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El Govern rechaza la idea de Batlle de repatriar a menores migrantes no acompañados

El concejal de Colau matiza y dice ahora que hay que garantizar la tutela de los menores no acompañados

Albert Batlle (izquierda) conversa con Jaume Collboni durante el pleno.
Albert Batlle (izquierda) conversa con Jaume Collboni durante el pleno.

El Govern terció este martes en la polémica desatada por el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle (Units), que apostó el pasado lunes por un “retorno asistido” de los menores migrantes no acompañados que no se integren. “Tenemos claro que hay que acompañar a los menores en la integración aquí en casa que es donde están”, defendió la portavoz Meritxell Budó. Batlle, criticado en el pleno del Ayuntamiento, matizó su propuesta afirmando, sin mucha concreción, que no se obligaría a volver a su país a ningún chaval que no quiera hacerlo.

Ante las críticas de entidades y de los grupos municipales de ERC y Junts per Catalunya, Batlle se mostró dispuesto a “matizar si es necesario”, aunque tampoco fue precisamente claro. “Hemos de orientar nuestra actuación para velar por el derecho a tutela y el derecho a educación, pero con realismo y con interés y estima de los menores”, afirmó dando a entender que no se obligaría a volver a su país a ningún chaval que no quiera hacerlo.

Barcelona pide regular los alquileres

Además del pleno extraordinario sobre seguridad, el Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este martes otro sobre vivienda, a propuesta de ERC y Junts per Catalunya. Sus votos les han bastado para aprobar una proposición que insta al gobierno de la Generalitat a tramitar una ley para regular el precio del alquiler y crear una comisión en el consistorio para analizar qué impacto tendría esta regulación. Ciutadans, PP y Barcelona pel canvi han votado en contra de regular el mercado y el ejecutivo (comunes y PSC) se han abstenido.

La sesión ha servido una vez más para escuchar reproches unánimes de la oposición a la política de vivienda del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que en el mandato pasado se quedó lejos de cumplir sus promesas electorales, aunque destinó más recursos económicos y humanos que nunca a gestionar la crisis de los alquileres y desahucios que vive la ciudad.

La concejal de Vivienda y fundadora de la PAH junto a Colau, Lucía Martín, ha defendido la gestión de Colau y tras cuestionar que Cataluña tenga competencias para regular los alquileres, ha apostado por limitar las subidas reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El concejal de seguridad socialista se convirtió en el protagonista del pleno extraordinario sobre seguridad que han forzado convocar Ciutadans, ERC, Junts per Catalunya y PP. El teniente de alcalde aseguró además que se siente “apoyado” por la alcaldesa Ada Colau y por los cuerpos policiales y que tiene un “alto grado de coincidencia” con el gobierno. Colau optó por no opinar sobre las palabras del responsable de Seguridad. "Me preocupa lo que dijo [Batlle] pero también el silencio de la alcaldesa", afirmó el concejal republicano Jordi Coronas.

Durante la sesión, de apenas media hora, Batlle recibió duras críticas por parte de republicanos y neoconvergentes. Y en cambio, expresaron su apoyo al nuevo teniente de alcalde de Seguridad tanto Ciutadans como PP y Barcelona pel Canvi. El más explícito fue Paco Sierra, de Ciutadans: “Hemos fichado al Messi de la seguridad, pero va a competir con la selección del mundo de delincuentes”. Con los votos de todos los partidos salvo ERC, que se abstuvo, el texto de la proposición aprobada pide un plan de choque, más agentes de la Guardia Urbana, actuar contra el top manta e instar a las autoridades judiciales a reformar el Código Penal.

Desde ERC, Jordi Coronas, expresó su “preocupación por las declaraciones, en las que de manera edulcorada habló de expulsiones” y ha alertado del “silencio de Colau”. “Nos da la sensación de que Colau preside el pleno, el PSC ejecuta y las órdenes las da Manuel Valls”, manifestó y se mostró enojado porque el texto final del pleno no contempla, como figuraba en el original, “crear una comisión de estudio para debatir y definir un modelo de seguridad en Barcelona”.

La intervención de Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, se centró en recordar los malos datos sobre delincuencia y también arremetió contra Batlle. “Nos preocupa que la respuesta [ante los datos] sea expulsar a los menores que duermen en la calle. Que el chivo expiatorio sean los menores cuando sufrimos brotes de xenofobia y desde el Govern hacemos un esfuerzo por contener”, dijo y añadió que Batlle “tira leña al fuego” y plantea un “debate no muy distinto de las medidas que propone [el presidente de Estados Unidos] Trump”. Una frase que Batlle respondió diciendo que Junts per Catalunya actúa como la CUP.

Contra las críticas de los dos partidos independentistas, Batlle recibió el apoyo del resto de partidos. Josep Bou, del PP, dijo que le otorga “un voto de confianza”. Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, aseguró que le apoya y que le “ayudará a que la situación cambie”.

La Generalitat también se desmarcó de Batlle. "Desde el Govern tenemos claro que hay que acompañar a los menores en la integración aquí en casa que es donde están", ha asegurado la portavoz Meritxell Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. "En el caso de estos menores que están fuera del sistema de protección nos toca que vuelvan a la rueda de protección, solución que les permitirá garantizar la integración plena en nuestra sociedad", ha agregado.

A los reproches por las palabras de Batlle se sumó la ONG Save The Children. “En el caso de estos menores que están fuera del sistema de protección nos toca que vuelvan a la rueda de protección, solución que les permitirá garantizar la integración plena en nuestra sociedad”, defendió la portavoz del Ejecutivo catalán. “Si se han visto con la necesidad de escapar solos de sus lugares de origen, devolverlos sin garantizar que las condiciones de origen son verdaderamente seguras puede exponerlos a situaciones altamente perjudiciales", alertó Antoni Pérez, el director de Save the Children en Cataluña. La Generalitat calcula solo este año (hasta junio) han llegado a Cataluña 1.129 menores solos.

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