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Condenados a la atención privada o a la beneficencia

Decenas de miles de inmigrantes llevan desde 2012 teniendo problemas para ser atendidos en la sanidad pública española

Protesta frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar una sanidad universal en España, en 2015.
Protesta frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar una sanidad universal en España, en 2015.

Llevan fuera del sistema seis años, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció su exclusión del sistema sanitario con un decreto. Y este viernes, con el anuncio de que la sanidad universal será restituida en seis semanas, muchos de ellos estallaban de alegría.

Una de ellos es Cristina (nombre ficticio), colombiana de 31 años que lleva casi tres en España. Sin papeles, pagó durante meses un seguro de salud privado, pero cuando se quedó sin trabajo y, por tanto, sin medios para seguir pagándolo, acudió embarazada de ocho meses a un centro de salud en Madrid. El decreto de 2012 garantizaba, además de la atención de urgencias y de menores de edad, la asistencia al embarazo, parto y postparto. Pero Cristina asegura que se encontró con las puertas cerradas: en el centro le exigían su empadronamiento, que estaba en trámites. “Dije que no podía esperar más porque estaba ya de casi 34 semanas y necesitaba atención, pero me decían que no era posible, que antes tenía que traer la documentación”. Un miembro de la ONG Médicos del Mundo llamó entonces a la administración del centro y lanzó una advertencia: tenía derecho a ser atendida y, si no lo hacían, se verían obligados a denunciar. “La persona que me atendió no tuvo corazón, y no se tomó la molestia de investigar. ¡Si luego solo tardaron cinco minutos en registrarme!”, dice Cristina. Desde abril, eso sí, vuelve a estar sin cobertura.

En Médicos del Mundo este viernes algunos celebraban el anuncio del Gobierno con cava. Organizaciones como esta han funcionado durante los últimos años como mediadores entre inmigrantes y centros de salud, explicando la normativa a trabajadores de Administración, buscando interpretaciones del Real Decreto, contactando con médicos objetores y, cuando era necesario, atendiendo o proporcionando medicinas -el decreto introdujo también los copagos farmacéuticos-. Es el caso de Marta (nombre ficticio), peruana, que lleva 10 años en España y tiene los papeles en regla. A su nieto menor de edad, que sufre problemas graves de salud, le pusieron problemas para conseguir los medicamentos que necesitaba con urgencia. Solo ha conseguido resolverlo con ayuda de las ONGs. Ahora se gasta unos 50 euros al mes pagando el 40% del precio total de las medicinas.

Algunos reciben la noticia con desconfianza. Como Vielma, de 62 años de edad, emigrante retornada de Cuba -con pasaporte español- a la que, antes de acabar sus trámites de ciudadanía y obtener su DNI, le dieron dolores abdominales fortísimos. Fue a Urgencias del hospital más cercano y tuvo que ser ingresada e intervenida. Dos meses después de recibir el alta le llegó una factura a casa: 40.800 euros. Está intentando recurrirla y, al teléfono, se echa a llorar, desesperada: “¿De dónde voy a sacar yo ese dinero?”.

El temor a ir al médico, por la situación irregular o por el miedo a una factura imposible de asumir, han tenido un papel vital durante estos seis años, insisten las organizaciones. El estudio de la Universidad Pompeu Fabra de este año que detecta de un incremento del 15% de mortalidad entre la población inmigrante alerta, también, que los efectos de la reforma de 2012 son especialmente preocupantes en el caso de muertes por causas evitables, como algunos tipos de cáncer.

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