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El Defensor del Pueblo y Unicef alertan de la criminalización de los menores inmigrantes

Rechazan que se presente a los niños extranjeros como una amenaza

Un grupo de menores inmigrantes en un albergue de Barcelona.
Un grupo de menores inmigrantes en un albergue de Barcelona.

El Defensor del Pueblo, Unicef y Save the Children, tres de las organizaciones más implicadas en la protección de la infancia, han expresado a EL PAÍS su profunda inquietud por la criminalización de los niños inmigrantes. El intento de asalto a un albergue de Menas (menores no acompañados) en El Masnou (Barcelona), jaleado por grupos xenófobos y partidos como Vox, ha encendido las alarmas. “Tenemos que protegerlos a ellos, no protegernos de ellos”, advierte el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

El 10 de mayo, seis días antes de las elecciones municipales, el candidato de Vox a la Alcaldía de la capital, Javier Ortega Smith, acudió al centro de menores de Hortaleza (Madrid). Su objetivo, según había anunciado, era denunciar la situación de los barrios madrileños “tomados por la inmigración ilegal” y apoyar a los empleados del centro “que tienen que soportar la violencia de los menores no acompañados”. Varias decenas de personas le increparon a su llegada, entre ellos varios jóvenes acogidos en el albergue. La Comunidad de Madrid nunca explicó quién había dado autorización para celebrar un acto electoral, que figuraba en la agenda del candidato, ante el hogar de menores de edad que están bajo su tutela legal.

La visita de Ortega Smith no fue un hecho aislado. El partido ultranacionalista, que ha convertido el rechazo a los inmigrantes irregulares en una de sus señas de identidad, ha puesto en el punto de mira a los extranjeros menores de edad, cuya imagen asocia con la delicuencia.

En el documento entregado al PP el 26 de junio, con sus condiciones para apoyar la candidatuira de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de Madrid, Vox exigió que todos los organismos de la comunidad, incluidos los sanitarios, colaborasen con la policía en la expulsión de los inmigrantes ilegales, “con especial atención da la identificación y repatriación de los menores no acompañados”. El decálogo que pactó con el PP de Murcia, el 4 de julio, incluía el compromiso de “revisar la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados”.

Vox no convocó la concentración que se produjo ese mismo día a las puertas del albergue Josep María Batista i Roca, en El Masnou. El 30 de junio, los Mossos d'Esquadra habían detenido a un menor allí alojado al que sus acompañantes impidieron que violase a una joven y decenas de personas, muchas venidas de fuera del pueblo, se concentraron ante el centro. La protesta derivó en un intento de asalto que se saldó con cuatro menores, un educador y un vigilante de seguridad heridos. Desde Vox Noticias, una de las cuentas oficiales del partido en Twitter, se enviaron ocho tuits con imágenes de la concentración y textos como “Tensión máxima en el Masnou, Barcelona. Los vecinos se manifiestan contra un centro de magrebíes, protegido por los separatistas, después de que jóvenes musulmanes hayan intentado violar a una joven española en la ciudad”.

La respuesta de Vox ante la información de El Periódico de Catalunya de que uno de sus afiliados había alentado los disturbios fue: “Orgullosos de que nuestros militantes catalanes estén con los vecinos y con el sentido común. Urge que España repatríe a los menores no acompañados, foco de delincuencia y violaciones y desmonte las mafias que los traen”.

Los datos no avalan la alarma social

La mejor forma de combatir la xenofobia es contrastar los prejuicios con los datos, explica Andrés Conde, director general de Save the Children España. Solo 83 de los 15.693 menores inmigrantes acogidos en Andalucía desde 2015 han sido objeto de medidas judiciales de internamiento, según datos de la Junta andaluza; es decir, el 0,52% del total.

Por su parte, el 82% de los menores llegados a Cataluña entre 2016 y 2018 no ha tenido ningún contacto con la delincuencia, según los Mossos.

“La alarma no está justificada. Hay un abismo entre los datos reales, que muestran que no hay una prevalencia de delitos importantes en este colectivo, y la percepción social de riesgo”, explica Conde. “La mayoría se integra con éxito, aunque es verdad que hay una minoría que rechaza el sistema de acogida”, agrega.

Alude a ese 18% que en Cataluña han sido investigados o detenidos, la mayoría por pequeños delitos, como hurtos. La solución no pasa por criminalizar al conjunto, advierte, sino por adaptar el sistema a los diferentes perfiles y no aplicar a todos el mismo patrón. Conde apuesta por recursos de acogida a pequeña escala, en lugar de los albergues masivos, con el acompañamiento de un adulto de referencia, un modelo más próximo a la acogida familiar. “No se trata de negar que hay problemas sino de conocer su verdadera dimensión y darles una solución”, concluye.

El número de menores no acompañados registrados en España en diciembre pasado era de 13.012 (más del doble que en 2017), de los que el 68% son marroquíes y el 93,5% varones.

Gustavo Suarez Pertierra, presidente del Comité Español de Unicef, la agencia de las Nacciones Unidas para la Infancia, observa, “con mucha preocupación, cómo está creciendo la estigmatización en torno a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país. Se les engloba negativamente bajo el concepto de mena”, agrega, en alusión al término que utiliza continuamente Vox para eludir su condición de niños o adolescentes, “y son tratados como una amenaza y un problema de orden público. Por eso”, subraya, “es urgente recordar que ante todo son niños y niñas. Que la mayoría son muy vulnerables, que la mayoría no han cometido nunca delitos y que tienen los mismos derechos que cualquier niño o niña según los tratados internacionales”.

La Unicef ha pedido que España apruebe un Plan de Acción contra el racismo y la xenofiobia que “pasa también por explicar mejor quiénes son estos niños y niñas para que se comprenda su situación y no aumenten los prejuicios y generalizaciones”, concluye Suárez Pertierra.

“Los incidentes que se han producido en los últimos días no pueden volver a repetirse y, para ello, ciudadanos y administraciones tenemos que implicarnos en la lucha contra actitudes xenófobas que no son admisibles en una sociedad democrática”, reflexiona por su parte Francisco Fernández Marugán, Defendor del Pueblo en funciones.

“Considero lamentable la imagen que algunos se empeñan en presentar de estos menores. Dicen de ellos que son delincuentes, drogadictos, les llaman chicos malos y yo no estoy de acuerdo. La realidad es que están solos, lejos de sus hogares, con los peligros que ello conlleva. Tenemos que protegerles a ellos, no protegernos de ellos, porque son los más vulnerables de los vulnerables. No podemos olvidar que son niños y niñas por encima de todo”, concluye.

Marugan no es el único que piensa que “cuidar y atender a estos menores es nuestra obligación legal y moral”. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado a España que “intensifique las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y la discriminación, particularmente contra niños y niñas extranjeros.” Algunos partidos que se sientan en el Congreso, como Vox, trabajan por lo contrario.

 

 

 

 

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