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La Seguridad Social recaudará 3.150 millones más por las nuevas medidas laborales

La subida del salario mínimo y de las bases máximas son las que más dinero nuevo aportarán

Manuel V. Gómez

La gran reforma de las pensiones y de la Seguridad Social para cerrar el boquete que tiene en las cuentas desde 2011 no llega. Pero, de momento, el Gobierno ha puesto parches que pueden aliviar algo la situación si finalmente se cumplen sus cálculos. La batería de medidas laborales y de cotizaciones adoptadas al acabar 2018 pueden subir la recaudación en 3.150 millones este año. La mayor parte llega por la subida del salario mínimo (1.484 millones) y de las bases máximas de cotización (850 millones). Pero hay otras iniciativas que aportarán otros 815 millones, según la memoria económica del decreto ley que recogía el aumento del 1,6% de las pensiones y del 3% para las mínimas para este año.

La ministra Magdalena Valerio, con representantes de las asociaciones de autónomos.
La ministra Magdalena Valerio, con representantes de las asociaciones de autónomos.Luis Sevillano

La recaudación de la Seguridad Social está creciendo en el último año a un ritmo importante: un 5,4% hasta noviembre. Buena parte de ese incremento llega por la mejora del mercado laboral, tanto en cantidad de empleo como en salarios. Si se cumplen las previsiones económicas, la tendencia se mantendrá en 2019, aunque con menos vigor. Y a ella habrá que añadir las subidas de cotizaciones que han llegado en los dos últimos consejos de ministros del año pasado por una doble vía: la subida de bases sobre las que se calcula lo que se va a pagar (salario mínimo o bases máximas) e incremento de tipos o porcentajes a pagar (autónomos, becarios o cuotas por accidentes de trabajo y contratos de corta duración).

Esa subida de cotizaciones aportará a la Seguridad Social 3.150 millones adicionales, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Casi la mitad proceden de la subida del salario mínimo, el resto, 1.667,55, de las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2018, según la memoria remitida al Congreso de los Diputados junto al texto del decreto. Las medidas son las siguientes:

Subida del salario mínimo

El pacto presupuestario del Gobierno con Podemos incluía un incremento del suelo legal de los sueldos de un 22,3%, de 735,9 a 900 euros mensuales (medidos en 14 pagas anuales). Fue el mayor salto que ha dado el salario mínimo de una sola vez desde 1976. Este aumento lleva aparejado otro paralelo de las bases mínimas de cotización. La Seguridad Social estima que aportará a la recaudación 1.484 millones. Hay que tener en cuenta, apuntan en el Ejecutivo, también el efecto arrastre que trae consigo en grupos de cotización y otros sueldos de la negociación colectiva una medida de esta envergadura.

Aumento de bases máximas

El último Consejo de Ministros del año, el del 28 de diciembre, aprobó la subida de las bases máximas de cotización de 3.803,7 a 4.070,1 euros mensuales (sobre 12 meses, porque las cuotas se pagan 12 veces al año). Esta decisión tiene bastante capacidad de recaudación ya que el Ejecutivo espera unos ingresos adicionales de 850 millones por este concepto. La medida atañe solo a los salarios que en 2018 superaban esos 3.803,7 euros, ya que la parte del salario que supera esa cantidad estaba exenta de cotizar. Ese umbral se sitúa ahora en 4.070,1 euros y afecta a 1.020.000 asalariados.

Cotización de autónomos

La Seguridad Social pactó con los autónomos aumentar un 1,25% la base de cotización sobre la que se calcula la cantidad a pagar, hasta los 944,4 euros. Y, además, se acordó elevar los tipos hasta el 30% a cambio de obtener mayor protección social como duplicar hasta los 24 meses la prestación por cese de actividad. Esta decisión supone cosechar 205 millones más a las arcas de la Seguridad Social.

Cuotas por accidentes

Las tarifas que se pagan por contingencias profesionales en empleos con baja siniestralidad pasan a ser del 1,5%. En 2018, el tipo más bajo de este concepto se situaba en ocho décimas y el más alto en algo más de 7%. Ahora el suelo aumenta. Entre el aumento de esta tarifa y el incremento de la base sobre la que se calcula (por salario mínimo y base máxima) esta medida, adoptada en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre, supone un incremento en la recaudación de 424 millones.

Becas y prácticas

El decreto de fin de año también establece la obligación de que empresas e instituciones coticen por quienes participen en “programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas, aunque no impliquen retribución”. La decisión puede beneficiar a unos 534.000 alumnos, según los números del Ministerio de Educación, y puede incrementar la recaudación en 74,46 millones al año.

Prima de jubilación temprana

Cuando un trabajador tiene derecho a jubilarse antes de la edad legal por las características de su actividad profesional (por ejemplo, policías), la empresa debe pagar más cotización por eso. Ahora también se les aplicará la tarifa máxima por accidentes de trabajo y eso conllevará un aumento en la recaudación de 30,56 millones.

Recargo en temporales

Una de las medidas más llamativas que acaba de adoptar el departamento de dirige Magdalena Valerio es el incremento de la cotización de los contratos más cortos, de cinco días de duración o menos, excepto en los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Aquí la cuota empresarial pasa del 36% al 40%, sin incluir la cotización por accidentes de trabajo. Los sectores más afectados serán la hostelería, la construcción y la sanidad. Se estima que la recaudación crecerá en 50 millones de euros.

Empleadas domésticas

Desde el 1 de enero, las trabajadoras de hogar que cobren más de 1.294,01 euros deberán pagar por su salario real. También se han generado nuevos tramos, explica la memoria de impacto normativo y económico. Esto, junto al incremento de bases aparejado por la subida del salario mínimo, añadirá 16,28 millones a las arcas de la Seguridad Social.

Trabajadores agrarios

El tipo de cotización de estos trabajadores pasa al 19,1%, subiendo en 45 centésimas, en cumplimiento con un decreto de 2015 y, además, la base evoluciona con el salario mínimo. De todas las medidas laborales, esta es la que tiene un menor impacto sobre la recaudación de las arcas públicas: 14,33 millones.

El sector público, el que más pagará por la subida de cuotas

El análisis de la subida de las bases máximas de cotización un 7% ofrece un retrato llamativo de los salarios más altos. Afecta a 1.020.000 empleados, según los cálculos de la Tesorería de la Seguridad Social, y más de la mitad de estos trabajan en administraciones y empresas públicas con más de 1.000 empleados, concretamente, el 51%, según la memoria que acompaña al decreto ley de esta medida.

Tras este colectivo, serían las empresas de un tamaño medio, entre 100 y 250 trabajadores, el siguiente colectivo más numeroso, el 11% del total.

Por actividades, sería la sanidad, los servicios financieros y las Administraciones Públicas donde más se encuentran quienes tienen mayores bases de cotización.

Si el análisis se hace por sexos, aparece una de las explicaciones clásicas de la brecha salarial: son los hombres (68%) quienes están ocupados en las categorías laborales con estos salarios.

Este dato no solo explica la diferencia entre la retribución media de hombres y mujeres, también contribuye a aclarar por qué ellos tienen pensiones más altas. En España, tanto los jubilados como el resto de pensionistas cobran en función de lo que cotizaron cuando estaban en activo: es decir, es el resultado de la carrera laboral. Al producirse la discriminación sexual durante ese periodo, normalmente, prolongado, cuando llega el momento de la jubilación, el resultado también lo es.

Otro resultado interesante es el territorial. Entre Madrid y Cataluña, se concentran el 51% de los trabajadores que cotizan por bases máximas: el 31% en la primera y el 20% en la segunda. La tercera es Andalucía, con el 10% del total.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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