La falsificación del filete

Parecía una empresa totalmente legal. Tres socios que distribuían alimentos a restaurantes y centros escolares con una nave en Torre Pacheco (Murcia) donde almacenaban toda clase de artículos envasados: postres, encurtidos, zumos, jamón york, anchoas, café, gulas, arroz. Pero no solo guardaban allí comida. Entre los palés escondían máquinas para etiquetar, disolventes y pegatinas que utilizaban para manipular las fechas de caducidad de productos que acaparaban, con ayuda de compinches, cuando eran devueltos por no ser aptos para el consumo. Hasta 37.000 etiquetas con leyendas como “Consumir preferentemente antes de...” y 14 palés de comida falsificada encontraron los agentes de la Guardia Civil y los inspectores sanitarios que registraron el almacén. La trama fue desmantelada a finales de 2013 y los tres socios fueron detenidos y acusados de un delito contra la salud pública. No se conocieron casos de intoxicación, pero pudo haber muchos dado que se trataba de una empresa mayorista con muchos clientes de hostelería en la zona.

Más de 5.600 toneladas de alimentos ilegales o en mal estado y 680.000 litros de bebidas falsificadas fueron decomisados en intervenciones policiales simultáneas a la de Torre Pacheco, desarrolladas en 31 países entre diciembre de 2013 y enero de 2014, bajo la coordinación de Interpol y Europol. Se ejecutaba la tercera edición de la Operación Opson, un ambicioso programa internacional que arrancó en 2011 para combatir un problema al que hasta entonces se había prestado poca atención policial: el lucrativo negocio del fraude alimentario. “Aún sabemos muy poco de los métodos que utilizan estos delincuentes. Antes de Opson no se había hecho ninguna investigación internacional en serio y llevamos solo tres años trabajando de forma coordinada. Pero en este tiempo ya hemos aprendido algo: que el fraude alimentario es una tendencia criminal creciente y que está atrayendo a muchas redes organizadas porque da muy buenos beneficios”, afirma Simone di Meo, miembro de la Unidad contra el Tráfico de Productos Ilícitos de Interpol.

Tienen cómplices en puertos, aduanas, empresas de transportes y puntos de distribución"

Di Meo viajó a Madrid el mes pasado para participar en las reuniones preparatorias de la cuarta edición de Opson, a las que asistieron representantes policiales de los 38 países que tienen previsto participar el próximo invierno. Son más del triple de los que se apuntaron en la primera, un reflejo de que el problema preocupa cada vez más, sobre todo después de que el año pasado se destapara la gran estafa de la carne de caballo que se vendía camuflada como si fuera ternera. El escándalo afectó a toda Europa y, aunque no supuso un peligro para la salud, generó gran desconfianza en los mecanismos de control de la cadena alimentaria, que no fueron capaces de detectar el fraude antes de que se extendiera tanto.

“Fraudes ha habido siempre, pero la globalización de los mercados ha hecho que las cadenas de comercialización sean cada vez más largas. Y cuanto más largas, más posibilidades hay de encontrar un agujero por donde colar una estafa”, explica Di Meo. “Por eso es importante la coordinación internacional. Muchos grupos tienen ramificaciones en varios países para mover mejor la mercancía falsificada. Tienen cómplices en puertos, aduanas, empresas de transporte y puntos de distribución, y además se relacionan con grupos de blanqueo de dinero”. Buscan sobre todo canales de venta al margen de la gran industria para sortear sus controles (mercadillos, tiendas pequeñas), pero a veces logran conectar con proveedores de marcas y supermercados populares.

En Italia ha aparecido incluso un nuevo concepto: la agromafia. En este país, la policía ha desmantelado varias tramas de falsificación de alimentos relacionadas con grupos mafiosos. Uno de sus grandes negocios es el aceite de oliva: compran barato en países como España, Marruecos o Túnez y lo revenden mucho más caro con la etiqueta de calidad “Made in Italy”.

En España, que participa en Opson desde la primera edición, la Guardia Civil ha intervenido en estos tres años cerca de un millón de toneladas de alimentos y medio millón de litros de bebidas. Algunos grupos, como el de Torre Pacheco, actuaban a pequeña escala, pero también se desmantelaron redes con conexiones internacionales. En el municipio sevillano de Lantejuela, por ejemplo, tenía su base una sociedad regentada por dos ciudadanos españoles aliados con productores de ron barato de varios países de Sudamérica. El licor llegaba en contenedores de barcos, camuflado entre otras mercancías legales o con documentación falsificada, y se transportaba después hasta una nave de Lantejuela donde se le ponían etiquetas falsas de marcas conocidas. La bebida acababa en los vasos de los clientes de los locales de ocio de la zona a precio de marca. Los clientes sufrían las consecuencias al día siguiente.

