El Gobierno pone en marcha el proceso para devolver menores marroquíes

El Gobierno español y el marroquí ya han puesto en marcha la devolución de menores marroquíes no acompañados acogidos en España. Una fase inicial del proceso se está llevando a cabo con 23 jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid que han sido convocados en la Fiscalía de Menores para someterse a una serie de entrevistas por parte de una delegación marroquí. Esta medida supone la reactivación de un acuerdo con Marruecos de 2012 que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trataba de resucitar tras el importante repunte de entradas irregulares.

España fue, según ACNUR, el país mediterráneo al que más menores no acompañados llegaron en 2018, cerca de 5.500. Este verano, dos de las regiones que más niños acogían, Andalucía y Melilla, se dijeron superadas por el aumento y exigieron soluciones al Gobierno central, entre ellas las devoluciones.

Varios miembros del Ejecutivo llevaron a Marruecos la propuesta, pero hasta octubre las autoridades marroquíes habían evitado colaborar. Ponían en duda, incluso, la procedencia de los niños, a pesar de que según el registro oficial, cerca del 70% de los más de 11.000 menores acogidos en España son marroquíes. Las negociaciones comenzaron a desengrasarse coincidiendo con el anuncio de la Unión Europea de entregar a Marruecos 140 millones de euros para implementar medidas que pusiesen freno a la inmigración. El 26 de febrero se produjo en Madrid la primera reunión de alto nivel con representantes de ambos países para iniciar los trámites. El Gobierno se refiere a esta fórmula como “retorno voluntario” y coincide en su aplicación con el Partido Popular, que promete en su programa electoral “potenciar prioritariamente el retorno a sus hogares” de los menores. La intención declarada del Gobierno es ampliar la iniciativa a otras comunidades autónomas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido que no se devolverá a jóvenes que no quieran regresar a Marruecos y que se analizará cada caso individualmente, pero tras conocerse la puesta en marcha de la iniciativa, las organizaciones que trabajan en la protección de los niños han exigido que se cumplan todas las garantías. La devolución de menores es prácticamente inexistente en España por las exigencias legales que requiere.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se ha opuesto a la medida que califica como “el intento de un Gobierno pretendidamente progresista de criminalizar” a los menores. “Pedimos a todas las formaciones políticas que paralicen inmediatamente esta medida, como así haremos nosotros ante la Fiscalía de Menores”.

Derecho a un abogado

Las entrevistas, según el Ministerio del Interior, tienen el objetivo de identificar a los chicos. En los encuentros, que comenzaron el lunes y terminarán este miércoles, están presentes, además de la delegación marroquí, un educador, un fiscal y un intérprete, según un oficio de la Dirección General de la Policía al ha tenido acceso este periódico. No se menciona la presencia de abogados. Fundación Raíces recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008 reconoció el derecho de un menor marroquí a contar con asistencia letrada cuando el Estado y la Comunidad de Madrid intentaron expulsarlo, sin éxito, en 2006. Raíces alerta de la posibilidad de que este proceso se haga en contra de la voluntad de los adolescentes.

La Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, tutora de los menores, no ha querido manifestarse sobre el asunto. No ha explicado, por tanto, qué criterios se han seguido para seleccionar a los 23 jóvenes alojados en sus centros de acogida y que son ahora susceptibles de ser devueltos a su país. De la lectura del documento de la Dirección General de la Policía se desprende que entre los elegidos hay algunos que “son objeto de medidas judiciales”.

La repatriación no es un proceso fácil y en el Gobierno se asume que esta será una medida principalmente simbólica que no resolverá los conflictos y el hacinamiento que se suceden en algunos centros de acogida.

La ley establece que ante una repatriación debe localizarse a los familiares o a los servicios de protección de menores para que se haga responsable de ellos. El menor tiene derecho además a ser oído en cualquier procedimiento judicial en el que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.

Una fórmula similar se llevó a cabo en París donde los menores marroquíes que viven en la calle se han convertido en un asunto de seguridad ciudadana. La misión, sin embargo, no se saldó con la devolución de ningún menor. Tres agentes consulares del reino alauí se desplazaron en octubre a las calles del distrito 18º para identificar a los chicos. De los 219 expedientes analizados se identificó a 42 menores que ya habían cumplido 18 años y seis de ellos fueron devueltos a Marruecos, según divulgó la revista francesa Le Point.