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Los pobladores de una selva contaminada exigen respuestas al Gobierno de Perú

La etnia kukama es la más afectada por una operación petrolera en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Más de 80% del ducto del lote 8X está sumergido en agua o enterrado

Derrame de petróleo en el lote 8X el 4 de diciembre pasado.
Derrame de petróleo en el lote 8X el 4 de diciembre pasado.

En la comunidad nativa Dos de Mayo San Pablo de Tibishca –departamento de Loreto, selva norte de Perú– los representantes de 70 comunidades de la etnia kukama firmaron un acuerdo el 20 de febrero luego de escuchar, la víspera, el resultado de monitoreos ambientales debido a la contaminación por petróleo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria y su zona de amortiguamiento, donde ellos viven. El último derrame de petróleo ocurrió en julio y los especialistas de cuatro entidades públicas tomaron las muestras en septiembre. Las conclusiones, cuatro meses después, se resumen en que el agua que beben no es apta para consumo humano, y los valores de metales, hidrocarburos y coliformes superan en 90 o 40 veces los niveles aceptados en los lugares donde pescan o en el suelo. Por ello, piden al Gobierno que declare en emergencia la zona y que la empresa Pluspetrol detenga el traslado de crudo hasta reemplazar los ductos en mal estado.

Los kukama son un pueblo aislado geográfica y culturalmente de la capital: para llegar a Dos de Mayo –en la zona de amortiguamiento de la Reserva– desde Lima, es necesario tomar un vuelo de casi dos horas a Iquitos, luego ir por tierra un par de horas a Nauta, y desde allí navegar en lancha seis horas.

Pese a que los estudios confirman la contaminación que los afecta, consideran un avance que representantes del Estado les entreguen en su territorio los resultados de los monitoreos.

“Ha sido un logro que el Estado vaya después de 40 años de operaciones petroleras que los afectan. Y la gran asamblea la han llamado histórica, debido a los acuerdos que han tomado”, explica a EL PAÍS Renato Pita, del Observatorio Petrolero de Amazonía Norte, colaborador en la organización de las reuniones en Dos de Mayo.

A fines de enero, el Ministerio de Ambiente convocó a dirigentes de las comunidades afectadas por el lote 8X para presentar los resultados preliminares de los estudios, pero por la distancia y el costo, pocos llegaron a la capital. “Tienes los ojos hundidos, apu (jefe o sabio, en lengua nativa)”, le comentó entonces un delegado a Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), al día siguiente de escuchar el informe en Lima. López cogió una gripe en el largo trayecto.

Pita relata que a la asamblea del 19 y 20 de febrero llegaron unos 500 apus, “cada uno acompañado de tres o cuatro delegados y a veces con madres indígenas e hijos. Han sido más de 1.500 personas, sin contar a los representantes del Estado, y llegaron dirigentes de dos centros poblados no indígenas que también se encuentran en la cuenca del río Marañón”.

Pero el desempeño del Estado en Dos de Mayo tuvo deficiencias. “Fue una simple presentación de resultados en un powerpoint que no se veía bien por la luz, los funcionarios no daban explicación de las cosas, ni alternativas al desastre. Los líderes de las comunidades les decían ‘nos informan que estamos contaminados pero el Estado no da respuesta a nuestras preguntas’. Los técnicos contestaron que no era su competencia”, describe Pita.

La Reserva Nacional Pacaya Samiria es uno de los entornos de mayor biodiversidad del mundo, protege el área de bosque inundable más grande de la Amazonía, y está inscrita en la Convención Ramsar de humedales desde 1992.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) midió la calidad de suelos y aguas superficiales en la base petrolera Yanayacu y el recorrido del oleoducto. Encontró bario, cadmio, plomo, mercurio y arsénico –derivados de petróleo–. Tomó muestras en 60 puntos, y de ellos solo 11 figuraban en el documento de gestión ambiental de la empresa. De los 49 no declarados por Pluspetrol, 23 puntos tenían al menos un contaminante, en algunos alcanzaron 95, 47 o 22 veces los estándares nacionales de calidad ambiental.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tomó muestras en 30 puntos –lagunas, ríos y quebradas de las cuencas de los ríos Marañón y Samiria- y encontró arsénico, plomo, zinc y mercurio en valores muy superiores a los estándares nacionales.

Un boletín del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte indica además que la ANA detectó contaminación por cloruros y derivados de petróleo -que afectan gravemente la salud- no solo en la zona de amortiguamiento de Pacaya Samiria, sino en la misma reserva.

El informe del organismo regulador de energía y minas, Osinergmin, indica que el 80% de los ductos está sumergido, enterrado o sobre el suelo, incumpliendo las normas, y las tuberías están en mal estado y abandonadas.

Ricardo Segovia, un ingeniero de la ONG E-Tech, que preparó un informe a pedido de Acodecospat y acompañó en septiembre la toma de muestras por parte de las entidades públicas, comentó a EL PAÍS que dichos ductos deberían tener una estructura de soporte en el agua, la cual no existe. “Ello aumenta la probabilidad de que ocurran derrames por fallas estructurales”, anota.

Desde el año 2000, San José de Saramuro, la localidad por donde pasa el ducto, ha sufrido derrames de petróleo. En 2013, el Estado declaró la emergencia ambiental por las operaciones de la misma empresa en las cuencas colindantes de los ríos Pastaza y Corrientes (Lote 1AB, cuya concesión termina en 2015), aunque las medidas para atender la salud de las poblaciones y proveerles agua segura aún no se concretan, como dijo recientemente la Defensoría del Pueblo. Las comunidades de las cuencas del Marañón y del Samiria exigen, igualmente, la declaración de emergencia social y ambiental. Piden que Pluspetrol suspenda el transporte de petróleo crudo hasta que reemplace la infraestructura deteriorada, sin embargo, no ha habido respuesta del Estado ni de la empresa.

La única reacción posterior a la asamblea kukama ha sido la del Vicario Apostólico de Iquitos (capital de Loreto), monseñor Miguel Olaortúa. “Toda esta realidad contaminante que presenta el Informe pone en grave riesgo la salud de nuestros pueblos y de nuestra gente. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo que favorezca un desarrollo sostenible y la salud de las personas, especialmente de aquellas que, por estar situadas a lo largo de los ríos y lejanas a las grandes urbes, gozan de menos medios y recursos. Debemos ser solidarios. Y no es cuestión de fe, sino de solidaridad humana y de responsabilidad social”, dijo en un comunicado distribuido en Loreto el miércoles 26.