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Vox quiere que los menores que delincan sean castigados como adultos

La propuesta de levantar un "muro de hormigón" en la frontera con Marruecos separa a las comunidades de Melilla

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el centro, se cruza con un menor inmigrante en Melilla el pasado viermes.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el centro, se cruza con un menor inmigrante en Melilla el pasado viermes. EL PAÍS

“No hay convivencia, hay coexistencia en paz. Por ahora”. Funcionario jubilado, militante del PP hasta hace pocas semanas, espera a Javier Ortega Smith en el nuevo local de Vox en Melilla, a 200 metros de la sede de su antiguo partido. Entre el medio centenar de personas que le acompañan hay guardias civiles de paisano —que regalan una camiseta del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de León al secretario general de Vox cuando llega finalmente entre abrazos y apretones de manos—, policías de Jusapol (la plataforma por la equiparación salarial con Mossos y Ertzaintza) y algún militar de incógnito, pero ningún musulmán. “Nos hemos radicalizado todos”, admite el jubilado, tras quejarse de que en muchos bares del nuevo paseo marítimo no se sirve alcohol.

Melilla presume de ser multicultural, lo que más repudia Vox. En la ciudad es festivo este Viernes Santo, pero también el Eid el Kebir. Más de la mitad de sus 85.000 habitantes son musulmanes, con raíces en el vecino Marruecos; y el resto, cristianos de origen peninsular. La comunidad hebrea se ha reducido al mínimo y la india está en extinción. “Si los hindúes se marchan significa que esto se acaba”, cavila Atilano Miguelez, dueño de tres supermercados con 70 empleados. “Los jóvenes van a la Península a estudiar y ya no vuelven, porque aquí no ven futuro. Los funcionarios tienen allá su segunda casa y cuando se jubilan se mudan. Los únicos que invierten aquí son ellos”. Es decir, los musulmanes.

Jesús Delgado, coordinador local de Vox, lleva semanas explicando que el muro con el que su partido quiere blindar la frontera es “sicológico” o “simbólico”. Pero Ortega no deja margen a la interpretación: será “un muro de hormigón, lo bastante alto como para que no pueda ser asaltado y fuerte para no ser agujereado”. Marruecos, asegura, “lanza avalanchas masivas de inmigrantes contra nuestras fronteras para hacernos chantaje” y el muro debe pagarlo Frontex, el servicio europeo de fronteras, con el dinero que la UE da al país vecino.

El número dos de Vox apuesta por acabar con las porteadoras que cargan fardos por los pasos fronterizos y potenciar el comercio regular, a pesar de que Rabat cerró el verano pasado sin aviso previo la aduana comercial. Y propone un plan de apoyo para que la economía de Melilla “no esté al albur de Marruecos”.

Aunque Vox aboga por la “exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública” (punto 25 de las 100 medidas para la España Viva), Ortega asegura que se mantendrá la enseñanza de la religión islámica en la educación primaria “por respeto a la libertad religiosa”, y no se discriminará a nadie por sus creencias en la concesión de ayudas sociales.

Menos contemporizador se muestra con el casi millar de Menores No Acompañados (Mena), la mayoría marroquíes, que vagan por la ciudad buscando la forma de cumplir su sueño de saltar el Estrecho. El vallado del puerto, con concertinas como las denostadas en la frontera, les ha atrapado en una ratonera.

Aunque el Juzgado de Menores de Melilla asegura que solo el 10% de los delitos son atribuibles a este colectivo, la psicosis es contagiosa y mucha gente se aparta o acelera el paso cuando se cruza con ellos. “Tengo que ahuyentarlos de la entrada del supermercado. Uno dio un tirón a una clienta y la tiró al suelo, rompiéndole una pierna”, dice Atilano Miguelez. “Como son menores, la policía no se atreve a tocarles un pelo”, remacha el jubilado de Vox.

“Se acabó la impunidad. Vamos a proponer la reforma de la Ley del Menor para que aquel que cometa un delito cumpla su responsabilidad penal exactamente igual que si fuera un adulto”, proclama Ortega. La ley vigente ya prevé hasta ocho años de internamiento para menores de 16 y 17 años y hasta 10 por cometer varios delitos graves.

El general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, candidato al Congreso por el PP, apoya la posición de su partido de que los menores sean considerados “inmigrantes precoces” y expulsados, aunque agrega que el problema debe resolverse dialogando con Marruecos, con quien hay que tener una “buena vecindad”.

Jaime Bustillo, del PSOE, advierte de que “se han desconectado inhibidores esenciales para la convivencia” y que “el llamado discurso sin complejos es un potente disolvente de la paz social”. Dunia Al-Mansouri, de Coalición por Melilla (CPM), subraya que “la convivencia es frágil y Vox está traspasando líneas peligrosas”. Mucha gente, añade, “está saliendo del armario con actitudes racistas y xenófobas. No se atreven a decírtelo a la cara, mirándote a los ojos, pero se aprovechan del anonimato que brindan las redes sociales”.

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