El volumen de incautaciones ha aumentado progresivamente en España desde la primera Operación Opson. Mientras que en 2011 se requisaron 300 toneladas de alimentos ilegales, en 2013 se alcanzaron 500 toneladas de comida y 400.000 litros de bebidas. “Eso no quiere decir que en estos tres años el fraude haya aumentado en esa proporción. Lo que ocurre es que hemos ido cogiendo experiencia y la coordinación internacional va dando frutos. Y puede ocurrir incluso que en el futuro las cifras bajen gracias a esta creciente presión policial. Ese es realmente el objetivo final: reducir el delito”, aclara Blas Guillamón, comandante de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Se falsifica de todo. Desde artículos básicos como leche, carnes, pescado, conservas o aceite hasta productos de lujo como el jamón ibérico, el champán o el caviar. Precisamente durante la última Operación Opson española se clausuró en Alcobendas (Madrid) una empresa mayorista que distribuía a tiendas gourmet latas de caviar supuestamente iraní, cuando en realidad procedía de piscifactorías de China. La investigación descubrió además que los titulares de la empresa tenían acumulados más de dos millones de dinero negro.

Los mayores beneficios se obtienen casi siempre, de hecho, con los alimentos de calidad, que son más caros y dejan márgenes más elevados. Por eso son los más golosos para los delincuentes y donde más fraude se detecta. La asociación Origen España, integrada por 42 consejos reguladores de denominaciones de origen españolas, publicó hace unos meses un estudio que calculaba que el valor económico de los productos que usurpan sus nombres en el mercado nacional supera los 90 millones de euros anuales. El jamón ibérico, el aceite de oliva, el marisco, el queso, las bebidas alcohólicas, el azafrán y los espárragos son algunos de los productos más falsificados.

En Italia ha surgido la 'agromafia', que hace negocio con el aceite

La crisis económica, no obstante, está extendiendo las falsificaciones en todas las categorías. “Las empresas distribuidoras han obligado a sus proveedores a bajar de forma exagerada sus precios. Coyunturas como esta, que en principio parecen buenas para el consumidor porque puede comprar más barato, no son en realidad tan buenas porque propician la picaresca. Esta puede ser otra de las razones, aparte de la globalización y la mayor presión policial, del aumento del fraude en los últimos años”, advierte José María Ferrer, jefe del departamento legislativo de Ainia, uno de los más importantes centros tecnológicos y de investigación alimentaria en España.

Un producto en el punto de mira es el pescado. Varias investigaciones han dado la alarma en los últimos años al demostrar altos niveles de fraude por intercambio de especies: es decir, vender una barata con la denominación de otra más cara. En España, un reciente estudio de investigadores de la Universidad CEU San Pablo de Madrid constató que el 32,5% del bonito del norte que analizaron no era auténtico, y otro del CSIC detectó un porcentaje de irregularidades entre el 6,5% y el 25% en atún, bacalao y anchoa. En 2011, otro trabajo reveló que casi el 40% de la merluza vendida en España y Grecia tenía la procedencia trucada.

José María Ferrer ha detectado últimamente más inquietud en la industria. “Nos encargan, por ejemplo, más pruebas de ADN para comprobar la autenticidad de las materias primas. El fraude de la carne de caballo hizo muchísimo daño porque un escándalo de este tipo arruina la imagen del sector y genera una gran desconfianza en los consumidores. La prueba está en que las ventas de carne cayeron en picado y tardaron mucho tiempo en recuperarse. El prestigio que una marca tarda años en labrarse se puede perder en segundos”, comenta.

Desde FIAB, principal agrupación de la industria alimentaria española, aseguran que el sector siempre se ha mantenido vigilante frente al fraude y “cuenta con herramientas como los sistemas de trazabilidad y autocontroles para combatirlo”. No obstante, es cierto que hay una mayor sensibilización en todos los frentes desde que estalló el escándalo de la carne de caballo. “Hay un antes y un después de esa crisis en la atención al fraude alimentario. La UE se ha dado cuenta de que los países no podemos actuar de forma aislada contra redes que tienen entramados internacionales y estamos trabajando intensamente para establecer nuevos mecanismos para combatirlas”, apunta Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura. El fruto más importante de este trabajo en Bruselas será la próxima puesta en marcha de una red de intercambio de información sobre fraudes similar a la que existe para advertir de alertas de seguridad alimentaria. En España, según Burgaz, está previsto también que las comunidades autónomas desarrollen un mecanismo parecido.

Y los ciudadanos, ¿están también más preocupados por lo que comen? Una encuesta publicada este mes por la asociación de consumidores CEACCU afirma que el 93% de los entrevistados rechaza que las autoridades oculten la identidad de las empresas a las que sancionan, y una proporción similar señala que esto se debe a presiones de la industria. Así ocurrió el año pasado, cuando el Gobierno se negó a desvelar las marcas en las que se encontró carne de caballo durante los análisis que ordenó la UE en el peor momento de la crisis (dio positivo el 4%), y ha vuelto a suceder esta semana al publicarse los resultados de los nuevos controles. La buena noticia es que el problema parece remitir: solo se ha detectado fraude en el 0,6% de los casos.