Un documento interno del PSOE propone penalizar a las agencias de vientres de alquiler

Recurrir a un vientre de alquiler está prohibido en España, pero ocurre porque hay familias que se desplazan a países como Ucrania, Estados Unidos, Canadá o Rusia —previo pago de decenas de miles de euros y con la ayuda de agencias intermediarias— donde sí es legal acceder a la también llamada gestación subrogada o por sustitución por la que una mujer gesta un hijo y cede su maternidad y paternidad a otras personas. Son cerca de un millar de familias españolas las que acuden cada año a esta práctica. Después inscriben a los bebés en los consulados y embajadas en virtud de una instrucción de 2010 para no dejar desamparados a los menores y que se ha convertido en la puerta de acceso. Un documento interno del PSOE ofrece fórmulas para intentar atajar esta práctica en España con castigos a los intermediarios y con restricciones a ese registro de los bebés. El Gobierno español, contrario a los vientres de alquiler, no tiene la regulación entre sus planes a corto plazo, según una portavoz de Vicepresidencia.

España forma parte del grupo de países más restrictivos con esta práctica junto con Alemania, Francia, Austria o Italia, entre otros. Junto a ellos hay otros en los que se permite y en los que se practica con demandantes internacionales. La dificultad es poner límites a una práctica para la que no existe un marco legal común internacional y que, a diferencia de otras, termina con un menor a las puertas de un consulado por el que hay que velar. Esa es la vía de entrada en España, donde se permite inscribir a los bebés que sean hijos biológicos de alguno de los progenitores españoles tras la aprobación de una resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado en 2009.

El informe sobre los dilemas éticos y jurídicos de la gestación por sustitución, elaborado a petición del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, propone dejar sin efecto la citada resolución, tras un periodo transitorio de adaptación cuya duración no fija. El documento, de 16 páginas y presentado en el organismo asesor del PSOE a mediados de noviembre, contempla sancionar a las agencias españolas que ponen en contacto a las familias con las madres gestantes. Compara los vientres de alquiler con la venta de órganos o la trata de personas. Y prevé penalizar a quienes acuden a estas prácticas “que podrían incurrir en un delito similar al de tráfico de menores”.

Ni el Gobierno ni el PSOE aclaran cuál será el destino de este informe. “Los vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”, aseguró nada más llegar al Gobierno en junio Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad. En noviembre, Calvo recibió el trabajo del grupo de expertos en Ferraz, donde también ejerce como secretaria de Igualdad del PSOE. El documento está firmado, entre otros, por el jurista especializado en Igualdad, Octavio Salazar, la experta universitaria en violencia de género Ángela Escribano, la abogada feminista Altamira Gonzalo (que preside el consejo asesor de Igualdad del PSOE) o la fiscala especializada en violencia de género Susana Gisbert. Carmen Calvo ha declinado pronunciarse sobre el contenido de ese trabajo ni como integrante del Gobierno ni tampoco desde su puesto como principal responsable de igualdad de su partido.

La mayoría de las personas que hacen uso en España de los vientres de alquiler acuden a Ucrania, donde ronda los 40.000 euros, o a Estados Unidos, con tarifas que superan los 100.000. La propuesta del documento interno del PSOE subraya la necesidad de una regulación internacional o, al menos, un pronunciamiento “urgente” en el seno de la UE en el que ya han reparado otros expertos.

La brecha internacional

Los postulados del trabajo se asemejan a las recomendaciones que hizo en 2017 el Comité de Bioética de España. Según su presidente, Federico de Montalvo, “o se trabaja a nivel internacional o será muy difícil abordar este asunto”. De Montalvo forma parte también del grupo de expertos de más de treintena de países que integran el International Bioethics Committee de la UNESCO, único Comité de Bioética a nivel global y que está elaborando un informe, previsto para julio, sobre el impacto de la reproducción humana asistida en la maternidad y paternidad y en el que se espera poder alcanzar un posicionamiento común sobre los vientres de alquiler. No será vinculante, pero sí una guía para la actuación internacional. Sin ese marco, añade el también profesor de Derecho de ICADE, “el conflicto seguirá existiendo”.

“No se va a poder solucionar desde la perspectiva de un solo país”, ahonda Cristina González Beilfuss, integrante del grupo de expertos que, desde 2015, debate en la Conferencia de la Haya para elaborar también un posible tratado internacional sobre gestación subrogada. “Aunque lo intentes frenar en España, habrá gente que consiga abogados o agencias por Internet. El problema es que una vez que el niño ha nacido, hay que hacer algo con él y no se le puede discriminar por su origen. Pero si la situación queda como está hasta ahora, se deja la posibilidad de caer en manos de intermediarios sin escrúpulos”.

Vicente Bellver, catedrático de Filosofía del Derecho y vocal del Comité de Bioética de España, es el más optimista de los expertos consultados con la propuesta del PSOE: “Aplaudo la iniciativa por completo”. Propone aplicar “con vigor” la normativa actual. “Si además se deroga la instrucción y lanzamos a las agencias mediadoras el mensaje claro de que esa actividad no es conforme a derecho, las posibilidades de que esos contratos se sigan llevando a cabo se reducirán exponencialmente”, considera Bellver. “Esas agencias son despachos de abogados que buscan actividades lucrativas dentro de la ley. Van a ser los primeros que no se arriesguen a un contrato si no hay una instrucción que vaya a ampararles”.