“¿Qué diferencia hay entre mi hija y los que ya han vuelto desde Ucrania?”

Las familias españolas que han recurrido a un vientre de alquiler en Kiev, una práctica que no está permitida en España, no podrán registrar en el consulado a los niños nacidos a partir de este jueves, por lo que deberán solicitar un pasaporte ucranio para poder viajar de vuelta con ellos. Se quejan de "discriminación", dado que los bebés nacidos 24 horas antes no encontrarán obstáculos burocráticos, según la nueva instrucción del Ministerio de Justicia, publicada hoy en el BOE. El texto establece que la gestación subrogada "produce una grave vulneración de los derechos de los menores y de las madres gestantes" y menciona los "claros abusos contra las mujeres gestantes que en ocasiones se han dado".

La instrucción está firmada por el mismo director general que apenas unos días antes aprobó una vía "sencilla" para estas parejas, que tan solo requería una prueba de ADN para inscribir a los nacidos. El Ejecutivo reaccionó y dejó aquella orden sin efecto en menos de dos días. Además, recordó que la ideología al respecto es muy clara: los vientres de alquiler son como "el tráfico de órganos" y las agencias que trabajan como intermediarias internacionales serán "perseguidas". El texto publicado en el BOE sostiene: "Este problema no se limita a España, sino que se desenvuelve en un ámbito exterior, por lo que sería necesaria una actuación internacional coordinada para hacerle frente de forma eficaz. En tanto no se disponga de ese claro marco internacional, y sin perjuicio de la adopción de las medidas oportunas y más contundentes para atajar esta vía en España, se debe tratar el fenómeno con el necesario rigor".

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Tras el cambio de postura del Gobierno, Exteriores se comprometió el pasado martes a dar salida a los 39 bebés pendientes de documentación en Kiev. Con esta instrucción que alarga el margen temporal era previsible que la lista de menores se ampliara —ayer miércoles nacieron al menos cuatro niños, según la agencia Interfertility—, pero fuentes del ministerio siguen remitiéndose a esos 39 menores. 

La fecha límite es este jueves. Según la instrucción, los nacidos hasta ayer, miércoles, podrán recibir un salvoconducto para entrar en España. Pero para los menores nacidos hoy se deberá solicitar un pasaporte ucranio, algo que puede alargarse hasta tres meses, y los permisos para viajar. Una vez en España se iniciará un proceso de filiación. Es decir, con solo un día de diferencia, unos niños serán considerados españoles desde un primer momento, mientras que otras familias afrontarán un incierto proceso judicial. 

"Aquí estamos unas 50 familias. ¿Qué diferencia hay entre mis hijos, que nacieron hace una semana, y el de quienes han ido hoy mismo [este miércoles] para obtener el salvoconducto? Ellos podrán volver tras haber registrado al niño como español", se queja Andrea, que tiene 35 años y da un nombre ficticio. Su angustia y su voz entrecortada llegan por teléfono. Aún no le han dado la confirmación oficial de que los mellizos, nacidos el pasado día 14 de una mujer ucraniana, pero con material genético de la pareja española, podrán ser registrados. Ella y su marido llevan tres semanas en Kiev. "Somos mileuristas, me da miedo perder mi trabajo, solo quiero volver a casa", prosigue. Ya han gastado unos 30.000 euros para ser padres. 

Mercè Serra está indignada. El proceso será diferente para ella y su marido, que viajarán en "dos o tres semanas" a Kiev. "Cuando nazca nuestra niña", explica. "¿Por qué mi hija es distinta a los bebés que sí podrán ser registrados?", se pregunta. Ella es una de las impulsoras de la Plataforma de Afectados por la Embajada de España en Ucrania, que agrupa a unas 90 familias. "Hay dos que ya han traído a su hijo pero la mayoría se encuentra en algún momento del proceso, o esperando en España o ya allí", continúa. "Hay gente con problemas de ansiedad, que no pueden dormir, estamos muy angustiados", cuenta.

Sabe que se enfrenta a un viaje incierto: "No tenemos ni idea de qué hacer, ni cuánto tiempo tardará, ni qué dificultades tendremos, ni qué papeles nos pedirán. Incertidumbre total", se queja. Una vez en España se iniciarán los trámites judiciales para reconocer la filiación. Pero estos ya no tendrán derecho a permiso de paternidad, por ejemplo.

Marcos Jornet, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que agrupa a unas 500 familias, se queja: "No puede ser que se cambien las reglas del juego en mitad del partido. En los próximos nueve meses vamos a tener más casos. Pedimos que se siga registrando a los bebés, cuyo padre genético es español, y que, si quieren cambiar la forma de actuar, den un plazo para que los embarazos que están en curso puedan continuar como hasta ahora".

En cambio, las asociaciones contrarias a los vientres de alquiler, como No Somos Vasijas, han criticado en múltiples ocasiones que estas parejas viajan para ser padres mediante una práctica que saben prohibida en España y "no les importa usar a un menor para conseguir sus deseos”, en palabras de la portavoz, Alicia Miyares, quien denunció hace unos días a EL PAÍS una suerte de chantaje al Gobierno "con un niño entre los brazos". "Reclamamos la nulidad absoluta, que no se inscriba a ningún niño", dijo Miyares.

Unas 300 familias españolas recurren cada año a vientres de alquiler en Ucrania, según ha reconocido Exteriores, que desaconseja desde 2016 a este país como destino para esta práctica. Aunque las asociaciones de familias no disponen de una cifra exacta de cuántas parejas están en un limbo burocrático ahora mismo, estiman que cada mes viajan unas 30 a Kiev para recoger a los niños.

La última crisis con Ucrania, donde se vienen registrando problemas desde el verano, se desató la semana pasada. La embajada rechazó la inscripción de cinco menores después de haberse comprometido con las familias a registrarlos. La instrucción de 2010 regula la inscripción de menores nacidos por vientres de alquiler allí donde se pueda obtener una resolución judicial, algo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Pero este requisito no es viable en Ucrania. Pese a ello, hasta ahora salían del país, con documentación española, si presentaban una prueba de ADN del padre y una declaración de la madre gestante explicando la situación, una solución administrativa.

Ahora, esas parejas tendrán que esperar más. "La filiación del padre se determinará a través de un procedimiento judicial que puede tardar más de un año. Después la madre tendrá que iniciar otro procedimiento judicial de adopción que puede alargarse otro tanto. En todo este tiempo, la pareja puede divorciarse o uno de los dos puede morir, se genera una situación de inseguridad", explica  Jornet. 

La instrucción actual, que complementa a la de 2010, sostiene que el interés de los menores "debe quedar en todo caso salvaguardado, y a la vez la actuación de los poderes públicos debe garantizar a la mujer una adecuada protección contra el peligro de abusos de situaciones de vulnerabilidad que es en todo punto inaceptable". "Resulta además claro que la lucrativa actividad de las agencias mediadoras que operan en este terreno no puede considerarse ajustada a derecho".