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Organizaciones y agencias proponen la legalización de los vientres de alquiler

Asociaciones y empresas creen que prohibir esta práctica, como apunta un documento del PSOE, empeoraría los derechos de las familias y los hijos

Manifestación en la puerta del hotel Weare Chamartín de Madrid en contra de una feria de agencias de vientes de alquiler en 2017.
Manifestación en la puerta del hotel Weare Chamartín de Madrid en contra de una feria de agencias de vientes de alquiler en 2017.

Albert Rivera lanzó dos preguntas retóricas el martes en un desayuno informativo sobre los vientres de alquiler que buscaban dejar clara la posición de un partido que, entre los mayoritarios, es el único con una línea firme, a favor: "¿Hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer? ¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando de forma altruista a tener un hijo a otra mujer?". Ciudadanos lleva dos años manteniendo su postura, desde que registró su propuesta para regular esta práctica en el Congreso. Hace unos días anunció que la llevará a debate parlamentario este mes de febrero.

Fue pocos días después de que EL PAÍS publicara que el PSOE maneja un documento interno contra los vientres de alquiler, prohibidos en España, que propone penalizar a las agencias que ejercen de intermediarias y vetar el registro de bebés nacidos en otros países. Estas empresas, abogados y asociaciones a favor de esta práctica alegan que esa propuesta solo produciría la indefensión y eldesamparo de los bebés, las madres gestantes y quienes quieren ser padres. Alrededor de un millar de familias al año se desplazan a países como Ucrania, Canadá o Estados Unidos, donde la llamada gestación subrogada es legal —una mujer gesta un hijo y cede su maternidad y paternidad a otras personas, los denominados padres intencionales—. Una vez nacidos los bebés, acuden a consulados y embajadas españolas en esos Estados para inscribirlos gracias a una resolución administrativa aprobada en 2009 para no dejarlos desprotegidos.

Datos y gráfico: Guillermo Villar y Antía García

El informe sobre los dilemas éticos y jurídicos de la gestación por sustitución, redactado por un grupo de expertos a petición del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, y que publicó este periódico, propone medidas dejar sin efecto esa resolución y sancionar a las familias que recurran a esta práctica y a las empresas intermediarias que las ponen en contacto con las mujeres dispuestas a quedarse embarazadas. “Podrían incurrir en un delito similar al de tráfico de menores”, apunta el documento, que compara los vientres de alquiler con la venta de órganos.

Como el partido de Albert Rivera, hay empresas y letrados a quienes el texto socialista no convence. "Tiene una perspectiva que no ve el fenómeno globalmente”, apunta Santiago Agustín, de la agencia Interfertility, que explica que “al haber otros países donde sí es legal, quienes quieran hacerlo seguirán yendo como lo hacen ahora”. Cree que prohibir que empresas como la suya asesoren a las familias creará “oscuridad”: “Las dejará indefensas y vulnerables ante malas prácticas, acabarán viajando a lugares donde lo consigan y donde quizás no se reconozcan los derechos de ninguna de las partes implicadas".

En el ámbito legal, según Joan Ortiz, abogado especializado en la llamada gestación subrogada desde 2007, pasaría algo similar. Además, "se conculcaría el derecho a la información y se limitaría de una manera anticonstitucional el derecho de un letrado a informar a aquellas personas que le estén solicitando apoyo jurídico sobre un particular". Explica que, aunque la propuesta socialista se pusiera en marcha, él podría continuar asesorando con respecto a los países donde sea legal: "No sería una práctica jurídica incorrecta".

Para Marcos Jornet, también abogado y presidente de Son Nuestros Hijos, la propuesta del PSOE va "en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", alega refiriéndose a la condena por parte de la institución europea a Francia en 2014 por no reconocer la paternidad de parejas con bebés nacidos en Estados Unidos. Además, dice Jornet, "también sería ir en contra de sus propios votantes. Todas las encuestas dan que la mayoría está a favor de una regulación ética de la gestación subrogada”, dice. En el verano de 2017, una encuesta de My World para la Cadena SER apuntó que el 63% de los votantes socialistas estaba a favor y el 30% lo rechazaba. Y, en general, dio un 70% de ciudadanos españoles a favor de la aprobación de una ley que regulara esta práctica.

