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Efectos sociales adversos del copago sanitario

La medida provoca que los pensionistas más pobres y vulnerables dejen tratamientos que necesitan

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. EFE

La economía tiene sus escalas y ya sabemos que una pequeña aportación individual puede sumar una gran cantidad si son muchos los que la pagan. Esta es la lógica con la que en abril de 2012 se impuso el copago sanitario para los pensionistas. La idea era frenar la escalada de la factura farmacéutica por la vía de recaudar una pequeña cantidad por cada receta en función de la renta y al mismo tiempo desincentivar el consumo innecesario. Pero este tipo de decisiones tienen con frecuencia efectos sociales adversos. Además de la cuantía bruta recaudada o el ahorro conseguido, hay que evaluar el impacto que la medida tiene en quienes se ven afectados por ella. Y en el caso del copago sanitario, hay ya evidencias de que sus efectos, además de ser injustos, pueden tener un coste elevado.

Cuando se cumplen seis años de la implantación del copago, la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado su intención de revisar esta medida. No necesita muchos datos más de los que ya manejó para decidir la supresión del copago para los pensionistas con menos recursos en la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Ximo Puig decidió librar del copago a quienes percibían pensiones inferiores a 1.000 euros y a quienes tengan reconocida una discapacidad superior al 65%. En total, 986.000 valencianos quedaron exentos del copago por la vía de subvencionar su obligación, estrategia acordada para impedir que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnara la decisión como había hecho con otras mejoras sociales acordadas por las autonomías.

Diversos estudios señalan que los efectos adversos del copago se concentran en las personas de rentas más bajas. Uno de ellos, publicado en el Heart British Medical Journal, alertó de que el 7% de las personas que habían sufrido un primer infarto dejaban de tomar, por razones económicas, la medicación prescrita para evitar un segundo ataque. Puede parecer que los 8,23 euros al mes que pagan los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros al año, o los 18,52 que pagan quienes superan esa cantidad, es muy poco. Pero para quien no puede poner la calefacción, apaga la luz para no gastar y compra la fruta por piezas, es mucho dinero. Al poco de subvencionar el copago, en Valencia se observó una reducción en la tasa de abandono terapéutico.

Lo mismo se observó en relación con el euro por receta implantado por el Gobierno de Artur Mas en Cataluña en 2012. Se aplicaba a todos los pacientes, excepto a los beneficiarios de la renta mínima de inserción, con un tope de 62 euros al año. La medida estuvo vigente apenas seis meses, porque el Tribunal Constitucional la anuló. En ese tiempo se recaudaron 45,7 millones de euros y su “efecto disuasorio” permitió ahorrar 110 millones. Pero un estudio posterior reveló que una parte importante de ese ahorro recaía en los pensionistas más pobres, que dejaban de tomar tratamientos necesarios, como fármacos para la hipertensión o la diabetes.

No se ha determinado cuánto cuestan las complicaciones de estas patologías si están mal tratadas, pero siempre es más costoso un ingreso, una amputación o un infarto que financiar el tratamiento sin copago. De hecho, el ahorro ya se ha absorbido. La factura farmacéutica española ha vuelto a los niveles anteriores. En cambio, los efectos sociales adversos se mantienen y son injustos porque afectan a los enfermos más pobres y vulnerables.

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