Los menores que acabaron con las repatriaciones

Bilal estaba en el instituto, desayunando con sus amigos antes de empezar las clases, cuando cuatro policías de paisano lo detuvieron al grito de “¡Para o saco la pistola!”. Lo metieron en un coche y se lo llevaron al aeropuerto de Madrid. Pocas horas después estaba de vuelta en Tánger, la misma ciudad que lo vio partir un año y medio antes, en los bajos de un camión, rumbo a “una vida mejor”. Era 2006 y Bilal El Meghraui tenía entonces 17 años.

Este adolescente de notas excelentes fue uno de los pocos chavales marroquíes a los que España ha conseguido repatriar desde que en 2003 se acordase con Rabat un memorando para la devolución de menores no acompañados. El caso reveló hasta qué punto la Administración es capaz de hacer mal las cosas, después de que un juez, en una sentencia pionera, acabara ordenando traer al chico de vuelta tres años después.

A Bilal no le gusta recordar aquel episodio. “Duele”, dice 13 años después. Entonces, la Delegación del Gobierno en Madrid lo había devuelto a Marruecos velando, en teoría, por su propio interés, pero nadie le preguntó si quería volver. Tampoco habían contactado con su familia para que lo recibiera en casa, como exigía el reglamento de extranjería. “Me tiraron al suelo, contra una pared, me insultaron… Los policías no me explicaron nada”, recuerda.

De 2004 a 2017, España repatrió alrededor de 300 menores, entre los que había al menos 158 marroquíes, según datos de la Fiscalía General del Estado, el órgano que vela por las garantías del proceso. Más de dos tercios de las devoluciones se ejecutaron entre 2004 y 2006, el mismo año en que se llevaron a Bilal. A partir de entonces, las Memorias del Ministerio Público recogen los lamentos de los fiscales al ver cómo las repatriaciones se convierten en una figura “ornamental”. Culpan a las autoridades consulares de los países de origen por su “escasa colaboración”, aunque la fiscalía reconoce “graves deficiencias” en la tramitación de los expedientes. Se empezaron a multiplicar las denuncias y las resoluciones judiciales a favor de los chavales. La jurisprudencia llevó a cambios legislativos que dieron más garantías.

La medida, con la que se pretende reagrupar al niño con su familia o ingresarlo en el sistema de acogida de su país, es una bandera política recurrente, sobre todo para los niños de Marruecos, país con el que hay un acuerdo para este fin desde 2012. Líderes autonómicos, locales y nacionales, de derecha a izquierda, apuestan por resucitarlo. El último en abrazar la idea ha sido el teniente de alcalde de Seguridad Barcelona, Albert Batlle, del PSC, que ni siquiera tiene competencias.

La reactivación del acuerdo figura desde hace meses en la agenda del Ejecutivo. A finales de 2018, Interior y la Secretaría de Estado de Migraciones intensificaron las negociaciones con Rabat para que acepte a sus menores.

Las ONG han dado la voz de alerta ante la intención de reimpulsar las repatriaciones, temerosas de que se recuperen las malas prácticas del pasado. “No puedo negarme a repatriar a un niño que quiere volver con su familia. La clave es que si se abre un proceso tiene que ser con todas las garantías: el menor tiene derecho a ser oído y a tener un abogado que defienda sus intereses”, sentencia Lourdes Reyzábal, de Fundación Raíces. “No puede existir una política de repatriación. Cada caso debe evaluarse y hay que priorizar la protección y el interés superior del menor”, advierte Sara Collantes, especialista en políticas infancia y migraciones de UNICEF. “Esa protección no solo se refiere a la integridad física sino a las propias necesidades de alimentación, sanitarias o educativas del niño”, completa.

Rabat, una vez más, es clave para el Gobierno. Según los datos oficiales, cerca del 70% de los más de 12.000 menores inmigrantes que hay en España, son marroquíes. “Las repatriaciones son una moneda de cambio en Marruecos y España, Alemania, Francia o Suecia. En las mesas de negociación entre estos países, la repatriación de estos niños es un ejercicio político más. No prima la protección, prima el control migratorio y un discurso criminalizador”, observa la antropóloga Mercedes Jiménez, dedicada a la defensa de los niños y adolescentes migrantes.

Después de meses evitando el asunto, Marruecos parece haberse prestado a colaborar, aunque los resultados son nulos. En abril, la Comunidad de Madrid y la Delegación de Gobierno plantearon a los marroquíes la reagrupación familiar o “retorno voluntario” de 23 de sus niños. Se hicieron entrevistas en la sede de la Fiscalía a las que acudió una delegación marroquí, un educador, un fiscal y un intérprete, pero ningún abogado para los menores. El objetivo de Interior era llevar la fórmula a otras comunidades, pero meses después no se ha iniciado ningún procedimiento de retorno.

Bilal esperó tres años hasta aquella sentencia que determinó que su repatriación no fue legal y volvió a Madrid en 2009. Continuó su curso de carpintería y luego comenzó a estudiar cocina. Desde 2012, trabaja como cocinero en uno de los restaurantes de los hermanos Adrià gracias al proyecto Cocina Conciencia, de Fundación Raíces. “Yo lo paso mal recordando cómo me trataron esos policías y lo que me hicieron. Ahora tengo otra vida. Solo quiero ser un buen cocinero”, sentencia. Él no ve la repatriación como solución. “Va a dar igual. La gente lo va a intentar otra vez. No hay quién pare eso”, reflexiona ahora el Bilal adulto. Él mismo, cuando aterrizó en Tánger, en lo único que pensaba era en volver a subirse a los bajos de un camión y alcanzar de nuevo el puerto de Algeciras.