El viaje incierto de los vientres de alquiler

Rosa descubrió que tenía un cáncer de ovarios cuando estaba intentando quedarse embarazada. El tratamiento pasaba por extirparle el útero y, con él, la posibilidad biológica de ser madre. Eso fue hace nueve años. Hoy está en un hotel de Kiev con el bebé que ella pretende adoptar y que lleva los genes de su marido y los de una donante de óvulos. El bebé que Natalia, una mujer ucraniana de quien Rosa dice que es un ángel, dio a luz hace tres semanas. Todo se desarrollaba tal y como estaba estipulado en el paquete de vientre de alquiler que el matrimonio había contratado. Pero el último trámite, el de conseguir un pasaporte español para el recién nacido con el que regresar a casa, todavía está en el aire. Una treintena de familias está en la misma situación, sin saber cómo acabará esta vez el incierto viaje que emprendieron.

Rosa había pensado primero en la adopción internacional, pero le desalentaron los largos plazos de espera y las trabas que suponía, en algunos países, que ella hubiera sido paciente oncológica. Entonces vio la posibilidad de contratar un vientre de alquiler, una práctica que no es legal en España, por la que en Ucrania se pagan entre 40.000 y 60.000 euros. Cada año se calcula que unas mil familias españolas inician una travesía similar. En Ucrania, en Georgia, en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá… Allá donde esta práctica esté permitida, bajo legislaciones y burocracias muy distintas, para extranjeros que puedan pagarlo.

La industria que se dedica a esto es tan ágil como opaca, experta en anidar en resquicios legales y siempre atenta a cambios regulatorios en todo el mundo que puedan afectarle. Ucrania, un país con un Estado débil y graves problemas de corrupción, que hace solo cuatro años estaba al borde de la bancarrota, inmerso en una revolución que derivó en un conflicto bélico que todavía colea, y enfrentado a Rusia, es uno de los destinos estelares para matrimonios heterosexuales. Para empezar, porque allí cuesta la mitad que en Estados Unidos, por ejemplo, donde un juez garantiza la filiación.

El alza de Ucrania como destino para los interesados en los vientres de alquiler en los últimos años ha coincidido con las restricciones que empezaron a aplicar países como Tailandia, Camboya o India, que llegó a ser la referencia mundial de esta práctica. Todos lo hicieron tras constatar explotación o escándalos. “Cuando se cierran las opciones en un país, se abren en otro. Está claro. La oferta se desplaza, porque los intermediarios tienen mucho que ganar”, afirma Cristina González Beilfuss, que forma parte del grupo de expertos que, desde 2015, debate en la Conferencia de la Haya –el organismo de referencia en derecho internacional privado- si es posible crear un tratado internacional que enmarque la gestación mediante vientres de alquiler en el mundo. Aún están en una fase embrionaria. “La falta de regulación hace que no se sepa cuántos casos hay en el mundo, apenas hay estadísticas. Eso contribuye a la opacidad. Pero por otra parte, la regulación no tiene que ser necesariamente favorable a la gestación subrogada. Es un gran problema ético y legal”, explica.

Cada vez que se firma un contrato de vientre de alquiler en alguna parte del mundo se activa una maquinaria compleja de intermediarios de fiabilidad variable: desde las agencias que asesoran en el proceso –porque eso es todo lo que se puede hacer en España-, hasta las clínicas de reproducción asistida –que a menudo son las que contactan con las mujeres que se embarazarán para terceros-, laboratorios, abogados. Todo ese entramado de implicados resta transparencia y añade incertidumbre al viaje. Uno de los primeros eslabones está en el país de origen de los futuros padres. David Monje, de la agencia Go4baby, guió en el proceso a varias de las familias que todavía no pueden volver de Kiev con los bebés. Él es informático y fundó esa empresa a partir de la experiencia que tuvo con su primer hijo. En 2013 empezó a investigar cómo se hacía en Ucrania. Fue sin la ayuda de la que entonces conocía ese mercado, la ahora extinta agencia Subrogalia –condenada en 2017 a indemnizar a tres familias por incumplimiento grave de contrato-. “Nos arriesgamos, estaba todo por explorar y a partir de 2015 se produjo el boom”.

Ese año Monje montó la empresa. Desde entonces ha trabajado en decenas de casos, con una red de colaboradores en Kiev, y está sondeando las posibilidades de Georgia, donde acaba de aterrizar “por la saturación de Ucrania”. En lo que ellos llaman en la web su “programa VIP”, por 49.900 euros incluyen cosas como la posibilidad de hacer “selección del sexo” del bebé en Ucrania, algo prohibido en España. Monje, que sigue trabajando también como informático, admite que, a veces, las cosas pueden salir mal. Se refiere al caso de una pareja que él asesoraba, a finales de 2016. “El embarazo fue bien, pero en el último tramo, la gestante tuvo una infección que no se había detectado. El bebé nació en coma. Fue dramático. Los padres llegaron justo después de que naciera, iban con toda la ilusión, tenían ya la habitación preparada. Se quedaron tres semanas allí, nosotros también nos desplazamos, y la clínica les devolvió el dinero. Cuando los médicos les confirmaron que el niño iba a morir [sin saber cuándo], regresaron a España. Ahora son padres de nuevo, porque en esas semanas de espera [en el hospital] el padre dejó su material genético en Ucrania y meses después lo lograron”. Una semana después de que los españoles volvieran, el bebé falleció. En un hospital de Kiev.

La clínica en la que se llevó a cabo todo el proceso de ese recién nacido se llama Biotexcom. Es una de las principales de la ex república soviética. Varias de las familias afectadas por el bloqueo de los pasaportes han sido clientes de ella y dicen estar satisfechos, justo cuando está en el centro de una investigación por tráfico de menores. La fiscalía ucraniana informó el 16 de julio de que una pareja italiana, en 2011, logró salir de Ucrania con un bebé que no tenía vínculos genéticos con ninguno de los dos. Las pesquisas sobre distintas irregularidades relacionadas con los vientres de alquiler se amplían al periodo 2011-2018, informa la agencia de noticias ucraniana Unian. Pero fue el Ministerio de Exteriores el que extendió la sospecha sobre los vientres de alquiler en Ucrania. El miércoles pasado, emitió un comunicado en el que advertía que el consulado está mirando “con especial cuidado” cada expediente “al haber sido informado en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores” en el país. Esa era la explicación oficial al hecho de que desde julio no se haya registrado a ningún bebé. El Confidencial vinculó esa advertencia con los cargos que pesan contra el dueño de Biotexcom, Albert Totchilovsky, que está en arresto domiciliario.

 Marcos Jornet, presidente de Son Nuestros hijos, que agrupa a 500 familias que han llevado a cabo procesos de este tipo de gestación y que fueron de los primeros en alertar de la investigación contra Biotexcom, cree que “no se puede criminalizar la gestación subrogada porque haya algunos desalmados que lo hacen mal. Acabamos de ver cómo en España, con una regulación garantista, una niña india ha sido rechazada por sus padres adoptivos porque no tenía la edad que ellos creían, y a nadie se le ocurre prohibir la adopción”, argumenta. Mientras, en Kiev, a lo largo de la semana que viene el consulado tiene citas con todas para informarles de sus opciones. Unas lograrán el pasaporte español para los bebés, otras tendrán que gestionar uno ucraniano para luego ir a un juicio de filiación en España e incluso está la posibilidad de salir con un salvoconducto. Que esto podía pasar no lo decían los folletos, el viaje no ha terminado y hay decenas en camino.