Cifuentes da sanidad a 16.000 inmigrantes excluidos por Rajoy

La decisión de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, de dar sanidad a todos los ciudadanos, con o sin papeles, se ha traducido en un aumento del 150% en el número de extranjeros en situación irregular que atiende el sistema público. Desde septiembre de 2015 hasta el pasado mes de noviembre, es decir, en poco más de un año, hay 16.000 personas más en los registros. El cambio de política de Cifuentes ha hecho que en un año se hayan dado más altas que entre 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy retiró la asistencia médica a los irregulares, y 2015.

Las cifras de altas nuevas en los registros del sistema sanitario público dan la razón a las organizaciones que llevan denunciando la exclusión sanitaria desde 2012. El Gobierno central nunca ha querido admitir que el real decreto que aprobó para recortar gastos durante la crisis estaba dejando sin asistencia sanitaria a decenas de miles de personas en situación vulnerable. Lo ocurrido en Madrid y en otras comunidades autónomas demuestra que sí sucedió. Un total de 26.810 personas se han acogido desde entonces a dos figuras administrativas, conocidas por las siglas TIR y DAR, que dan cobertura a los inmigrantes sin papeles. Es decir, ciudadanos a los que el real decreto 16/2012 dejó sin sanidad.

Cifuentes se sumó en agosto de 2015 a la rebelión de otras seis comunidades autónomas que estaban esquivando la normativa estatal e ideando sistemas para devolver la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Esas otras regiones estaban en manos de gobiernos socialistas, lo que convirtió el anuncio de la presidenta madrileña, del PP, en un desafío con gran carga política. No solo eso. Cifuentes decidió enviar una circular dando instrucciones a todos los hospitales y centros de salud de la región para que atendieran a los inmigrantes solo días después de que el Gobierno amenazara con llevar al Constitucional a las comunidades díscolas por vulnerar competencias estatales.

Pese a que prácticamente ninguna comunidad autónoma lo cumple, lo cierto es que el real decreto 16/2012 sigue en vigor. El Ministerio de Sanidad nunca ha evaluado sus efectos. La red de organizaciones REDER ha elaborado varios informes en los que recoge casos de exclusión sanitaria en varias comunidades autónomas, muchos de ellos completamente ilegales, como los que afectan a menores, mujeres embarazadas o atenciones en urgencias. Estos casos siempre han estado cubiertos por la sanidad pública, tanto antes como después de la reforma sanitaria de 2012.

Los datos de altas en el sistema público madrileño a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que en poco más de un año entraron en el sistema más personas que en los tres años anteriores. El incremento coincide con el cambio de política de Cifuentes. Hasta entonces existía la figura administrativa llamada TIR (transeúnte sin permiso de residencia), que permite ver al médico, pediatra o enfermera pero no incluye recetas ni medicación. Con el cambio, se creó la figura DAR, esta sí con prestación sanitaria.

La creación de este nuevo tipo de identificación no supuso que dejaran de darse altas en el TIR, un régimen que a la Administración le sale más barato porque incluye menos prestaciones. Un portavoz de la Consejería de Sanidad aseguró que no se ha dado ninguna indicación a los centros sanitarios para que prioricen una u otra, y que la creación del DAR no sustituye a la otra figura administrativa. El TIR sigue funcionando, afirmó, porque es para personas que necesitan asistencia de forma temporal, por unos días o tiempo limitado. Para acceder a esta modalidad los centros de salud piden a los ciudadanos una declaración de que no tienen recursos o carecen de cobertura sanitaria en otro país.