Las familias que pagan cuotas en la escuela concertada: “Renunciamos a otros gastos, pero nos vale la pena”

Alfonso tiene 45 años, trabaja de directivo en una consultoría, y lleva a sus cuatro hijos a una escuela concertada del centro de Madrid. Un colegio laico, explica, “con un proyecto educativo algo diferente al resto”. En su día, Alfonso y su mujer barajaron matricularlos en un público. “Fui a varias jornadas de puertas abiertas. Y lo que me echó un poco para atrás de los centros públicos fue que, al pasar por las clases de infantil, veías, por los nombres que normalmente ponen encima de las perchas para que cada uno deje su abrigo, un nivel de inmigración mucho más alto que el que hay en la sociedad. Y eso me dio un poco de miedo. Yo quiero un colegio que refleje la sociedad, y donde evidentemente haya inmigración. Pero no quería que estuvieran en un contexto donde hubiera muchos niños con una situación más difícil. Por eso opté por la concertada”.

Solo en concepto de “cuota”, Alfonso (que, como otros entrevistados, prefiere que no se publique su apellido ni otros detalles para que no se identifique a sus hijos) paga por cada niño 105 euros al mes, lo que supone algo más de 1.050 por curso. Un poco por encima de lo que cobran de media los concertados en la Comunidad de Madrid (959 euros) y bastante más que el promedio en España (750 euros), según el informe publicado sobre las cuotas que cobra la concertada, publicado este miércoles por EsadeEcPol, la investigación más completa sobre una práctica ilegal pero generalizada; la enseñanza concertada cobra cuotas al 87% de su alumnado. Esto es, a 1,5 millones de alumnos. La existencia de estos pagos funciona como una barrera de acceso para el alumnado desfavorecido y explica en gran medida la diferencia en el nivel socieconómico entre la escuela pública y la concertada, explican sus autores, así como el hecho de que la pública matricule a más de la mitad del alumnado inmigrante de lo que le correspondería.

Si Alfonso suma lo que paga en su colegio por el comedor ―que le saldría mucho más barato en la pública― llevar a sus hijos al colegio le cuesta 1.000 euros al mes. 10.000 a lo largo del curso. “Y eso son los pagos regulares. Sin contar que el colegio saca muchas actividades extra dentro del horario escolar. Es verdad que son voluntarias, pero ¿cómo le dices a tu hijo que no puede ir por razones económicas?”. En general, Alfonso y su mujer están contentos con el colegio, y gracias a sus ingresos, las cuotas les resultan llevaderas. “Lo que nos supone es que tenemos menos capacidad de ahorro, pero afortunadamente podemos pagarlo”.

Preguntado por el informe de Esade, un portavoz del Ministerio de Educación se limita a recordar que la supervisión de que se cumpla la normativa ―que prohíbe las cuotas― corresponde a las comunidades autónomas. Las patronales de la educación concertada Cece, Escuelas Católicas y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, rechazan, por su parte, que el estudio de Esade señale que buena parte de los centros infringen la ley: “Es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Todas las contribuciones de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto”, señalaron este martes en un comunicado, en el que también reconocieron algunos puntos del estudio, como el hecho de que ponga de manifiesto la “diversidad” de esta red escolar.

La investigación de Esade muestra que hay centros que cobran cuotas porque están infrafinanciados por la administración y otros que lo hacen pese a recibir fondos públicos de sobra, como forma de diferenciarse o ganar dinero. Las clases sociales altas tienden a ir a colegios con cuotas elevadas, y las clases bajas —que pese a serlo eligen la concertada—, normalmente o no pagan o abonan cantidades modestas.

De ese último grupo forma parte María del Pilar, de 33 años, camarera, colombiana y madre soltera, que el lunes por la tarde recogía a sus dos hijos del colegio Santa María, situado en la Fuensanta, un barrio de clase trabajadora de Valencia. “La cuota son 10 euros al mes por cada niño. Lo colocan como… aportación voluntaria”, dice después de consultar una aplicación en su móvil. El hijo mayor de María del Pilar empezó yendo a una escuela pública, pero lo sacó porque le hacían “bullying”, sostiene. Solo con que el concertado fuera un poco más caro, afirma, no le alcanzaría para pagarlo, porque en el comedor —que en la pública le salía gratis gracias a la beca— se le van otros 200 euros. “Pero aun así prefiero acá, me vale la pena. Por los valores, porque yo estudié también en un centro católico y por cómo les están enseñando a mis hijos. Renuncio a otros gastos. Estoy haciendo un sacrificio económico. Pero creo que será bueno para su futuro”.

“Coste accesible”

Las cuotas más caras, según el estudio de Esade, se pagan en Cataluña (seguida de Madrid y el País Vasco). Los dos hijos de la familia Guerra estudian en la ESO en la escuela Salesians de Terrassa, en Barcelona. Pagan 260 euros al mes por ambos en concepto de “servicios diversos” y por la llamada sexta hora que las concertadas hacen en Cataluña, y que no es lectiva. Y a dicha cuota ―que no incluye el material, uniformes ni excursiones― hay que sumar otros 36 euros mensuales, por cada chiquillo, a la fundación que gestiona el centro y que, en principio, es voluntaria. En total, 332 euros. La madre, Lucía, lo considera un “coste accesible” con su sueldo de diseñadora, y el de su marido, informático. Y afirma que lo eligieron por la “proximidad, el horario y por la base religiosa, que puede ser beneficiosa para los niños”.

Marta, empleada de banca, de 47 años, cuyos tres hijos asisten a otro concertado católico en Valencia (40 euros mensuales de cuota por cabeza, comedor aparte), asegura que ella y su marido también dudaron con quedarse en el público al que empezó yendo su hijo menor: “Estábamos contentos. Pero vimos cosas como que las bajas del profesorado tardaban en cubrirse, o que muchas maestras cambiaban cada año porque eran interinas, y así es difícil mantener los proyectos”.

El informe de Esade estima que solo con retirar el concierto al grupo de unos 425 colegios concertados más incumplidores, aquellos que cobran cuotas altas, pese a estar bien financiados por la administración, que exceden incluso los servicios que ofrecen, podría cubrirse la infrafinanciación de otros centros del sector y las arcas públicas todavía saldrían ganando. “Habría que quitarles el concierto, porque se están quedando con unos fondos que podrían dedicarse a la escuela pública y a quienes más lo necesitan”, afirma María Cardenal, presidenta de la confederación de familias de la pública Ceapa. Jorge Delgado, maestro en Sevilla y presidente de la federación de directores de colegios públicos Fedeip, añade: “En la pública estamos encantados de atender a todos los alumnos, sean de la clase social que sean y tengan las necesidades que tengan. Lo único que pedimos son suficientes recursos humanos y económicos, algo que lamentablemente muchas veces no sucede y nos deja indefensos”.

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