Homeopatía: la compasión no es un argumento médico

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La negativa de los médicos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid a dar un tratamiento homeopático a instancias de la familia a un joven en coma —una decisión sancionada después judicialmente— no cierra un debate que sale de lo científico.

Desde un punto de vista médico no hay dudas: el facultativo es el responsable de decidir qué recibirá el enfermo. Pero hay un argumento que deja abierta una rendija: podían haber accedido por razones humanitarias. “Si el equipo médico se hubiese acercado a la familia con compasión y humanidad, el asunto se habría resuelto”, opina Jacinto Bátiz, médico de paliativos y referente en deontología de la Organización Médica Colegial (OMC). “Más allá del hecho de que se quisiera dar un tratamiento homeopático, se abre un debate ético entre el derecho de la familia a intentar darle lo mejor al joven y el de los profesionales que deben velar porque se le dé lo mejor dentro de lo que está probado”, dice Gonzalo Fernández Quiroga, médico y presidente de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Pero la apelación a la humanidad no figura en las leyes que regulan la profesión médica.

Fernández Quiroga afirma que en “esas circunstancias no se puede imponer cualquier tipo de terapia porque uno lo piense”. Con ello rechaza lo sucedido. Según el relato de los progenitores, la familia estaba muy afectada porque lo que se suponía que iba a ser una operación casi de trámite, una apendicitis, terminó en una situación muy grave: un coma. Con esa carga de estrés, un familiar del joven entró en la UCI con los frascos de los productos —tres preparados homeopáticos y uno de vitamina C— para que se los inyectaran al enfermo. Los médicos se negaron ya que desconocían lo que era y no lo consideraban adecuado, y acabaron llamando a la policía para que se llevara a los familiares. El padre se fue a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid para pedir que les dejaran aplicar el tratamiento que consideraban adecuado.

“Es una situación dramática”, afirma Fernández Quiroga. Y propone que, “dado que la medicina tradicional ya no tiene alternativas para el joven, se podía haber llamado a expertos en homeopatía para acordar un tratamiento adecuado que tuviera una justificación científica y que se podía haber administrado como un uso compasivo”. Este se aplica con los medicamentos científicos y consiste en suministrar a un paciente sin otra alternativa otros productos de los que haya indicios que funcionan, aunque no hayan acabado los ensayos o se hayan aprobado con otras indicaciones.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho Constitucional en ICADE, es el más tajante: se debería haber admitido la administración de la homeopatía “por compasión hacia unos padres que, aunque posiblemente equivocados, solo buscan salvar a su hijo sin hacerle daño”. Claro que en ese caso, aunque la jueza hubiera dado la razón a la familia, “los médicos no están obligados a darlo si creen que no aporta nada al hijo”. “Los médicos disponen de la libertad profesional para negarse a dar un tratamiento en el que no creen y que además no cubre el sistema público. Otra cosa es que los padres pidan el alta, que este no afecte a la salud del hijo y que lo trasladen sin riesgo a dónde alguien esté dispuesto a darles dicho tratamiento”, añade Montalvo. Algo parecido a lo que ha sucedido. El joven llegó el jueves por la noche a Albacete, donde sigue en estado crítico y los médicos están intentando reducirle el edema cerebral, según han relatado sus familiares, informa Francisco José Barroso.

El debate llega a la cúpula de la OMC. Jerónimo Fernández Llorente, tesorero de esa institución y a cargo del observatorio para las seudociencias de la entidad colegial, afirma que no cree que se hubiera debido ceder a las demandas de la familia. “Desde un punto de vista científico, sería un fraude utilizar estos tres compuestos sin evidencia alguna”, afirma. Y “desde un punto de vista ético, el Código Deontológico es claro, y los profesionales han actuado como se exige”, añade.

Fernández Llorente admite que hay otros planos, como el legal, en el que no entra porque no es su campo, y el humano, “donde por supuesto hay que estar con el dolor del paciente y sus familiares y es comprensible que se intente todo”. Pero cree que si los médicos hubieran cedido a sus pretensiones les habrían causado un daño añadido al generarles falsas esperanzas, ya que la familia interpretaría que los facultativos veían una puerta abierta a la esperanza con esos productos.

En lo que hay coincidencia entre los especialistas preguntados y entre las sociedades españolas de Cuidados Paliativos (SECPAL) y de Oncología Médica (SEOM) es en que ha fallado el diálogo. “La comunicación con los pacientes y sus familiares es la mejor herramienta, y cuando se establece una buena relación de confianza y se explican las dudas de forma adecuada no suelen producirse problemas”, dicen desde SECPAL.

María Cruz Martín Delgado, presidenta de la asociación que agrupa a los intensivistas (SEMICYUC), resume: “Son casos poco habituales y muchas veces se resuelven con información y comunicación. Los médicos no estamos obligados a administrar ningún tipo de tratamiento o hacer ningún procedimiento que no vaya a beneficiar al paciente. En la situación que explican los medios en la que se encuentra el paciente no se beneficiaría del tratamiento. Es comprensible que ante la situación, la familia busque cualquier opción que considere que pueda ayudar al paciente, pero ello no obliga a que los profesionales tengan que contemplar tratamientos alternativos no considerados en las guías de práctica clínica. En ocasiones, estas situaciones pueden acabar en demandas para los profesionales”.

Porque situaciones de desacuerdo se dan a diario, pero se resuelven sin llegar al juez. Pacientes que piden más calmantes, por ejemplo, o algo para dormir. “El paciente puede reclamar el derecho a tratamientos siempre que estén indicados”, dice Bátiz. “Por ejemplo, puede exigir tratamiento con antibiótico si tiene una infección para lo que está indicado. Pero no nos lo puede exigir para rellenar el botiquín para cuando vaya de vacaciones”, explica Bátiz. El médico cuenta cómo una vez en el hospital de San Juan de Dios de Santurtzi (Bizkaia), donde él trabaja, una señora quería que subieran a su hijo en coma a una silla de ruedas y le dieran vueltas a ver si así se despertaba. Tuvieron que convencerla de que no había pruebas de que funcionara y era un riesgo añadido.

Acuerdos

Parte de que, mayoritariamente, se llegue a acuerdos, se debe a que la regulación es clara. “Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que este, por razones científicas o éticas, juzgase inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, quedará dispensado de actuar”, dice el Código Deontológico de la OMC. El paciente tiene derecho “a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la Administración”, señala la Ley General de Sanidad (1986). La idea que viene de lejos. El juramento hipocrático, que se mantiene desde hace 2.500 años, lo expresa así: “Me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar”.

De hecho, los casos más conocidos de desacuerdo que han acabado en los tribunales han sucedido cuando familiares o el enfermo han pedido que les retiren un tratamiento, un derecho reconocido en la Ley General de Sanidad, la de Autonomía del Paciente (2002) y la futura ley de muerte digna. Y los familiares tuvieron el respaldo judicial. Fue el caso de Inmaculada Echevarría, la mujer que tuvo que llevar a los tribunales su petición de que le retiraran el respirador que la mantenía con vida en 2007, y más recientemente, en 2015, el de Andrea, la niña de 12 años afectada por una enfermedad degenerativa e irreversible cuyos padres tuvieron que ir a los juzgados para que los médicos la desconectaran. Bátiz y Fernández Llorente coinciden en recordar en este sentido los casos de médicos que ordenaron transfusiones a menores en contra de sus padres, que eran testigos de Jehová.

En resumen: el paciente tiene el derecho a rechazar lo que le propongan. El resto, lo debe negociar.