La justicia anula la privatización del agua de Alcázar de San Juan

La justicia ha anulado el proceso de privatización de Aguas de Alcázar, la empresa municipal de agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por irregularidades en la tramitación del contrato. El dictamen del Tribunal de Recursos Contractuales, del Ministerio de Hacienda, fue emitido el pasado 11 de abril y ha sido publicado este martes por el PSOE del municipio, la oposición en el pleno del Ayuntamiento. Fue una concejal socialista, Ana Belén Tejado, quien interpuso varios recursos contra el proceso de licitación y adjudicación de la empresa. El tribunal ha admitido uno de ellos.

La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar ha celebrado la resolución, aunque "con prudencia", en palabras de su portavoz Juan Garrido. "Es un paso. Nosotros reclamamos que si es un servicio municipal, debe permanecer público". La plataforma ha realizado numerosas campañas en los últimos meses para que el Ayuntamiento anulase la adjudicación: recogieron 11.000 firmas el año pasado, se encerraron cuatro días en el Ayuntamiento en febrero y organizaron en marzo una consulta ciudadana que en cuatro días recabó al menos 7.600 votos a favor de mantener en manos públicas el suministro. El pueblo tiene 32.000 habitantes.

El alcalde del municipio, Diego Ortega (PP), también es presidente de la empresa pública Aguas de Alcázar. Su plan era privatizar el 52% de la empresa durante 25 años a cambio de 141.922 euros de capital y otros 6,5 millones en forma de préstamo, con un interés al 4%. Esta porción de Aguas fue adjudicada el pasado 12 de marzo a una compañía constituida especialmente para la compra, llamada Aqualcázar. El regidor y la empresa firmaron el contrato sin notarios delante el 20 del mismo mes, un documento que no era vinculante según admitió el propio alcalde. El proceso fue paralizado cautelarmente seis días después, a la espera de que se resolvieran los recursos interpuestos por la oposición.

La oposición ya ha calificado con anterioridad a Aqualcázar como "empresa fantasma". Esta compañía fue constituida por Aqualia (que pertenece a FCC) el 7 de marzo, cinco días antes de la adjudicación, con un capital social de 3.000 euros, el mínimo requerido, según consta en el registro mercantil. "El pliego no cumple el principio igualdad entre empresas concursantes", afirma por teléfono José Fernando Sánchez-Bódalo, actual concejal socialista y exalcalde del pueblo. "La empresa no tenía ninguna garantía de solvencia con solo 3.000 euros. Si llega a pasar algo, ¿quién hubiera sido el responsable?". La resolución es definitiva, y puede ser recurrida en los próximos dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La alcaldía, gobernada en coalición por 9 concejales del Partido Popular y 2 de Ciudadanos por Alcázar (independientes fundados por un exmiembro del PSOE), argumenta que la privatización es necesaria para la sostenibilidad de la empresa porque Aguas tiene una deuda de 8 millones de euros. Los socialistas (que tienen 10 concejales) niegan que haya tal deuda. "Y en caso de que la hubiera, la empresa no tiene un problema porque el dinero solo se lo debe al Ayuntamiento", que según la oposición no tiene por qué cobrarlo.

El lunes Sánchez-Bódalo declaró como imputado en las diligencias previas que instruye el juzgado de instrucción número dos de la localidad, informa Efe. El motivo es la querella penal interpuesta en 2012 por el actual equipo de Gobierno por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos e irregularidades en la contratación de obras durante su gestión al frente de la empresa pública.