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Columna
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La difícil situación de la exguerrilla y ahora partido político FARC

La formación nacida del antiguo grupo insurgente afronta su momento más complicado

Ariel Ávila

Han pasado poco más de dos años desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la entonces guerrillas de las FARC. Durante este tiempo, las FARC cumplieron con la dejación de armas. De hecho, en política comparada, fue un proceso histórico, pues se entregó, prácticamente, un arma por combatiente. El promedio más alto había sido Afganistán, con 0.76 armas por combatiente y el más bajo fue Nepal, con 0.1 armas por combatiente. También, en estos dos años las FARC, convertidas ahora en partido político, pasaron por unas elecciones nacionales, que los dejaron con una derrota increíble. Aunque indudablemente, su desarme provocó en el espectro político colombiano una verdadera revolución: por primera vez en la historia del país, la izquierda fue opción de poder. En todo caso, el futuro de este nuevo partido político se ve complicado.

Desde el pasado fin de semana, el nuevo partido se reúne en su tercer Pleno de la Dirección Nacional, su meta es hacer una evaluación a fondo. Evaluación que debe ser interna, pero igualmente externa.  Esta última se refiere al cumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano. La política de reincorporación tiene cuatro grandes pilares. 1. La Seguridad física; 2. La seguridad jurídica; 3. La reincorporación política; 4. La reincorporación socioeconómica.

En materia de seguridad física, la situación es más que complicada. Han sido asesinados 83 excombatientes y 17 familiares de excombatientes. Hay zonas del país donde su movilidad es bastante complicada. En materia de seguridad jurídica, la situación es igualmente compleja; cerca de 200 exguerrilleros siguen en la cárcel pues la ley de amnistía no ha funcionado, o mejor, la rama de la justicia ha obstruido su cumplimiento en varios casos. También, el caso de un exjefe de las FARC capturado, hace algunos meses, acusado de conspirar para enviar droga hacia los Estados Unidos y su pedido de extradición tiene el proceso de paz en vilo. Para las FARC todo es una conspiración, para el Gobierno de Colombia hay que extraditarlo.

En materia de reincorporación socioeconómica el balance es un desastre. Después de dos años solo hay dos proyectos productivos en marcha, y otros 16 están en trámite, algunos muy avanzados esperando solo algunas firmas o desembolsos, otros están apenas han recibido una aprobación previa. Pero lo cierto es que hoy, después de dos años, el 90% de los exguerrilleros no tienen nada asegurado para su supervivencia económica. Lo único que hasta el momento funciona es la reincorporación política, aunque el partido de Gobierno, el Centro Democrático, encabezado por el senador y expresidente Uribe ha intentado sabotear todo el proceso, principalmente la reincorporación política.

En medio de este desastre, cerca de 1400 exguerrilleros han reincidido, se han ido para unos grupos que la prensa ha denominado disidencias y que la Fundación Paz Reconciliación llama grupos postfarc. Los números están dentro de los promedios mundiales de reincidencia, pero habrá un factor que determinará la cantidad de mandos que reincidirán y esto será lo que determinará si el proceso de paz va hacia adelante o hacia a tras: La posible extradición de Santrich, el exjefe guerrillero capturado.

Más allá de si Santrich es culpable o inocente, lo cierto es que su posible extradición, llevaría a que decenas de mandos reincidan. Así las cosas sería posible el surgimiento de una nueva guerrilla. Por ello, académicos, expertos y analistas han recomendado que no se extradite a Santrich, aunque el actual Gobierno de derecha de Iván Duque parece estar empecinado en revivir a las FARC. Todo indica que los Gobiernos neopopulistas siempre necesitan un fantasma que justifique su existencia.

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Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el partido FARC afronta un terrible problema adicional: una fuerte división interna que lo tiene prácticamente descuadernado. Todo esto a ocho meses de las elecciones locales y regionales en Colombia. Difícil situación.

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