Carmen Calvo ordenó parar la norma sobre vientres de alquiler que se le coló al Gobierno

El 14 de febrero se firmó. El 15 se distribuyó por las embajadas y consulados de España en el extranjero y el 16 quedó sin efecto. La historia de la que probablemente es la instrucción administrativa con una vida más corta de la legislatura duró apenas dos días, con el anuncio aún fresco de la nueva fecha de elecciones. Se trata de un documento administrativo que recogía una vía más “sencilla” para registrar a los menores nacidos por vientres de alquiler, una práctica ilegal en España y que el Gobierno ha considerado siempre una de sus líneas ideológicas irrenunciables: “Los vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo.

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Las llamadas y críticas a través de redes de colectivos feministas calentaron el ambiente viernes y el sábado. Las asociaciones contrarias a la práctica —Stop Vientres de Alquiler o No somos Vasijas, entre otras— criticaron a la vicepresidenta, de la que depende también el Ministerio de Igualdad. En el departamento de Carmen Calvo, según las fuentes consultadas, ni siquiera conocían la existencia del documento elaborado en el Ministerio de Justicia. Tres fuentes confirman que Calvo tuvo que frenar la instrucción cuando ya las embajadas la estaban dando por válida y los medios de comunicación habían contado que se abría esta nueva vía para inscribir a esos bebés.

La instrucción "sobre actualización del régimen registral de filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución" fue enviada a las embajadas y consulados españoles para tratar de cerrar la crisis de Ucrania, donde cinco parejas españolas vieron denegadas las inscripciones de bebés que habían nacido mediante esta práctica, que supone que una mujer gesta y pare un bebé y cede la paternidad y/o maternidad a terceros. El Ministerio de Exteriores desaconseja desde 2016 acudir a Ucrania, pero la realidad es que cada año acaba registrando unos 300 casos solo en este país del Este de Europa. Hasta julio, en esta embajada se empleaba una prueba de ADN para confirmar que el material genético del bebé y del padre español coincidían, pero cuya validez no está recogida en ningún documento oficial.

La instrucción de Justicia, finalmente anulada el sábado, no se redactó de un día para otro: tiene 20 páginas de extensos fundamentos jurídicos sobre esta práctica, incluidas sentencias nacionales e internacionales. Está firmada por el director general de Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, nombrado el pasado agosto al cambiar el Gobierno.

Este registro, y su director general, dependen de Justicia. La ministra del ramo, Dolores Delgado, declaró este lunes que la instrucción se redactó sin que ella lo supiera: “No tenía conocimiento de ella y se había hecho pública sin contar con mi criterio”, aseguró en una entrevisa en RNE.

Así pues, el documento que amplía y oficializa nuevas posibilidades de inscripción de los menores nacidos por una práctica que el Gobierno ha comparado con “el tráfico de órganos” se hizo sin conocimiento de la titular de Justicia. El ministerio ha descartado, no obstante, tomar ninguna medida contra el director general.

Justicia no tuvo conocimiento de la instrucción y la rectificación salió a la luz antes de que ese ministerio la emitiera oficialmente. La nota circuló el sábado por WhatsApp a primera hora de la tarde. Y Justicia la hizo pública cuando ya los periodistas estaban llamando para comprobar su veracidad.

La instrucción actual —que solo contempla la filiación de los menores en caso de que exista una sentencia judicial, algo que no se puede hacer en Ucrania— fue redactada y aprobada en 2010, durante el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y con Francisco Caamaño de ministro de Justicia. “Fue una instrucción que estuvo evidentemente consensuada con Justicia”, recuerda Iván Heredia, que fue subdirector de los Registros y del Notariado entre 2009 y 2012 y uno de sus autores. A su juicio, la nueva instrucción “trataba de dar una respuesta a una situación ya creada y a exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Supremo”. Una solución técnica a un tema que el Gobierno considera político de primer orden y que se frenó desde Moncloa.