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El cáncer que acecha a Monsanto

Con 13.400 demandas, la batalla judicial por el uso del glifosato, el pesticida declarado “probablemente cancerígeno” por la OMS, apenas acaba de empezar en EE UU

Deborah Brooks, con una foto de su marido fallecido, Dean, en su habitación el pasado jueves.
Deborah Brooks, con una foto de su marido fallecido, Dean, en su habitación el pasado jueves.

El abogado Brent Weisner recuerda el día en que fue a casa de Dewayne Johnson a decirle que le iba a representar en un juicio contra Monsanto. Johnson, de 47 años, había trabajado como jardinero de un distrito escolar al norte de San Francisco, California. Ahora se estaba muriendo de cáncer, con una esperanza de vida de meses. Culpaba a un pesticida llamado RoundUp que había utilizado durante dos años en ese trabajo. Weisner cuenta que allí estaba la esposa de Johnson, Araceli, vestida de enfermera, uno de sus dos trabajos. “Ella no se lo acababa de creer del todo. Entonces nos sentamos y le dije que iba a pedir millones de dólares de indemnización. Se echó a llorar. Fue muy intenso. No tenía ni idea de lo importante que era este caso”, contaba esta semana Weisner en una entrevista en su despacho de Los Ángeles.

El 10 de agosto de 2018, un jurado popular de California condenó al gigante agroquímico Monsanto a indemnizar a los Johnson con 289 millones de dólares, una cifra espectacular que convirtió la palabra glifosato en nombre común. El glifosato es un compuesto químico desarrollado por Monsanto en los años 70 y el principio activo de dos productos, RoundUp y Ranger Pro. Se trata del pesticida más popular del mundo, de venta habitual en tiendas de jardinería. El juez redujo la indemnización a 78,5 millones. El jurado decidió que el glifosato probablemente provoca cáncer, que Monsanto lo sabía y que lo ocultó de mala fe.

De lo primero hay dudas. No existe un estudio determinante y reconocido que establezca la relación directa entre el glifosato y el linfoma no-Hodgkins, el tipo de cáncer cruel e incurable que padece Johnson. Tanto la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como el regulador europeo (EFSA) lo consideran un producto seguro tal como está etiquetado.

En marzo de 2015, sin embargo, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dio un vuelco a la literatura científica sobre el glifosato al publicar un monográfico en el que lo calificó como “probablemente cancerígeno para humanos”. El organismo, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, reconocía que hay “pocas pruebas” de la relación con el linfoma no-Hodgkins en humanos, pero consideraba suficientes los estudios hechos con animales como para establecer esa probabilidad.

El abogado Brent Wisner, en su despacho de la firma Baum Hedlund Aristei Goldman, el miércoles en Los Ángeles.
El abogado Brent Wisner, en su despacho de la firma Baum Hedlund Aristei Goldman, el miércoles en Los Ángeles.

“La decisión de IARC cambió todo”, reconoce Weisner. Esa decisión es el principal factor de duda hoy en la consideración internacional del glifosato. Es la que ha hecho que firmas de abogados como esta de Los Ángeles (Baum Hedlum Aristei Goldman, BHAG) hayan visto posibilidades a estos casos, que la gente se haya animado a denunciar y que tres jurados distintos, por ahora, tengan suficientes dudas sobre la relación entre el glifosato y el cáncer como para condenar a Monsanto por no advertirlo en las etiquetas y considerar que lo ha hecho además de forma maliciosa.

Al veredicto de Johnson le siguió el pasado marzo el de Edwin Hardeman, otro vecino del norte de San Francisco con linfoma no-Hodgkins. Esta vez fue un jurado en un tribunal federal el que le otorgó una indemnización de 80 millones de dólares. Y finalmente, el pasado 13 de mayo, un tercer jurado de California condenó a Monsanto a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja septuagenaria, Alva y Alberta Pilliod, que utilizaron RoundUp durante 35 años y ahora padecen linfoma no-Hodgkins.

Cuando salió la sentencia de Johnson, en septiembre del año pasado, había unas 8.000 demandas similares en Estados Unidos contra Monsanto. Ahora hay más de 13.400 demandas de pacientes de linfoma no-Hodgkins o sus familiares. Solo la firma BHAG ha aceptado 1.600 casos, de los cuales ha presentado ya 500 en los juzgados, 300 de ellos en California. El día que salió el veredicto de los Pilliod llamaron 60 personas diciendo que querían ir a juicio, según Weisner.

Teri y Jack McCall en 2015, en una foto familiar.
Teri y Jack McCall en 2015, en una foto familiar.

“Cuando vi la sentencia de Johnson por televisión me eché a llorar”, cuenta Deborah Brooks. Recuerda que fue en la Navidad de 2015 la primera vez que su marido, Dean Brooks, le dijo que no podía respirar. Llevaba tiempo con problemas de estómago y hemorragias espontáneas por la nariz que no había forma de parar. Era un hombre de 71 años fuerte, “con un cuerpo de cuarenta”. Cuando fueron a urgencias, después de las primeras pruebas, la enfermera la miró y le dijo: “Bueno, siempre hay milagros”. Dean murió en julio de 2016 de un linfoma no-Hodgkins. Utilizó RoundUp para matar las malas hierbas en la casa de campo en la que vivieron durante tres años cerca de Cambria, California.

