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Competencia cuestiona la ‘tasa Google’ y pide su limitación

La CNMC demanda que deje de ser “irrenunciable” el canon que deben pagar los agregadores de noticias a los medios y se negocie entre las partes

Ramón Muñoz
Una mujer visita noticias en Google.
Una mujer visita noticias en Google.Uly Martín

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado la necesidad de imponer la llamada tasa Google, la compensación que deberán pagar los agregadores de contenidos como Google News o Menéame, a los medios de comunicación y sitios web por usar sus noticias.

El consejo de este organismo desaconseja la modificación introducida a última hora por el Gobierno en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se está tramitando ahora en el Parlamento, y que propone que aunque los agregadores de contenidos son libres de incluir las noticias de los medios informativos deben abonar “una compensación equitativa” a los editores de periódicos y de sitios web, y que dicha remuneración tiene carácter “irrenunciable” y debe ser recaudada por las entidades de gestión de derechos.

El informe de la CNMC demanda que, en caso de que se mantenga la tasa, al menos se eliminen estos dos requisitos, es decir, que no sea “irrenunciable” y que no la cobren las sociedades de gestión, en este caso Cedro. Esta petición de la CNMC abre la puerta a que en caso de que los editores quieran cobrar esa compensación la negocien bilateralmente con los agregadores, en la línea que piden estos últimos. El organismo rechaza también la tasa porque supondría una barrera para los nuevos agregadores que no han tenido los ya consolidados y, desincentivaría los negocios de emprendedores a través de la Red.

Los editores acusan a la CNMC de seguir el dictado del “gigante de Internet”

El informe es un duro mazazo para Asociación Española de Editores Españoles (AEDE) que exigió la tasa, y la política del Gobierno, a la vez que un espaldarazo a las empresas reunidas en la llamada Coalición Prointernet que estaban radicalmente en contra de lo que prefieren llamar canon AEDE o canon por copia. No obstante, se trata de un informe no vinculante, por lo que el Gobierno y el Grupo Popular que lo respalda en el Parlamento no tienen la obligación de enmendar ese punto en el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual durante su tramitación parlamentaria.

Competencia recoge varios de los argumentos principales que han empleado los detractores de la tasa. Así, señala que no puede pedirse una compensación económica por el posible beneficio que obtienen “los agregadores del esfuerzo creativo de los editores originales” como dice el proyecto de Ley, ya que “existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas que permitirían al titular del derecho de propiedad intelectual que la agregación se realice o no”, es decir, que los editores pueden elegir en cualquier momento que sus noticias no aparezcan en Google News u otros agregadores.

También considera “cuestionable” que todos los editores consideren competidores directos a los agregadores de noticias, dado que los medios originales pueden ganar visitas a sus páginas a través de la agregación, y obtener un beneficio de ello principalmente por la venta de publicidad. “A esta autoridad le consta la existencia de editores que consideran, sin ambigüedad, la agregación beneficiosa para sus intereses, o bien sus licencias de distribución contemplan la ausencia de retribución económica”, señala.

La Coalición Prointernet exige al Gobierno la retirada del canon

La resolución ha tenido reaciones opuestas. Los editores, a través de Aede, han manifestado su “extrañeza” y su total rechazo a la postura de la CNMC a la que acusan de un doble rasero opinando sobre los agregadores en España mientras “mantiene un escrupuloso silencio respecto al procedimiento de la Unión Europea contra Google por abuso de posición dominante”.

Denuncian que la CNMC ha utilizado “de forma literal las instrucciones de Google” para que los periódicos que lo deseen puedan desagregar sus contenidos, una opción que, en opinión de los editores resulta “inviable” en la práctica ya que el algoritmo impone estar presentes en Google News, pues no hacerlo condicionaría su ventana de visibilidad en los resultados generales del buscador. Y añaden que el tráfico generado en los agregadores de noticias apenas revierte en los periódicos, sino que, en su mayor parte queda en el agregador.

Insisten, además en que la irrenunciabilidad del cobro de la tasa “es la única forma de defender a los periódicos pequeños frente al gigante de internet”. “Es una triste paradoja que la Comisión se sitúe a favor del gigante internacional, y en contra de los diarios españoles, que sí tributan, invierten y crean empleo en España”, señalan.

Por su parte, la Coalición Prointernet, que agrupa a empresas y medios digitales (Google, ADigital, Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Adslzone, 20minutos.es y eldiario.es, entre otros) ha saludado el informe y ha pedido al Gobierno “la retirada inmediata del polémico artículo” y que abra un proceso de diálogo con todas las partes.

Esta coalición recuerda que la postura de la CNMC no hace sino refrendar la oposición que ha suscitado el proyecto tanto en el plano político (todos los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la totalidad en el primer trámite parlamentario); en el social, con la recogida de más de 75.000 firmas contra la tasa, y de la empresarial, con el rechazo de la CEOE.

Cultura dice que es legal

BORJA HERMOSO

El Ministerio de Cultura muestra su sorpresa ante un informe a iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), cuando ya el proyecto ha superado el trámite de informe preceptivo de la CNMC y se encuentra en tramitación parlamentaria. Al mismo tiempo, el ministerio destaca que en este informe aborda aspectos que exceden su competencia, dejando de lado la regulación actual en materia de propiedad intelectual en el ámbito no digital. Por ejemplo, ya existe la obligación de remunerar por el uso de los contenidos, en los resúmenes de noticias conocidos como press-clippings.

Por ultimo, Cultura considera que la regulación propuesta en el proyecto de ley sobre el derecho de los editores y otros titulares de derechos por el uso de sus contenidos por agregadores de noticias en el ámbito digital es acorde con las directivas europeas en la materia y se encuentra en la línea ya abordada por países como Alemania. La directora general de Política e Industrias Culturales, Teresa Lizaranzu, opina: “Entendemos que hay cierto desconocimiento del asunto. Nosotros consideramos que el proyecto es compatible con el marco europeo”.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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