Los rectores se rebelan contra la obligación de cotizar por todos los becarios

El decreto ley que subía las pensiones entre el 1,6% y el 3% también obliga a que universidades, instituciones y empresas den de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas no laborales, sean remuneradas o no. Hasta ahora solo era obligado si se cobraba. Los rectores dicen que no pueden pagarlo y que puede bajar la oferta de prácticas. El Ejecutivo calcula el coste en 74,46 millones y cifra en 534.000 los estudiantes afectados, es decir, 140 euros por alumno. La CRUE pide participar en la redacción del reglamento legislativo.

En vacaciones navideñas, cuando las universidades funcionan a medio gas, la conferencia de rectores de (CRUE) han reaccionado contra el decreto ley del Ejecutivo que obliga a dar de alta a los estudiantes en prácticas no laborales y cotizar por ellos (150 euros por cada uno). Este viernes emitieron un comunicado en el que cargan contra el Gobierno por fijar esta obligación “sin hablar con las universidades” y advierten que la decisión “puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”.

Trabajo calcula que la medida cuesta 74,46 millones al año y afecta a 534.000 alumnos. Aunque no todos son universitarios, ya que también atañe a los de Formación Profesional de grado medio y superior. Esta cotización genera futuros derechos de pensión y de atención en caso de accidente de trabajo; no incluye el seguro de desempleo o el Fogasa.

Exponen los rectores que en el decreto “se trata por igual prácticas [externas] curriculares y extracurriculares [...] sean o no remuneradas” y se obliga a cotizar en todos los casos. Ahora solo deben hacerlo por ley si se cobran.

“Las empresas pueden decir 'yo no asumo la seguridad social, que lo haga la universidad, y si esta no lo hace hay un perjuicio para el estudiante porque no hay prácticas”, sostiene el rector de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado. “Y si pasa la cotización a la universidad, supone un coste que no podemos asumir. Tenemos un déficit estructural y ya gastamos 100 millones en ayudar a nuestros estudiantes desfavorecidos”, prosigue el presidente de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, en cuyo comunicado pide que se bonifiquen las cotizaciones al “100%”.

Falta de control

Fuentes del Ministerio de Trabajo responden que la medida pretende, entre otras cosas, poner orden en este tipo de prácticas y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar si las tareas de los estudiantes son laborales o formativas. “En la práctica hay poco control”, señalan las fuentes. Entre los ejemplos que citan en Trabajo sobre la necesidad de regular más las prácticas no laborales, remuneradas o no, y los becarios, está lo sucedido en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que la Inspección obligó a pagar las cotizaciones de 376 becarios. La policía laboral concluyó, según informó eldiario.es, que el campus cubría con ellos puestos de trabajo y que esas prácticas no tenían “nada que ver con la titulación cursada por los estudiantes”.

La iniciativa del Gobierno cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios. UGT y CC OO (que ha hecho de este asunto un caballo de batalla). “Se hace un mal uso de las prácticas no laborales”, abunda Lola Santillana, de CC OO. “Esto se ha extendido mucho desde 2011”, continúa la sindicalista, en referencia a una medida del anterior Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que eximía de cotizar por los becarios remunerados vinculados a la universidad. La medida fue declarada inconstitucional después.

También es partidario de que se obligue a cotizar Carlos López Picó, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Pero él teme estar ante “una trampa” y que esos 150 euros por alumno se traduzcan en que las empresas bajen las remuneraciones. “Este decreto tenía que haberse estudiado desde los ministerios de Educación y Universidades, no desde Trabajo”, critica, pese a que la Seguridad Social y, en consecuencia, las cotizaciones, dependen de este departamento.

Es la primera ocasión en la que la CRUE tiene un encontronazo con el Ejecutivo socialista.