Presupuestos ha frenado la incipiente recuperación del gasto autonómico en políticas sociales. Si a partir de 2014 las partidas regionales en sanidad, educación y servicios sociales comenzaron a aumentar tímidamente tras años de duros recortes, esta evolución se vio truncada en las cuentas del año pasado, situación que se agrava este y se extenderá, al menos, hasta 2020 dada la falta de Gobierno. Así lo pone de manifiesto el informe presentado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que alerta no ya del riesgo de estancamiento, sino de una "vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales" y pide un "blindaje presupuestario" en estas partidas. También muestra las diferencias entre comunidades, ya que mientras algunas regiones ya superan los niveles anteriores a la crisis en gasto social, otras, siguen por debajo. Especialmente preocupante es el caso de Cataluña, con casi un 20% de diferencia.

"Las comunidades están bajo una tensión presupuestaria extraordinaria para prestar servicios públicos esenciales", explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, experta en el sector social. En su opinión, de existir un Gobierno estable y Presupuestos aprobados, se hubiera podido recuperar ya el gasto social anterior a la crisis, pues se hubiera frenado la deuda autonómica. En 2009, justo antes del inicio de los recortes, el gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales era de 116.851 millones de euros, que fue cayendo hasta un mínimo de 100.000 millones en 2013. A partir de ahí siguieron cuatro años de incremento progresivo. Sin embargo, el gasto presupuestado en 2018 fue de 112.662 millones, por debajo de los 113.100 millones del año anterior, y un 3,4% inferior al nivel de 2009.

Para estos expertos, es preocupante que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fuera de 2.420 euros, un 4,54% inferior a los 2.535 de 2009. El porcentaje sobre el presupuesto total destinado a protección social ha pasado del 66,9% de 2009 al 60,7% de 2018, "lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado", según su nota de prensa.

Por sectores, el único que se ha recuperado e incluso ha superado los niveles anteriores a los recortes es el de los servicios sociales, con 1.320 millones de euros de diferencia, un 11,1% más. La asociación considera que este aumento se debe a que "la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009, y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, supusieron el incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción". Sin embargo, este gasto "ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza y a las más de 250.000 personas en lista de espera de atención y las 140.000 pendientes de valoración" de la dependencia.

En sanidad, el gasto autonómico en 2018 fue 3.764 millones inferior al de 2009 (el 5,9% menos), mientras que en educación estuvo 1.646 millones por debajo (el 4% menos). Mientras, la deuda se disparó en este periodo en 23.331 millones, un 338,8% más.

"Blindaje presupuestario"

En este contexto, estos expertos llaman a "considerar el blindaje presupuestario" en estas materias "y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios", según su nota. "Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política", alertan.

El presidente de la asociación explica que, como un primer paso, pedirán que el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde se reúnen Gobierno y comunidades autónomas, aprueben generar un crédito para inyectar fondos al sistema de dependencia, que este año ha sufrido su primer retroceso desde 2015, con un aumento en las listas de espera de 6.700 personas. Al sistema se le escapó una inyección de 515 millones cuando Pedro Sánchez no logró el respaldo a las cuentas pactadas con Unidas Podemos. Sin embargo, esta medida es provisional, afirma Ramírez. "Queremos que se apliquen fórmulas, como las que existen en el sistema de pensiones o con los compromisos del Estado en Defensa, estables y garantistas, para asegurar unos derechos fundamentales para la ciudadanía", asegura.

Diferencias entre comunidades

El estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales resalta las diferencias entre cada comunidad en la gestión del gasto social durante la crisis. Nueve regiones han conseguido superar en 2018 el gasto por habitante en sanidad, educación y servicios sociales de 2009: Baleares (9,6%), Comunidad Valenciana (6,5%), Cantabria (5,6%), Asturias (5,4%), Castilla y León (4,8%), País Vasco (3,7%), Navarra (2,6%), La Rioja (2,1%) y Extremadura (1,9%). Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% (19,91% en términos absolutos), y Castilla-La Mancha del 13,8% (15,46% en términos absolutos).

Según la asociación, "la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros Gobiernos no ha sido la misma". Así, diferencia la situación entre las dos comunidades en los puestos de cola: "Castilla La Mancha fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016", que llegaron al 39%, según Ramírez, por lo que es más complicado recuperar el nivel anterior a la crisis. Frente al 73,6% del Presupuesto dedicado a gastos sociales en 2009, el año pasado el porcentaje fue del 61,1%.

Mientras, Cataluña ha mantenido "un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales". En esta comunidad, se ha pasado de dedicar un 71,3% del Presupuesto a gastos sociales en 2009 al 54,1% del año pasado. La situación es especialmente alarmante para Ramírez, ya que se agrava por la parálisis del Govern. "Es imprescindible analizar lo que sucede ahí y tomar medidas urgentes para garantizar el sistema de protección social", urge.