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Save the children critica la ineficacia para detectar menores víctimas de trata

Las fuerzas de seguridad identificaron a 14 niñas el año pasado pero entraron en España 6.991 sin compañía de adultos ni familia

Dimi Katsavaris (Unsplash)
Javier Martín-Arroyo

Save the children ha reclamado esta mañana al Gobierno mejores mecanismos para detectar a los niños víctimas de redes de trata con fines sexuales, laborales o para mendigar. La ONG subraya que de las 9.315 personas en situación de riesgo identificadas en 2018 por las Fuerzas de Seguridad, solo 238 fueron identificados como víctimas reales [no estimaciones] y de ellas solo 14 eran menores, a pesar de que el año pasado cruzaron el Estrecho de Gibraltar 6.991 sin compañía adulta y sin familia procedentes de países subsaharianos y del Magreb.

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“Evidentemente, esto refleja que nuestro país no es capaz de detectarlos, son muchísimos más”, ha censurado Andrés Conde, director general de esta organización, esta mañana en Sevilla. “Es profundamente grave y muy impactante. Clarísimamente las cifras no responden a la realidad. La sensibilidad de las agentes que interrogan a los menores durante sus primeras 72 horas [tras llegar en patera] es alta, pero necesitan un enfoque de infancia. Los niños con heridas físicas y psíquicas que hemos detectado no son identificados adecuadamente”, ha añadido Javier Cuenca, responsable andaluz de Save the Children, en el día internacional contra la trata de personas.

Un indicio de la captación de los niños por parte de las mafias son los 1.293 menores "en fuga", que tras haber estado en centros oficiales de protección, ahora están en paradero desconocido, según la organización. Desde 2013, solo 55 menores han sido identificadas como víctimas de trata.

La ONG pide ese protocolo de atención para identificar a los menores en situación de especial vulnerabilidad que han emigrado tras sufrir violencia o pobreza en sus países de origen y cambiar procedimientos que utiliza la policía para determinar la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas para que prime el interés del menor por encima del resto de circunstancias. Es decir, "una estrategia integral de carácter estatal para proteger estos menores", expone la organización. De los 14 niños identificados como víctimas en 2018, seis fueron captadas para la explotación sexual, tres para la mendicidad, cuatro para la explotación laboral y uno para un matrimonio forzoso, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de Interior.

La policía alega que los menores inmigrantes son informados de sus derechos nada más pisar territorio español y más tarde, cualquier institución que los acoja debe comunicar su identidad a la Brigada de Extranjería, que lo incluirá en el denominado Registro MENA. "A veces estos niños no verbalizan los abusos o agresiones sufridos en su trayecto migratorio, por eso la policía trabaja con las entidades de protección, para iniciar una protección más específica e iniciar las investigaciones, para luego transmitir esos indicios a la Fiscalía y a los Gobiernos autonómicos que les acogen", informan fuentes policiales.

Save the Children ha presentado este martes su informe Contando los pasos, centrado en los niños víctimas de redes de trata, los que viajan solos sin referentes familiares y los que necesitan protección internacional. Del total de 65.400 personas que entraron de forma irregular en España en 2018, unos 7.800 fueron niños o adolescentes (el 12%), y de ellos la inmensa mayoría, 6.991, llegaron solos a las costas andaluzas. En el mundo, el 14% de la población migrante son niños.

En general, la presencia de menores captadas por las mafias de trata está orientada sobre todo a la explotación laboral, y provienen principalmente de países asiáticos como Vietnam, Pakistán, India o China, según datos de la Fiscalía de Extranjería.

Un ejemplo de la desprotección de los menores es la última operación policial de la Guardia Civil en Cantillana (Sevilla), donde una menor rumana a la que su familia quería casar por la fuerza ha sido liberada. Dos personas han sido detenidos por un delito de trata de seres humanos. El matrimonio ilegal, en contra de la voluntad de la niña, se iba a producir a cambio de 5.000 euros.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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