La sanidad universal no acaba de llegar a todos los sin papeles
Tres ONG denuncian que numerosos inmigrantes siguen sin asistencia un mes y medio después de convalidarse en el Congreso el decreto ley que les devolvió la atención médica
Los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España siguen a la espera de que se concrete su acceso universal a la sanidad. El Congreso convalidó en septiembre el decreto ley aprobado en julio por el Gobierno para garantizar esta asistencia sanitaria, pero ahora se está tramitando como ley en el Congreso. Y, mientras tanto, organizaciones como Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos sin Fronteras, entre otros, denuncian quejas de personas en situación irregular que no son atendidas.
Una de ellas es Mayllén, una médica venezolana de 29 años que llegó a España a primeros de septiembre y pidió asilo político. Está embarazada y necesitaba control médico. Incluso con las restricciones que impuso el PP a la atención a los extranjeros en situación irregular en 2012, deberían haberla atendido debido a su estado, como debe hacerse con las urgencias y los menores. Pero denegaron la asistencia cuando fue al ambulatorio del distrito de Retiro, en Madrid. “Durante 90 días me toman por turista [cuya atención debe estar cubierta si no son comunitarios por un seguro de viaje], cuando estoy pidiendo asilo y no puedo volver a mi país”, relata. Al final, una asesora de la ONG la acompañó y consiguió que le asignaran un código de transeúnte para ser atendida.
Reder, la red de denuncia y resistencia al decreto que les negó la sanidad universal en 2012, ha recopilado más de 100 casos recientes en toda España. Pablo Iglesias, de la ONG Médicos del Mundo, que participa en esta red, explica que esta situación es excepcional y cree que el problema puede estar en la formulación del decreto ley de septiembre. El texto establece en su artículo 3 que “las comunidades fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación”. Y que “si se encuentran en situación de estancia temporal, sea preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes en las comunidades autónomas”.
Es decir, que son las autonomías las que establecen cómo se les acredita. Si llevan menos de 90 días en el país se les puede considerar residentes temporales o transeúntes, pero eso no quiere decir que no tengan acceso a la sanidad, sino que deberán recibir un informe de los servicios sociales.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que lo que se pretende con la ley que sustituirá al decreto es evitar cualquier resquicio que permita dejar sin atención sanitaria a un extranjero. Mientras se aprueba, el ministerio de María Luisa Carcedo ha emitido recomendaciones a las comunidades sobre cómo deben proceder. Está, además, en conversaciones con las ONG para recibir sus sugerencias de cara a la aprobación de la ley y de las normas que la concreten —la última reunión fue este jueves—, pero no hay instrucciones precisas sobre cómo deben actuar las consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales, lo que deja agujeros por los que los gestores pueden intentar retrasar la llegada de la sanidad universal, por ideología, confusión o ahorro.
“Algunas comunidades están haciendo una interpretación restrictiva del decreto ley”, comenta Celia Zafra, de Médicos del Mundo, quien añade que el Gobierno debe homogeneizar el criterio asistencial. Según fuentes de la ONG, en agosto de 2018 la Comunidad de Madrid dio a los centros una instrucción indicando que los inmigrantes en situación irregular que podrían beneficiarse de lo previsto en el decreto ley, es decir, el acceso universal a la sanidad, fueran atendidos si han superado los 90 días de residencia. El Gobierno autonómico lo niega.
Dolor “terrible”
Ángela ha vivido este desajuste. Esta salvadoreña —que no da su nombre real porque no quiere que el testimonio afecte al procedimiento de asilo que inició a las dos semanas de llegar a España— acudió en junio con su hija de tres años a un centro de salud en Getafe (Madrid), donde está empadronada. Ella con un “terrible” dolor de espalda y su hija, a la que sí pasaron consulta, con una infección. “No me atendieron, porque me faltaban tres días para que se cumpliera el plazo de 90, así que fui al hospital”, comenta. Ahora, el Hospital Universitario de Getafe le reclama 175 euros por gasto sanitario. No lo puede afrontar. No tiene trabajo.
La consejería madrileña de Sanidad asegura que espera una orden ministerial y confirma que se han producido algunos casos puntuales de delegación de asistencia. Mientras no se clarifique la cuestión “estamos abocados a ver vulneraciones en la sanidad universal mientras no se concrete”, opina Iglesias. Solo desde 2014, recoge en el informe Reder, casi 5.000 personas han sido excluidas del sistema de salud. Y 194 han sido mujeres embarazadas; 322 menores de edad; 45 solicitantes de asilo y alrededor de 500 urgencias.
A Susana, también un nombre ficticio, le sucedió algo similar a lo que le ocurrió a Ángela. Es venezolana y tiene 52 años. Llegó a España el 21 de junio y acudió a un centro de salud de Hortaleza, en Madrid, donde está empadronada, para inscribirse en el sistema sanitario, cuenta por teléfono. Es asmática y quiere estar prevenida ante posibles ataques, pero le dijeron que no la atenderían. Se desconoce cuántas personas se encuentran en esta situación porque no tienen documentos. El Ministerio del Interior reconoce que han entrado 48.669 personas de manera irregular entre el 1 de enero y el 15 de octubre. Se suman a los 28.572 que llegaron en 2017.
“El empadronamiento ha sido desde siempre una barrera insalvable para muchos”, afirma Iglesias, quien propone que, además, sirvan otras acreditaciones, como el de escolarización de los hijos e incluso declaraciones juradas de los vecinos. “Mientras tanto, estas personas estarán en un vacío legal”, zanja.
