La defensa del agua va a las urnas en Ecuador

"La minería te puede traer riqueza a corto plazo, te puede dar una casa o un coche nuevo. Pero con dinero no puedes comprar la lluvia, el agua que necesitamos para beber o para dar a nuestro ganado". Así resume Bolívar Quezada, líder comunitario ecuatoriano de 33 años, los problemas derivados de la explotación minera en América Latina, una industria que se caracteriza por su alto impacto ambiental.

Más información

Los pobres del oro

La Rinconada, el ‘dorado’ helado

Quezada es el coordinador de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, una población del sur de Ecuador que este domingo 24 votará en referéndum si está o no de acuerdo con el proyecto minero Loma Larga, que se asienta parcialmente en su territorio. Se trata de la primera consulta popular ambiental vinculante que se realizará en la historia del país. A pesar de la fuerte división entre los habitantes, todo apunta a que ganará el no.

Los 15.000 votantes de Girón deberán decidir si quieren que se lleve a cabo la explotación, que pretende extraer 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre de una veta concesionada a la empresa canadiense INV Metals. Para ello deberán responder esta pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?".

Los preciados minerales se encuentran en el subsuelo del páramo de Quimsacocha, un gran humedal ubicado a más de 3.500 metros de altura plagado de lagunas y nacimientos de ríos que abastecen de agua a Cuenca, la tercera ciudad del país con más de 300.000 habitantes.

"La propia compañía admite que se van a infiltrar al túnel subterráneo aproximadamente 30 litros de agua por segundo. Eso equivale al consumo diario de una población de 10.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud", revela Kléver Calle, miembro del grupo ecologista Yasunidos Guapondelig. "El informe pericial dice claramente que la construcción de este tipo de socavones en ecosistemas de páramo tienden a secar toda la región", añade el activista de Cuenca.

La defensa del agua de Quimsacocha, que significa Tres Lagunas en kichwa, comenzó hace 20 años. Desde entonces, muchos de los habitantes de las comunidades aledañas se han movilizado para evitar la explotación minera. "Estoy en contra de la minería porque se va a secar todo y no va a haber agua. No vamos a tener para beber, ni para regar los huertos", explica María Rosa Paute, de 54 años, que vende en un puesto de carretera las hortalizas y frutas que cultiva.

Sin embargo, no todos los pobladores son de la misma opinión. En una región económicamente deprimida, donde muchos habitantes han tenido que migrar a Estados Unidos en busca de trabajo, la llegada de una multinacional y sus promesas de empleo y desarrollo han convencido a algunos. En San Gerardo, la comunidad de Girón más cercana al campamento minero, el Estado construyó un centro de salud, asfaltó las calles e instaló sistemas de agua potable y alcantarillado gracias a las regalías anticipadas entregadas por la compañía norteamericana.

"La disyuntiva no es entre agua u oro. Más bien es entre minería formal o minería ilegal. Las vetas ya han sido identificadas, mucha gente sabe las coordenadas. Por eso tengo el absoluto convencimiento de que tarde o temprano va a terminar explotándose", asegura Patricio Vargas, presidente de la cámara de minería provincial, convencido de que la industria minera es la solución a la situación de pobreza que atraviesa Ecuador. Loma Larga tenía proyectado aportar 554 millones de dólares (unos 490 millones de euros) a las arcas del Estado, así como generar 1.450 empleos directos. Ahora, todo ello pende de un hilo que podría terminar rompiéndose si el no se impusiera en el referéndum del domingo.