El retorno de envases en el reciclaje del futuro

Hasta el cierre de este reportaje, el comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el esloveno Janez Potocnik, tenía toda la intención de terminar su mandato dejando atada la hoja de ruta de la UE para 2020 en materia de residuos: han de generarse menos, el reciclaje ha de alcanzar sus máximos niveles, la incineración quedará limitada a materiales no reutilizables ni reciclables y los vertederos ya no serán una opción. Estos objetivos vendrán acompañados de instrumentos económicos para garantizar su cumplimiento, léase impuestos o sanciones; de la aplicación de la premisa de que quien contamina paga, y de la ampliación al productor de la gestión del residuo. En este nuevo escenario, más exigente, Potocnik ha destacado el papel relevante que habrá de desempeñar el llamado sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), mediante el que el cliente paga un depósito al comprar un envase que recupera cuando lo devuelve vacío.

 En España, éste fue el procedimiento habitual con los cascos de vidrio hasta su sustitución por los SIG (sistema integrado de gestión) a mediados de los noventa, a través de los cuales separamos y reciclamos residuos llevándolos al contenedor verde (cristal), azul (papel y cartón) o amarillo (envases de plástico). Así que mientras Potocnik subraya que “los SDDR se han mostrado muy eficaces para conseguir altas tasas de separación en origen, reciclaje y reutilización” y avanza su importancia creciente en el futuro, “sobre todo para la recuperación de flujos de residuos específicos que contengan materiales poco comunes, valiosos o contaminantes”, la asociación Retorna defiende el regreso a España de esta fórmula como complemento a la actual infraestructura de contenedores amarillos, con el objetivo de mejorar los porcentajes de recuperación de envases de plástico. Y a Ecoembes, asociación sin ánimo de lucro que gestiona los SIG de plásticos y papel, y también a los comerciantes, la idea les parece económicamente inviable.

Los envases representan el 8% de los residuos

Cadaqués (Girona), primavera de 2013. Retorna, formada por la industria del reciclaje, ONG ambientales, sindicatos y asociaciones de consumidores, organiza una prueba piloto: durante tres meses, los vecinos y visitantes de esta zona costera compran las latas y las botellas de plástico de menos de tres litros (ni vidrio, ni briks) con un sobreprecio de cinco céntimos; los dos supermercados y ocho tiendas pequeñas que participan en el experimento se los reintegran cuando acuden a devolver los envases vacíos. Un año después de aquello, Miquel Roset, gerente de Retorna, habla de éxito. “Conseguimos una tasa de retorno de envases del 92% y demostramos la viabilidad técnica, social y ambiental de la fórmula”. También económica. “Cada año tiramos 51 millones de envases de bebidas [agua, refrescos y zumos], de los cuales 28 millones terminan, perdidos, en el vertedero”, hace cuentas. Recuperarlos significa más materia prima para los recicladores.

Ecoembes replica que la prueba de Cadaqués es “la demostración de que el sistema de retorno no funciona en absoluto”. Primero, por no ser representativa. “Participaron 10 de los 122 establecimientos de la zona”, subraya Antonio Barrón, director de comunicación corporativa y marketing de la asociación. Segundo, porque, según sus cálculos, la tasa real de reciclado fue del 47%. Y tercero, dice, porque se dio el caso de gente que devolvió latas y botellas por las que no había pagado sobreprecio. Pero más allá de los resultados de este piloto, lo que Ecoembes sostiene es que se trata de “un sistema marginal que solo afectaría al 8,5% del total de los envases” y que a cambio tiene “un coste anual de 900 millones de euros que pagarían los ciudadanos”. Cuando, según defiende Barrón, dichos materiales ya se están reciclando gracias a que los actuales SIG funcionan, en su opinión, adecuadamente. “La tasa de reciclado de los envases de metal es del 84,5%; la de los de plástico, del 56,6%; la de los de papel/cartón, del 81,9%”, enumera, destacando que se trata de porcentajes auditados.

Y justo aquí late el corazón del conflicto, porque a las cifras de Ecoembes, Retorna opone las suyas, según las cuales las tasas reales del reciclaje de envases rondan el 30%. Y a ello suma el problema de los impropios (materiales incorrectamente depositados en el contenedor amarillo, que hay que depurar) y la poca calidad de lo recogido. Roset exhorta a empezar a llamar recurso a lo que hoy por hoy consideramos residuo. Precisamente, aprovechar lo que ahora se tira y mejorar la calidad de lo que llega a las plantas recicladoras es su fórmula para sostener económicamente la implantación de un SDDR en España. Que a nadie se le escapa que supondría una inversión importante.

La Agencia de Residuos de Cataluña, que siguió de cerca la prueba piloto de Retorna, constata que el marco de gestión de residuos ha cambiado, y más que lo va a hacer. La recuperación de materiales tendrá que aumentar para alcanzar los objetivos al alza de la UE. ¿Con qué sistemas? ¿SDDR? ¿SIG? ¿La suma de ambos? “Con los que mejor resultado den; se verá”, responde su director, Josep Maria Tost, que añade que en este nuevo marco, el SDDR no es descartable. Hecha la pregunta de otra manera, solo con los SIG, ¿España podría alcanzar los requerimientos de Europa? Tost vuelve a recurrir al “se verá”, aunque recuerda que los envases solo representan “el 8% del total de los residuos que generamos”, que queda mucho trabajo por hacer “más allá del contenedor amarillo” (ecoparques, fracción orgánica) y que los SIG no han tocado techo, que aún les queda recorrido.

Su conclusión sobre el experimento de Cadaqués es que “la ciudadanía está preparada para el sistema de retorno”. A medio plazo tampoco descarta “una evolución del contenedor amarillo” hacia la recepción de materiales, con un SDDR encargado de la recogida selectiva de envases… Aunque no es que Tost le dé muchos vuelos a los futuribles; en realidad se muestra extremadamente cauto hasta que no salga del horno el informe económico que su agencia ha encargado sobre la viabilidad de un sistema de retorno en su territorio; cree, no obstante, que, de implantarse, debería ser en todo el Estado español y no en una sola comunidad autónoma. En cualquier caso, el proceso pasaría por el consenso y el diálogo. Asegura que las distintas partes están “condenadas a entenderse”.