La juez que instruye el suicidio asistido de Carrasco se inhibe en favor del juzgado de violencia de género

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que instruye el caso por la muerte de María José Carrasco, la enferma terminal de esclerosis múltiple que se suicidó la semana pasada con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, se ha inhibido en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. La juez entiende que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista, tal como estableció una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

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Ángel Hernández grabó en un vídeo el proceso por el que su mujer ratifica su deseo de morir y el momento en el que él le acercó con sus manos un vaso con el pentobarbital sódico que ella había adquirido por Internet cuando aún podía valerse algo por sí misma. María José Carrasco intentó quitarse la vida años antes y su marido lo impidió. Entonces pactaron que él la ayudaría cuando ella se lo pidiera.

En el auto de inhibición, la juez dice de entrada que la competencia de lo sucedido es de un juzgado de violencia contra la mujer. Tras exponer que los hechos investigados “pueden tener encaje en un delito de cooperación al suicidio”, se refiere a la sentencia del Supremo del 20 de diciembre de 2018 que establece que cualquier acto de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de la relación afectiva de pareja es hecho constitutivo de violencia de género, “con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad”. Basándose en esa literalidad, se inhibe en favor de un juzgado de violencia contra la mujer.

La fiscalía va a recurrir el auto, ya que “no comparte la postura del juzgado de Instrucción, que no está especializado, ni la interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la delimitación del concepto de violencia de género en que se basa”, aseguró Pilar Martín-Nájera, responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Este es un tema “bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse”, afirmaba Martín Nájera. Y hacía referencia a la decisión del Supremo que usa el juzgado de instrucción para inhibirse: “En aquella sentencia se fijaba que no había que acreditar dolo específico, pero que se puede excluir si hay causas para ello. La violencia de género no es automática”.

“Ese tipo de juzgado es competente, siguiendo la jurisprudencia dictada por el Supremo, pero la decisión es jurídicamente discutible”, decía por su parte la abogada de Ángel Hernández, Olatz Alberdi, “porque se atiene solo a un hecho objetivo, el que el hombre ha ayudado a morir a su esposa y no tiene en cuenta la intencionalidad del acto”. La letrada recalcaba que en ese suicidio asistido estaba muy clara la pretensión de Carrasco, que era morir. “No se puede considerar que lo que hizo Ángel sea en ningún caso un acto contra ella. Muy al contrario. Siguió los deseos de su esposa”. Alberdi va a recurrir la decisión para que el juzgado número 25 siga encargándose del caso.

Tras conocer la noticia, Ángel Hernández abrió este miércoles las puertas de su casa con calma. “Me pongo malo”, repetía varias veces mientras el teléfono no paraba de sonar. “Yo soy feminista militante y esta situación me parece un insulto”, afirmaba enfurecido. El esquema se repetía en su casa. Suena el teléfono, se disculpa y atiende con calma al medio que le ha llamado. Pero cuando tiene que explicar su postura, no puede evitar encolerizarse. “He tenido mucha calma y asumo todo lo que me pueda pasar por haber ayudado a mi mujer a terminar con su sufrimiento, pero que me digan que he cometido violencia contra ella no lo admito”, repetía una y otra vez. A pesar del enfado, Hernández afirmaba que hay una cosa que ya no le pondrán quitar: “Mi mujer ya ha dejado de sufrir”.

El viudo proseguía: “La abogada ya me había comentado la noche que pasé en el calabozo que este caso podría acabar en un juzgado de violencia de género. Yo no voy a firmar nada que tenga que ver con violencia de género. Si me llevan a juicio no voy a reconocerlo. No voy a reconocer al tribunal”. El de Ángel Hernández es el primer caso de un familiar que hace pública la asistencia al suicidio y se expone a una causa judicial. Hernández se enfrentaría a una pena de dos a cinco años de cárcel por suicidio asistido. Si se le aplicara el agravante por violencia de género, el aumento de la pena sería de entre dos y tres años.

Existe unanimidad en las expertas consultadas en que la decisión de la juez es correcta jurídicamente, pero que este caso no puede considerarse una agresión hasta la muerte de un hombre contra su esposa. “Esto así puede sonar muy loco, para la sociedad, para quien cree y está segura de que esto no es violencia machista, pero en esta fase de atribución de competencias hay que olvidarse de lo que una cree que es violencia machista o no”, apuntó Lucía Avilés, magistrada portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España. El juzgado de violencia machista puede recibir el caso y rechazarlo: “Si ocurre esto, será la Audiencia Provincial quien decida quién instruye”.

Inmaculada Montalbán, magistrada y expresidenta del Observatorio de la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial cree los juzgados de Violencia contra la Mujer son competentes. “Eso no conlleva una connotación negativa y en cualquier caso si durante la instrucción se aprecian elementos que excluyen la responsabilidad del investigado se archivaría el asunto. Este juzgado como otro de instrucción va a averiguar los hechos y las circunstancias”.

Por su parte, Altamira Gonzalo, abogada y vicepresidenta Mujeres Juristas Themis, aseguraba: “El derecho tiene mucho que ver con el sentido común. Atenta al sentido común tratar a este hombre como un supuesto maltratador cuando su acción, a mi entender, ha sido justo la contraria, ayudar a bien morir a su compañera. Los juzgados de violencia de género no están para esto”.

“Solo se está decidiendo una cuestión procesal. Pero espero que la resolución vaya encaminada a que no estamos en presencia de ningún hecho de violencia de género, no encaja en ninguna de las modalidades ni física, ni económica ni psicológica”, opinaba Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. “Me preocupa que se pueda estigmatizar más a este señor poniéndole en el marco de delitos de violencia contra las mujeres. Solo añade más lío. Me reafirma en la necesidad de regular la eutanasia para sacar estos temas del Código Penal”.

Con información de Celia López y Ana Teresa Roca.