La práctica de los vientres de alquiler todavía no está muy extendida en España. Ortiz, con más de una década de experiencia, atiende alrededor de seis casos anuales: "Conozco pocos abogados especializados en esto, el grueso está en las agencias". Aunque, añade Santiago Agustín, de Interfertility, "tampoco es tanto". La agencia en la que trabaja, que ha atendido a más de 350 familias desde que se puso en marcha en 2013 y factura alrededor de 600.000 euros al año. Solo Subrogalia, una agencia con sede en la calle de Velázquez, en Madrid, supera la facturación de Interfertility y ronda el millón de euros anuales.

A pesar de ser una actividad poco extendida, para Ainara Hernández, de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, es "importante". Está convencida de que la creación de un marco garantista tiene que llegar y cree que el PSOE se equivoca al introducir la adopción en un texto sobre vientres de alquiler. "El PSOE quiere facilitar el sistema de adopciones, pero no tiene nada que ver, la decisión de tener un hijo por gestación subrogada tiene razones distintas a las de la adopción y vincular ambas como si una fuese a disminuir las peticiones de la otra es peligroso". Explica que en la adopción entra en juego "el deseo de ser padres y de dar un hogar a un niño que no lo tiene". "Pero con la gestación subrogada el deseo es el de ser padres. Nada más".

Tanto ella como Santiago Agustín, Joan Ortiz y Marcos Jornet apuestan por la legalización "como única solución". Dicen que es incontrolable. Según Hernández, una ley amplia que evite las malas praxis, dé cobertura a todas las partes e imponga una serie de requisitos, por ejemplo, que la "mujer gestante sea estable económicamente". Y antes, sentencia, al menos un debate sobre el tema: "Abierto y plural, tanto en el Congreso como social".

La respuesta política

Sobre los vientres de alquiler hay un debate abierto que enfrenta posturas en los partidos políticos, entre sí y de forma interna, al feminismo y a la sociedad. La dificultad de tomar una postura tajante sobre el tema es ética y se divide entre quienes ven una forma de mercantilizar el cuerpo de las mujeres y quienes creen que es solo una forma más de reproducción; aunque es una discusión con multitud de ramificaciones.

Dentro del propio partido socialista hubo disensión en 2017, en el 39 Congreso Federal: por un lado quienes eran totalmente contrarios a los vientres de alquiler y por otro, los sectores más jóvenes y LGTBIQ+, más favorables a la práctica. Tras una votación, la posición en contra ganó por 175 votos a 31. Ahora, el Gobierno se manifiesta tajante al respecto, aunque no planea la regulación a corto plazo, según fuentes de Vicepresidencia.

En el resto de grandes partidos, el Partido Popular no acaba de tener una postura clara y es Podemos el que sigue una línea más parecida a la socialista y también tuvo un importante debate interno hasta que llegó a esa postura. Beatriz Gimeno, responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid y diputada en la Asamblea madrileña, asegura que su postura se acerca al informe socialista: “Hablamos claramente sobre cerrar el registro dando una moratoria para que los procesos iniciados se completen. Es la única manera de combatir esta práctica”. Algo que urge, según Gimeno. “Todo lo que tiene que ver con la igualdad de las mujeres es urgente, porque indica posicionamiento de la sociedad y de los poderes públicos en cuanto a la libertad y la dignidad mujeres”. También en esa dirección se coloca el Partido Popular, aunque no han terminado de cerrar una opinión “oficial”.

Es Ciudadanos el único claramente a favor de la regulación, con una ILP presentada en el Congreso que se debatirá en un par de semanas. Tras conocer el documento interno socialista, desde el partido de Albert Rivera dicen que es “escandaloso” que “un Gobierno que se dice socialista no solo no trate de ofrecer soluciones sino que criminalice e insulte a personas que buscan cumplir el deseo de tener una familia”. Proponen regular “la gestación subrogada de forma seria, garantista y totalmente altruista, como se hace en países como Canadá y Reino Unido” y creen que, al igual que en otros ámbitos donde no hay regulación, “las mafias y los negocios clandestinos y de pocas garantías acaban ocupando el espacio que el Gobierno se niega a asumir”.

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