La Fiscalía pone en el punto de mira a los alcaldes sin planes contra incendios

La Fiscalía especializada en medio ambiente y urbanismo ha puesto en el punto de mira a los Ayuntamientos por la falta de planificación en la lucha contra los incendios, una plaga que cada año se come decenas de miles de hectáreas forestales en España –en 2018, por ejemplo, más de 25.162– y consume ingentes recursos –1.000 millones de euros solo en extinción al año, según WWF–. Los municipios ubicados en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendio –básicamente, las que cuentan con terreno forestal– deben contar con planes de prevención, que contienen las medidas para evitar que salten las llamas y para coordinarse mejor cuando se inicie el fuego. Pero el nivel de cumplimiento de los Consistorios es muy bajo, a pesar de que en algunos casos (como el de Andalucía) esta obligación data de principios de siglo.

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El fiscal coordinador de medio ambiente, Antonio Vercher, ha remitido un oficio a los regidores en el que les advierte de que está realizando un “seguimiento” de los “municipios de las zonas de mayor incidencia de incendios forestales”. Añade, además, que la ausencia de estos planes puede tener consecuencias cuando se produzca un fuego y se abra una investigación penal. “Los incendios forestales pueden constituir un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el medio ambiente”, explica el fiscal en su escrito.

El oficio ha sido remitido ya a la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias) y al Ministerio de Agricultura, que el mes pasado distribuyó esta información en la última conferencia sectorial con las autonomías. Aunque la lucha contra el fuego y el seguimiento de la elaboración de esos planes locales corresponde a las autonomías, el ministro Luis Planas explica que consideró importante incluir este asunto en la conferencia sectorial. “Es un problema serio porque hay municipios en algunas de las zonas más problemáticas que no tienen planes locales de incendios”, apunta Planas.

Al ser una competencia autonómica resulta complicado conocer el grado de cumplimiento de la normativa, que obliga en principio a todos los municipios de las zonas forestales del país. Pero en julio la Fiscalía que dirige Vercher seleccionó 151 localidades. Se basó en un informe del Ministerio de Agricultura sobre los lugares que tenían más riesgo de sufrir un incendio partiendo de razones climatológicas e históricas. Y la Fiscalía remitió escritos a esos 151 Consistorios –de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía– pidiéndoles que informaran sobre sus planes de prevención. “Después de numerosos requerimientos”, indica en su oficio, la Fiscalía concluye que solo 38 localidades (el 25%) cuentan con planes en regla. La mayoría (47 municipios) sostienen que lo están tramitando; 19 admiten que no lo tienen; y en 16 casos ni siquiera habían contestado el 1 de febrero, cuando el fiscal realizó el último recuento.

Un portavoz de la Femp afirmó este lunes que esta federación ha distribuido ya el escrito de la Fiscalía entre los Ayuntamientos del país –en España hay algo más de 8.000–. Sin embargo, este portavoz afirmó que las medidas concretas las tendrá que tomar la próxima directiva de la Femp que salga de las urnas en las elecciones municipales de mayo. Según estas mismas fuentes, el problema de la falta de planes de prevención se abordó este lunes también en la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil, donde está presente también esta federación.

Información y recursos

“En algunos casos, los Ayuntamientos no han sido conscientes de que debían elaborar esos planes”, explica Rosa Planelles, especialista en incendios forestales y vocal de la junta del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Pero, en muchos casos, los alcaldes alegan “falta de medios”, añade esta especialista. “Hay una falta de recursos y de conciencia”, resume Planelles, que aplaude el paso dado desde la Fiscalía para poner sobre la mesa este asunto.

En el escrito Vercher apunta a que “se pueden invertir” cada campaña “ingentes esfuerzos materiales y humanos en la lucha contra los incendios forestales, con pérdidas humanas y de bienes”, pero “da la impresión de que a fuerza de repetir año tras año el mismo planteamiento se olvidan aspectos tan esenciales como son los obligados planes de prevención de incendios”. Esos planes, deben servir para “disminuir la probabilidad de que se produzca un incendio”; “minimizar los tiempos de detección y respuesta de los medios de extinción”; y “reducir la peligrosidad del incendio forestal una vez producido”. Los planes, añade el fiscal, “regulan las actividades y usos susceptibles de generar un incendio forestal” y “diseñan las infraestructuras de prevención necesarias para evitarlos”.

Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, explica que cuando se produce un incendio forestal la prioridad de los servicios de extinción es salvaguardar las vidas humanas, luego los bienes y, por último, el medio ambiente. “Si hay planificación preventiva, además de haber menos incendios, cuando lleguen las labores de extinción son menos caóticas”, apunta Parrilla. Esos planes, entre otras cuestiones, abordan la organización de los recursos disponibles en un municipio cuando se desata un incendio. “Estamos en una nueva era de incendios y es fundamental que se cumpla la ley”, opina Parrilla.