Colombia | Acudir de inmediato a la Fiscalía ante un caso de abusos

En Colombia, un país cuya principal discusión pública se concentra en pasar la página de un conflicto armado de más de medio siglo, el escándalo mundial por la pederastia en la iglesia ha aterrizado sin tanta resonancia, ni casos tan emblemáticos como en otros lugares. Aunque no existe un rastreo oficial del número de víctimas, varias decenas de sacerdotes católicos han sido señalados por abusos sexuales contra menores en los últimos años.

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El caso del clérigo Luis Enrique Duque, párroco de la iglesia San Antonio de Padua, marcó un hito. En octubre de 2015, la Iglesia fue condenada por primera vez a indemnizar con cerca de 600 millones de pesos (unos 176.000 euros) a dos niños de siete y ocho años, pertenecientes a una familia humilde, que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Duque, quien ya había sido condenado a cárcel desde 2010. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia responsabilizó por primera vez a la institución por un caso de pederastia, y no solo a uno de sus miembros. “El clérigo, aprovechándose de su actividad pastoral y sacerdotal, del respeto a la fe que profesan los fieles, de la credibilidad que ostentaba ante la sociedad y de la inmadurez psicológica de los menores, los sometió y accedió carnalmente en las instalaciones de la misma parroquia, causándoles graves lesiones físicas e intensos traumas psicológicos”, asegura el fallo.

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Más recientemente, de los 37 sacerdotes denunciados por pederastia y abusos a menores ante la fiscalía que fueron contabilizados por una investigación de W Radio en septiembre de 2018 (titulada Dejad que los niños vengan a mí), a 14 les han archivado los procesos o los han absuelto. Apenas siete habían acabado en condenas. A finales del año pasado, la Comisión de la Sociedad Civil contra los Crímenes de Pederastia, un grupo conformado por seis abogados y cinco víctimas, aseguró conocer 50 casos documentados en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Tunja, y los departamentos de Nariño y Tolima.

Este mes, en un esfuerzo por romper con el silencio y la complicidad, la Archidiócesis de Bogotá presentó el documento Entornos protectores en la Iglesia, ruta de acompañamiento en presuntos casos de violencia sexual de niñas, niños, adolescentes y adultos en estado de vulnerabilidad, que incluye nuevas instrucciones para el clero colombiano. Antes, cuando se presentaba una denuncia se aconsejaba al acusador que se presentara ante la policía. Ahora, cuando alguien llegue a una iglesia a señalar un caso de abuso sexual por parte de un sacerdote o alguien cercano a la parroquia, el protocolo es reportarlo de inmediato a la fiscalía para que eche a andar un proceso judicial.

En una primera fase, la guía de 80 páginas se implementará en Bogotá, y después será de uso para los 82 obispos y arzobispos del país. El documento está en sintonía con la inminente puesta en marcha de la Comisión Nacional de Protección de Menores de Edad de la Conferencia Episcopal de Colombia, que también incluye psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Dichos protocolos, han explicado sus autores, no son solo para casos de abuso sexual en la iglesia, sino en todos los entornos.