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Celaá se opone a las cotizaciones por las prácticas si afectan a los alumnos

Trabajo se reúne con los rectores para revisar un modelo que nadie acepta

Isabel Celaá, este martes en el Congreso.

Los ministros Isabel Celaá, de Educación, y Pedro Duque, de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen en contra a los empresarios, los rectores y los gobiernos autonómicos —también los socialistas— desde que el 28 de diciembre el BOE publicó un decreto ley para la revalorización de las pensiones públicas —elaborado por el Ministerio de Trabajo— que incluye la cotización a la Seguridad Social por las prácticas de los estudiantes de FP, grado o máster aunque no sean renumeradas. Sin ningún disimulo, hoy martes Celaá mostró su enfado con Trabajo, que tramitó el decreto sin hablar con ningún colectivo, y abrió la puerta a una posible rectificación: “Este Gobierno no va a permitir que una medida vaya en detrimento del sistema educativo, cuya prioridad es dar las máximas oportunidades a las personas”. Aunque reconoció que no tiene la solución, que tendrá que llegar en el desarrollo normativo del decreto. “Trabajo está buscando la forma de no perjudicar a las empresas”, aseguró la ministra.

Trabajo calcula que la Seguridad Social recaudará 74,46 millones de euros al año y que se beneficiarán 534.000 alumnos. El decreto no deja claro quién debe de abonar la cuantía: empresas, instituciones o universidades. Este departamento intentó ayer calmar los ánimos y un portavoz de Trabajo respaldó las palabras de Celaá: “No se actuará en contra de las oportunidades de ningún estudiante”. Una vez publicado el decreto, el departamento de Magdalena Valerio se reúne ahora con los rectores y los ministerios para desarrollar su reglamento.

El portavoz de Trabajo explicó tras comparecer Celaá  que se quiere “controlar la primera experiencia laboral de medio millón de estudiantes para que en estas prácticas no haya abusos, que no son generalizados, pero existen”. Además, Trabajo sostiene que “los alumnos están en un entorno laboral que entraña riesgos y deben de estar cubiertos”. El seguro escolar es válido para las prácticas curriculares (las evaluables) pero no para las que se hacen de forma voluntaria. “Y además va en coherencia con el Plan de Empleo Joven y del Plan Director por un Trabajo Digno”, concluye el portavoz.

Celaá se vio obligada a hablar de este espinoso asunto forzada por una pregunta en la Comisión de Educación del PP. “La información que ustedes demandan está sujeta a su propio desarrollo. Se la deberían haber cursado a Trabajo y además está condicionada a un suceso futuro, el desarrollo normativo. Es una pregunta impropia y anticipada”. La diputada del PP Sandra Moneo respondió a Celaá en un tono igual de airado: “Lo único que sabemos es que ha habido una descoordinación tremenda en el Gobierno, quizás Trabajo se ha agarrado a los estudiantes para compensar las muchas bajas en la Seguridad Social”.

Los Consejos Sociales de las universidades —en los que están los empresarios y los sindicatos— creen que estas cotizaciones deben estar bonificadas al 100%. Es decir, que ocurra como en las prácticas remuneradas, que las empresas pagan por los alumnos y luego el Estado les reintegra el dinero. “Las universidades no se pueden hacer cargo porque no están suficientemente financiadas”, opina Antonio Abril, presidente de los consejos. “Y las empresas ya adquieren un compromiso al aceptar a los becarios y encajarlos en sus sistemas, no se les puede pedir que además paguen”, sostiene. Abril recuerda los problemas recurrentes para encontrar encaje a todos los becarios. “La relación entre la empresa y la Universidad debería ser más cercana”, reclama.

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