Un decreto para acabar con seis años de exclusión sanitaria

El Real Decreto ley 7/2018 aprobado este jueves en el Congreso acaba con seis años en los que los inmigrantes sin papeles en España se han visto excluidos del sistema público de salud y condenados a la atención privada o a la beneficencia. La norma garantiza, en principio —y aunque faltan detalles por concretar—, la atención sanitaria desde el primer día y sin necesidad siquiera de empadronamiento. En el caso de migrantes que no hayan superado el periodo de estancia temporal en el país (90 días), necesitarán un informe previo favorable de los servicios sociales de las respectivas comunidades autónomas. El decreto ordena, además, que los inmigrantes en situación irregular paguen solo el 40% del precio de los medicamentos prescritos.

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Condenados a la atención privada o a la beneficencia

La universalidad de la sanidad estaba, en realidad, en vigor desde el final de julio, tras ser aprobada el Consejo de Ministras, pero el Pleno del Congreso tenía que ratificarla. El Gobierno decidió, además, tramitar este Real Decreto como proyecto de ley, así que durante los próximos meses tiene que desarrollar un reglamento para concretar las medidas, y los partidos podrán proponer enmiendas.

Las organizaciones de defensa de la sanidad han recibido la noticia de la vuelta de la universalidad con alegría, pero también con precaución. El presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, cree que ahora toca desarrollar “más claramente”, por ejemplo, cuándo y cómo van a poder acceder al sistema sanitario los inmigrantes en situación irregular y aquellos que llevan menos de 90 días en España. “Nos preocupa la documentación que tengan que aportar, por ejemplo, para probar que sus países no se hacen cargo de la cobertura sanitaria”, señala Pablo Iglesias, secretario técnico de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER).

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha agradecido el jueves desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados “a todas las personas que en estos seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales, entidades y organizaciones sociales”. 

Es difícil precisar cuántos migrantes se vieron afectados por la reforma de 2012, que el Gobierno de Mariano Rajoy justificó argumentando que el sistema de salud público no era sostenible, y estaba en riesgo por la mala gestión y la ineficiencia. REDER asegura que, solo desde el año 2014, hubo 4.755 excluidos, y que 194 de ellos eran mujeres embarazadas y otros 322 menores, a pesar de que, en teoría, ambos grupos tenían garantizada la atención sanitaria. Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra publicado este año habla de un incremento del 15% de mortalidad entre los migrantes.

En la práctica, todas las Comunidades Autónomas tenían sus propias medidas para suplir los recortes de 2012, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucionaltodas las que tenían rango de ley (Navarra, Valencia, Extremadura, País Vasco, Navarra y Cataluña, que aún está pendiente de una sentencia firme).  Montón ha asegurado que la ley validada este jueves aporta “coordinación, armonización y seguridad jurídica” a quienes habían quedado fuera del sistema, a los profesionales sanitarios y a las Comunidades Autónomas, “que habían intentado dar una solución a la exclusión asumiendo la prestación de manera desigual”.