Deborah Brooks ha puesto una de esas demandas a través de la firma BHAG. “Quiero salvar la vida de la gente”, decía el pasado jueves en la habitación de hotel donde vive. “Están matando gente. Es horrible. Vi lo que le pasó a Dean y no quiero que siga pasando”. Brooks, que trabajó como lobista, leyó todo lo que encontró sobre el RoundUp y el cáncer en Internet y contactó a los abogados. “Pensé: ‘Yo puedo pelear esto’. Mi marido no murió por nada, hay una razón. Si estuviera aquí él me diría: ‘A por ellos’. Voy a hacer todo lo que pueda para pararlos”.

Aunque aún no ha llegado a juicio, la denuncia que sirvió de modelo para las demás fue la de Teri McCall, una vecina de Cambria, California. Su marido, Jack McCall, falleció en diciembre de 2015 solo seis meses después de serle diagnosticado el linfoma no-Hodgkins. “Utilizaba el RoundUp desde que salió” en los años setenta, cuenta McCall en una entrevista telefónica. “Lo usó durante 30 años para las malas hierbas y era el único químico que usaba que no era orgánico. No usaba otro pesticida porque no quería exponerse a químicos. Él me decía que era seguro. Recuerdo una vez estaba arrancando hierbas y me dijo que las había rociado. Yo retrocedí un poco y él me dijo que no pasaba nada, que era seguro”.

Al igual que muchos demandantes, McCall se autoeducó en Internet sobre el glifosato antes de llamar a los abogados. Lo que más le indigna es “la corrupción”. Está convencida de que la EPA y Monsanto han conspirado juntos para ocultar los riesgos del glifosato. “Son una compañía muy poderosa y se les ha permitido salirse con la suya de muchas cosas malas, lo ha hecho nuestro propio Gobierno que se supone que debe protegernos”.

Weisner también dice que los reguladores están de alguna forma al servicio de Monsanto. Esto refuerza la idea de que durante años no se han hecho los estudios necesarios sobre el glifosato porque no interesaba, y se ha aceptado la versión de la compañía. “La EPA ya no trabaja para el público, trabaja para las compañías. Tenemos emails y textos en los que conspiran para presentar esto como seguro. La idea de que la EPA es un regulador independiente es una chorrada”.

La reputación de Monsanto tampoco ayuda. Se trata de una de las compañías más detestadas del mundo. En 2018, dos meses antes del veredicto de Johnson, fue adquirida por la alemana Bayer por 66.000 millones de dólares y una de las primeras decisiones fue eliminar la marca Monsanto, por la carga negativa que conlleva. Con la compra, Bayer heredaba también las demandas. Las acciones de Bayer han perdido el 44% de su valor desde la compra de Monsanto.

Monsanto ha recurrido las tres sentencias hasta ahora y sigue negando relación alguna entre el glifosato y el cáncer. Defiende los estudios publicados y defiende su etiquetado como correcto. No ha dejado traslucir la intención de llegar a ningún acuerdo en estas demandas. “Si mañana admiten que se equivocaron sería como admitir que llevan 45 años mintiendo”, dice Weisner. “Sería un cataclismo. Tienen sangre en las manos. ¿Cuántas vidas se han perdido?”.

Mientras, cada nuevo caso que llega a juicio (el próximo es en Misuri, donde está la sede de Monsanto, en agosto) lo hace con más papeles que el anterior. Los abogados cada vez tienen acceso a mayor historial de mensajes, emails y papeles internos de Monsanto para probar la supuesta mala fe de la compañía. Weisner, por ejemplo, tenía papeles en el juicio de los Pilliod que no tenía en el de Johnson, que se adelantó por el delicado estado de salud del demandante. El archivo de la firma BHAG sobre glifosato ya tiene 22 millones de páginas.

En su presentación ante el jurado, Weisner enseñó una diapositiva en la que aparecía un documento interno de Monsanto con las normas para sus empleados a la hora de utilizar RondUp: llevar gafas para químicos, guantes, ropa y calzado resistentes a químicos y una mascarilla si se respira demasiado tiempo. A continuación, Weisner enseñó un anuncio de televisión de RoundUp en el que aparece un señor en pantalones cortos y camiseta esparciendo el pesticida por su jardín sin ninguna protección.

Por la puerta judicial que abrió Teri McCall ha entrado un vendaval para Monsanto y Bayer. Van tres sentencias seguidas con indemnizaciones de película y miles de juicios pendientes. Weisner dice que no puede comprender cómo la compañía no reconoce el daño y negocia un acuerdo general con los afectados, porque esto solo puede crecer. “El periodo de latencia del linfoma no-Hodgkins es de 20 años”, explica Weisner. RoundUp se vende desde los años setenta y es a mucha distancia el herbicida más popular del mundo. “Faltan 20 años de gente que puede estar afectada y que aún no ha desarrollado el cáncer. No sabemos aún la extensión de esto”.

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