La justicia obliga a leer los trabajos para acreditar los méritos de investigación en la Universidad

Amparo Sánchez, profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, recibió una nota muy baja en dos de los trabajos que presentó en 2014 al proceso de valoración de sus méritos investigadores —los famosos sexenios que dan acceso a mejoras salariales y a ciertas actividades dentro de los campus— porque se había publicado en “un medio [revista] inadecuado”; el tribunal evaluador ni siquiera se lo había leído. Se trata del sistema habitual para agilizar unos procesos masivos —los trabajos se califican simplemente por el prestigio internacional de la revista en la que fueron publicados—, pero Sánchez recurrió la decisión porque le parecía injusta, ya que defendía la calidad de esas dos investigaciones. Y, ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón y obliga a los evaluadores a leer los trabajos para poder valorarlos, por lo menos, los que no están en los listados de revistas prestigiosas, que hasta ahora quedaban excluidos inmediatamente de alcanzar la máxima puntuación. Sánchez espera conseguir ahora el sexenio que le negaron entonces, cuenta.  

“Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse solo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados […]. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida […]. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan”, dice la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo firmada el pasado 12 de junio. 

“Recibimos anualmente 10.000 solicitudes de sexenios para resolver en cuatro meses. Existe en cada disciplina unos criterios estándar para valorar la calidad de un trabajo, sustentados en 21 elementos: donde públicas, la revista, evaluadores de esas revistas, y el número de citas que ese artículo ha generado", explica José Arnáez Vadillo, director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo encargado de centralizar cada año, a través la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, el proceso de acreditación de los sexenios de los profesores universitarios españoles. Arnáez Vadillo añade que sí se va a analizar el contenido, pero solo el de aquellos estudios que no estén en publicados en las revistas de más prestigio. “Puede ocurrir que se detecte que un trabajo tiene calidad, pero no está en esos repositorios [el listado de revistas], entonces sí se analizará. Los otros, ¿para qué vas a leer un artículo publicado en una revista con 3.000 citas? No tiene sentido. La sentencia dice que, a la hora de responder a los recursos no favorables, hay que utilizar otros criterios de valoración, así que vamos a explicar por qué un trabajo no ha sido valorado positivamente”.

Sánchez estaba convencida de la calidad de las publicaciones que había presentado en su día y por esa razón, representada por el abogado José Antonio García Rueda, se embarcó en un periplo que comenzó por un recurso a la decisión de la Aneca (rechazado), un juicio contencioso administrativo que también perdió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, finalmente, en el recurso de casación en el Supremo que sí ha acabado dándole la razón. Pero, más allá de su caso, insiste, espera que el resultado sirva a todos los profesores que han sufrido un sistema injusto.

"Desde su propio origen, el sistema es inviable por ser imposible que una comisión pueda leer y revisar tamaña cantidad de publicaciones. Y esta inviabilidad es la que ha dado lugar a que, de facto, el sistema haya degenerado hacia una evaluación por el continente y no por el contenido. Lo que es absolutamente contrario a la propia esencia de la institución universitaria y, aún más, repugna al sentido común", señala Sánchez. Ahora, la Aneca revisará aquel proceso que le dejó sin sexenio hace unos años, pero esta vez, el resultado sí dependerá del contenido de todos sus trabajos.    

Los sexenios son la manera de medir los méritos investigadores de los profesores universitarios, medidos en periodos, lógicamente, de seis años; una vez al año, distintos tribunales de cada área valoran los méritos que les presentan los candidatos. Estas distinciones dan acceso a complementos de productividad en el salario que establecen las universidades; en la de Extremadura, por ejemplo, el primer sexenio significa 650 euros más al año; el sexto (que es el nivel máximo), 2.700 euros.

Pero, además, los sexenios son necesarios para participar en ciertas tareas, por ejemplo, para poder dirigir tesis doctorales o participar en doctorados de calidad. Y, desde 2012, es necesario tener un “sexenio vivo”, es decir, conseguido en los últimos seis años, para evitar que la universidad aumente la carga docente de un profesor alegando que está investigando poco. Por último, los sexenios también se tienen en cuenta, por ejemplo, en el proceso al que tienen que someterse los profesores titulares de la universidad pública que quieren convertirse en catedráticos.