Bruselas afronta reticencias a su plan para retirar los combustibles fósiles en 2050

La caja de Pandora está abierta. El fin de la era de la combustión anunciado por la Comisión Europea para 2050 ha abierto un debate que todavía se augura largo. Con Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, Bruselas maniobra para convertir a la Unión Europea en el primer gran bloque en abandonar la dependencia del carbón, el petróleo y el gas natural. El objetivo es eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. El cambio de modelo se libra en medio de un intenso juego de equilibrios: Gobiernos, Parlamentos, empresas y trabajadores dependen de la nueva estrategia. Estas son las reacciones al plan.

Demasiado tarde. Algunas de las voces más críticas llegan del Parlamento Europeo y ciertas entidades ecologistas. La Eurocámara pidió un objetivo intermedio de reducción de emisiones del 55% en 2030, mientras que la Comisión Europea habla del 45% para esa fecha. Los eurodiputados Verdes han sido especialmente beligerantes en la importancia de no aplazar los esfuerzos al periodo 2030-2050. "Llegar a ese porcentaje es el único escenario realista para cumplir con el Acuerdo de París", ha señalado el parlamentario español Florent Marcellesi.

La organización Transport & Environment ha calculado que para hacer realidad el propósito europeo, las últimas matriculaciones de turismos de combustión deben adelantarse a 2035. Por ahora, pese a que el documento de la Comisión Europea contempla que "la flota de vehículos debe ser rápidamente sustituida por otros de emisión cero en las décadas previas a 2050", solo un puñado de Estados ha hecho compromisos públicos que se aproximan a esa fecha. Dinamarca, Irlanda y Holanda han fijado como límite 2030. Mientras que Francia y Reino Unido contemplan acabar con su venta en 2040. Con una vida útil de los vehículos de unos 15 años, las cuentas no salen.

El enigma del empleo. El eurodiputado democristiano belga Ivo Belet ha advertido de que la transición será "mucho más complicada si la gente ve su empleo en peligro". Y su compatriota, la socialdemócrata Kathleen van Brempt coincide en que la reforma "no debe dejar atrás a nadie".

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha tratado de calmar a los potenciales afectados: "Quiero tranquilizar a los trabajadores del sector de la minería. Les hemos oído. Les volveremos a formar para que se adapten a esta economía del clima".

La amenaza de las protestas. Con la virulenta revuelta de los chalecos amarillos activa en Francia y Bélgica, imponer una fiscalidad más elevada a los carburantes para desincentivar su uso se ha vuelto una jugada política de alto riesgo. "Los impuestos no son la única salida", ha respondido Cañete, que apuesta por dar ayudas a los proyectos verdes.

Falta de ambición en el Este. Fuentes cercanas a la negociación de la nueva estrategia perciben ciertas suspicacias en países del bloque de Visegrado como Polonia, todavía fuertemente dependiente del carbón. El hecho de que la presidencia rotatoria de la UE en el primer semestre de 2019 esté a cargo de Rumanía tampoco ayuda a darle impulso, si bien en la segunda mitad del año llegará el turno de Finlandia, mucho más proclive a una agenda marcadamente ecologista. El uso de fondos comunitarios para acelerar la transición ecológica puede ser el instrumento más convincente para hacer cambiar de idea a los países más reticentes.

Como contrapeso, un grupo de ministros de Medio Ambiente de una decena de países —entre ellos España, Francia e Italia— firmó este mes una carta llamando a la Comisión a ser ambiciosa para lograr el fin de las emisiones en 2050. Alemania, la gran potencia industrial europea, rompió en la tarde de este miércoles su silencio para dar su apoyo a la Comisión: "la estrategia europea encaja bien con nuestro plan de protección climática", avaló la ministra de Medio Ambiente, Svenja Schulze. El primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, se unió a sus partidarios. En una intervención en el Parlamento Europeo mostró su felicidad por el impulso climático que busca la Comisión.

El mayor problema, el transporte. Mientras que las emisiones procedentes de la agricultura, la industria, los edificios o los desechos han ido a la baja, en el caso del transporte, que supone un 27% del total de las emisiones, viajan en sentido contrario, especialmente en el caso de la aviación y el transporte marítimo.

Patronales del sector como la CLEPA, que agrupa a los fabricantes de componentes de automóvil, se dicen sin embargo dispuestas a sumarse al cambio de modelo. "Se requerirán grandes esfuerzos de toda la sociedad, incluido el sector del transporte. Los proveedores europeos están totalmente de acuerdo con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París", han afirmado este miércoles en un comunicado.

La búsqueda de inversores. Bruselas incentivará la transformación hacia una economía libre de emisiones, pero su éxito dependerá en gran medida del sector privado. La Comisión Europea calcula que se necesitan entre 175.000 y 290.000 millones de euros anuales de inversión para sufragar las nuevas infraestructuras energéticas. A cambio, espera un ingente ahorro de entre dos y tres billones de euros en importación de petróleo, y de 200.000 millones de euros en costes sanitarios.

Pese a las dificultades en el horizonte, la señal política lanzada por la UE la sitúa a la vanguardia global en ambición. Dado que su peso en el mix mundial de emisiones es relativamente pequeño —supone actualmente el 10% del total—, la intención es que otros sigan el ejemplo europeo. "Tenemos muchos retos por delante, pero les diré algo: el statu quo ya no es una opción. Las implicaciones de no controlar el cambio climático ya las hemos visto", advierte Cañete.