El copago en dependencia crece un 68% en los años de la crisis

El sistema de dependencia nació en enero de 2007 para garantizar una asistencia profesional y universal a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Siete años después, la patronal del sector y los sindicatos describen en un análisis conjunto cómo el sistema no solo se encuentra en retroceso —hay 736.777 beneficiarios, 17.812 menos que a principios de año, con una lista de espera de 184.060—. También advierten de que los tijeretazos a la norma y la reducción de la financiación pública se han traducido en mayor carga económica para los usuarios a través de un incremento del copago, que ha aumentado en un 68% entre 2009 y 2013.

Estas conclusiones se reflejan en el informe Observatorio del sector de atención a la dependencia en España, que presentaron ayer en Madrid representantes de CC OO, UGT, y las asociaciones empresariales Fed, Lares y Aeste, a partir de los registros publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), vinculado al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y otros datos oficiales, como los informes del Tribunal de Cuentas.

El gasto público destinado al sistema va claramente a la baja. Las Administraciones han pasado de abonar 8.648 euros por usuario en 2009 a 6.879 euros en 2013. La reducción es del 20,4%, lo que resulta especialmente grave teniendo en cuenta que ha caído el número de beneficiarios por año, como destaca el estudio. Conclusión: “Menos beneficiarios y menos gasto por beneficiario”.

Estos datos dejan patente que las Administraciones cada vez pagan menos por unos servicios que cuestan lo mismo (o más). ¿Cómo se sostiene entonces el servicio? Con una mayor aportación de los dependientes y sus familiares. “Parece evidente que es el usuario, a través del copago, el que está soportando el recorte de la financiación pública de la dependencia”, indica el estudio. Hay casos como el que relata Sandra Casas, abogada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Valencia, en el que usuarios de residencias de discapacitados psíquicos han pasado de no aportar nada a tener que hacer frente a un copago mensual de hasta 1.000 euros.

Los autores del informe advierten de la dificultad de manejar datos de financiación de la dependencia, en especial del copago, debido a las “importantes limitaciones” de las cifras que aportan las comunidades. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, criticó a las autonomías por no facilitar los datos al Tribunal de Cuentas. “Existe un oscurantismo sobre este tema. Nadie quiere decir cuánto invierte”, añadió. También José Alberto Echeverría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), insistió en ello.

Con estas salvedades, los datos oficiales que manejan los autores del trabajo indican que el copago medio por usuario se ha incrementado en 650 euros entre 2009 y 2013, un 68%.

Ello, junto a la menguante aportación pública, supone que el desembolso de los usuarios respecto al coste total del sistema ha aumentado desde 2010 casi un 80% y se ha duplicado desde 2009. Los beneficiarios han pasado de asumir el 10% al 20% del coste de la dependencia, aunque no se ha llegado al 33% que, en un primer momento, preveía la memoria de la ley, algo que siempre se consideró de difícil cumplimiento dadas las pensiones de los jubilados en España. Este colectivo, los mayores, es el principal beneficiario del sistema.

Otras conclusiones insisten en deficiencias detectadas en análisis previos:

Los fondos estatales finalistas para dependencia han sufrido "importantes disminuciones"

» Retrasos en la valoración y concesión de prestaciones. El informe constata que algunas comunidades (por ejemplo, la valenciana) no reconocen la prestación “hasta que tienen crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva”. Es decir, si no tienen dinero, no pagan ayudas.

» Diferencias entre autonomías. En Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura o Asturias el plazo medio para que los dependientes reciban la prestación supera los 300 días. En regiones como Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Aragón el plazo medio se calcula en 200 días.

» Reducción de los fondos finalistas estatales. Esta partida ha sufrido “importantes disminuciones”. El estudio recuerda la reducción en las prestaciones económicas (el dinero destinado a las familias para atender a los dependientes o para pagar las residencias que elijan) o la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. El documento excluye de los recortes la financiación estatal no finalista, que son los recursos adicionales contemplados en la ley que regula la financiación de las autonomías de régimen común que pueden ser empleados en cualquier concepto que las autonomías consideren, sea dependencia u otro.

» Disminuye el empleo en el sector desde 2012. Vicente Sánchez, secretario general de Construcción y Servicios de CC OO, señaló que en 2010 el sector empleaba a 184.000 personas, para 2012 esa cifra aumentó hasta los 218.000, pero entre 2013 y lo que va de 2014 se ha reducido hasta los 178.000.

» Normativa “rotundamente excesiva”. Hay más de 671 textos legales autonómicos y 134 normas estatales. Y, sin embargo, falta una regulación estatal “de acreditación de servicios profesionales de calidad que responda a las distintas necesidades de los dependientes”.

» Más prestaciones económicas que servicios. A pesar de que se pretendía priorizar los servicios (residencias, centros de día) frente a las prestaciones económicas (ingresos de dinero a los beneficiarios o sus cuidadores), no ha sido así. La atención más extendida es la prestación económica por cuidados familiares (un 42%). Muy por delante de las residencias (14% de los usuarios), ayuda a domicilio (12,7%) o centros de día (7,5%).

» Elevada valoración de grandes dependientes. El informe advierte de la elevada valoración de grandes dependientes (30% del total) y severos (36,1%), “ambos muy superiores a otros países europeos”. El motivo “puede tener relación con la financiación por grados, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados”.