El Gobierno revisa el examen de las pensiones para evitar una subida de cotizaciones

El Ministerio de Seguridad Social busca modificar el examen sobre la sostenibilidad de las pensiones para evitar subidas de cotizaciones. En esta evaluación se incluirían conceptos que no estaban contemplados antes: las transferencias del Estado, las medidas que aumentan el empleo como la reforma laboral y las actualizaciones al alza del PIB. Este examen lo impuso Bruselas para asegurarse la sostenibilidad del sistema y debe elaborarlo la Autoridad Fiscal esta primavera por primera vez y, a partir de ahí, cada tres años. Para ello, la institución encargada de velar por las cuentas públicas debe tomar las proyecciones de gasto en prestaciones que publicó la Comisión Europea en el llamado informe sobre envejecimiento. Y estas debe combinarlas con su valoración propia de las medidas aprobadas por el Gobierno para aumentar la recaudación. Una vez cruzados, si el gasto neto de medidas de ingresos supera el 13,3% del PIB en el promedio del periodo entre 2022 y 2050, entonces habrá que abordar un ajuste por valor del desfase encontrado. En el caso de que no se llegue a un acuerdo para las medidas compensatorias, habrá una subida automática de cotizaciones a lo largo de un lustro a razón de un quinto cada año.

El informe de envejecimiento ya se publicó y la Autoridad Fiscal ya había hecho una valoración previa de las medidas. Al juntar ambos salía un ajuste del entorno de los 12.000 millones, un 0,8% del PIB teniendo en cuenta la primera de las dos últimas actualizaciones al alza que ha hecho el INE del tamaño de la economía.

Dado el escenario político, lo más probable es que se termine adoptando una subida de cotizaciones. Esta se sumaría a una cadena de alzas ya en marcha por el mecanismo de solidaridad, el destope de las cotizaciones, la cuota de solidaridad en los sueldos altos y la igualación progresiva de las cotizaciones de autónomos a las de los asalariados. El Gobierno preferiría no pasar por eso. Evitaría una alza que podría tener algún efecto sobre el empleo y, sobre todo, evitaría dar la imagen de insuficiencia del sistema.

Para alejar esa posibilidad, el Ejecutivo prepara un Real Decreto, que ya ha pasado por audiencia pública, para modificar los criterios con los que se hará esa evaluación. Quiere que se recojan como ingresos las transferencias que hace el Estado de impuestos a la Seguridad Social, por valor de unos 20.000 millones, y las medidas que indirectamente podrían elevar los ingresos porque aumentarían el empleo, como por ejemplo la reforma laboral, que incluso cita en el texto.

Fuentes de la Seguridad Social aseguran que con este texto legal no se está cambiando el examen, sino que se están clarificando determinados aspectos técnicos en busca de una mayor seguridad jurídica: “Las fuentes de ingresos ya están por sí detalladas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que este desarrollo no introduce ninguna fuente nueva de financiación”.

El Real Decreto también establece que se tengan en cuenta las dos últimas actualizaciones que ha hecho el INE del PIB. La primera ya se recogió en el cálculo en el que se obtiene un 0,8% del PIB de ajuste. Si se añade la segunda, el ajuste podría rebajarse en unas tres décimas, según diversas estimaciones.

Respecto a las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló en varias ocasiones que suponía cambiar el agujero de sitio, endosándolo al Estado. “Hay que dejar claras las consecuencias para las generaciones jóvenes”, dijo.

Como explica Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, cuando se establecieron los criterios del examen ya estaba contemplada esa transferencia del Estado y, por lo tanto, ya se ha incorporado para la previsión de gasto neto del 13,3% del PIB exigido por Bruselas. Esta transferencia ya se había aprobado en diciembre de 2021 y el examen se fijó en 2023. “Sería contarlos dos veces y, en consecuencia, se generaría un déficit adicional por valor de la transferencia”, afirma.

De hecho, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no la usó en el estudio que hizo sobre la sostenibilidad. Sí que tuvo en cuenta los mayores ingresos que en su opinión podría reportar la reforma laboral, el afloramiento de economía sumergida y la subida del salario mínimo. Pero no imputó las transferencias del Estado. Tampoco las consideró la Autoridad Fiscal como nuevos ingresos cuando hizo su estudio.

En cuanto a las medidas que indirectamente aumentan las cotizaciones como la reforma laboral, el Real Decreto Ley en el que se aprobó el examen de las pensiones dice que solo se han de tener en cuenta aquellas medidas “para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones”.

No obstante, el Gobierno tratará de defender que no importa el déficit de las pensiones si éste se asume con impuestos. En estos momentos, el déficit contributivo supera los 50.000 millones, mientras que el déficit del conjunto de las Administraciones se sitúa alrededor de los 45.000 millones. Será clave la opinión de la Comisión Europea. A mediados de este mes tendrá lugar una reunión en Madrid. Y esta iniciativa será un punto candente, aunque en el contexto actual las preocupaciones son otras.

El Ejecutivo europeo ya modificó la reforma de Escrivá para obligarle a incluir este examen porque no consideraba que se fuera a mejorar la sostenibilidad con una reforma de pensiones que volvía a actualizar las prestaciones con el IPC y que no ofrecía nada sustantivo a cambio para compensar este aumento de gasto. Solo se afirmaba que con los incentivos para la jubilación demorada la mitad de los trabajadores se van a jubilar voluntariamente tres años más tarde de la edad legal. Y eso proporcionaba un ahorro para el sistema del 1,5% del PIB anual. Se alegaba además que el porcentaje de jubilados que retrasan su jubilación ha subido del 5% al 9%. Pero dista mucho del 50% y parece difícil que tanta gente quiera prolongar su vida laboral. Aun así, la Comisión lo compró. Más tarde, el Banco de España ha calculado que haría falta, al menos, que todos los trabajadores demorasen tres años su jubilación para lograr tales ahorros, ya que luego se pagan mayores pensiones.

El Tribunal de Cuentas europeo presiona a la Comisión para que los fondos comunitarios, que han sido desembolsados por esta reforma, cumplan con los objetivos mandatados: si se ha aprobado una reforma que en realidad ha aumentado los números rojos de las pensiones, el tribunal podría dictaminar que se ha incumplido.

La Autoridad Fiscal tendrá por delante una labor difícil. Según fuentes jurídicas, podría argumentar que ese Real Decreto es una norma inferior que estaría alterando el espíritu de una superior, adulterando el propósito del examen de las pensiones. En el fondo, no se estaría evaluando el impacto en la sostenibilidad porque el agujero se estaría trasladando al Estado y seguiría existiendo. Por el contrario, fuentes de la Seguridad Social afirman que en ningún caso pueden contradecir ni modificar la ley que desarrollan con el Real Decreto.