“Murió sin cobrar las ayudas”

Cuando los trabajadores sociales denuncian que el sistema de dependencia está en retroceso, que la lista de espera se reduce en buena medida por las miles de personas que mueren atascadas en los trámites para acceder a las ayudas o que hay regiones que hacen lo posible para no pagar lo que deben a los dependientes se refieren a casos como el de Amparo Caplliure.

“Es indignante todo lo que hemos tenido que pasar”, explica su hijo Rafael Miralles, “la ley te reconoce unos derechos, pero luego te ignoran, te ningunean y te los niegan”. Su madre, Amparo, enferma de alzhéimer, solicitó las ayudas a la Generalitat valenciana en octubre de 2008 y murió tres años después, en noviembre de 2011, sin cobrar un solo euro.

Solo después de que sus dos hijos acudieran a los tribunales, la Administración ha tenido que hacer frente —tarde y a la fuerza— a sus obligaciones.

La Generalitat solo se dio prisa con Amparo en el primer trámite. La fecha de registro de la solicitud es del 23 de octubre de 2008. Un mes después, el 17 de noviembre ya tenía reconocida su consideración de gran dependiente con derecho a ayudas. Por entonces, las autonomías cobraban del Estado por los usuarios valorados, aunque no les atendieran

, como indica Sandra Casas, abogada de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Valencia. Ello daba lugar a casos como el de Amparo, en el que autonomías se quedaban con el dinero de los fondos estatales que recibían por los usuarios aunque no les prestaran ayuda.

A partir de entonces, el expediente entró en vía muerta. La enfermedad seguía su curso y cada vez era más difícil cuidarla en casa. “Hasta dos veces se dejó el gas abierto”, recuerda su hijo. Rafael y Amparo decidieron que el mejor lugar donde atender a su madre sería una residencia. Como la ayuda no llegaba, decidieron complementar con su dinero la pensión de poco más de 400 euros que recibía hasta cubrir los 1.500 euros del coste mensual de la plaza.

Así pasaron dos años, esperando a que la Generalitat moviera ficha, hasta que un día, en junio de 2011, llegó la notificación del Plan Integral de Atención (PIA). Por fin se reconocía el derecho de Amparo de percibir 625 euros al mes en concepto de prestación económica para acudir a una residencia privada a los que habría que añadir la suma de 13.579,85 euros por retrasos. Pero transcurrían los meses, y en la cuenta de Amparo no había ni rastro del ingreso de la Generalitat.

Harto de esperas, Rafael se interesó en distintas ocasiones por el expediente de su madre, sin ningún éxito. “Hice escritos de todo tipo a la consejería sin que, a día de hoy, haya recibido respuesta”. También acudió a la sede de Bienestar Social con el mismo resultado. De las quejas al Defensor del Pueblo y su versión valenciana, el Síndic de Greuges, Rafael directamente se ríe con amargura: “El síndic por lo menos me contestó, pero lo que me trasladaba era básicamente la información que yo le había dado”.

El 5 de noviembre de 2011, tres años y dos semanas después de haber enviado la solicitud, Amparo murió sin haber recibido ninguna ayuda de la ley. Y desapareció de la lista de espera de la dependencia. “Mi madre murió y nunca cobró. Se han cargado esta ley”, apunta Rafael. “Se gastan el dinero en otras cosas, cuando esto es lo más importante: atender a las personas mayores que se merecen una ayuda”, añade su hermana.

Los hermanos Caplliure esperaron unos meses y en mayo de 2012, decidieron ir a por todas y llegar hasta los tribunales si hacía falta. “Quieren que te canses, que desistas, la táctica está muy clara”, comenta Ramón.

Primero formularon un requerimiento de pago a Bienestar Social por vía administrativa. En total, el Gobierno valenciano les debía 18.985 euros por las ayudas a la dependencia de su madre que reconoció y se comprometió a pagar, pero nunca abonaron. La respuesta, otra vez, fue el silencio.

La etapa siguiente era la vía judicial, camino que iniciaron en diciembre del año pasado. La Generalitat se negó a pagar. “La excusa que plantearon fue ridícula, dijeron que no habíamos acreditado que Amparo hubiera estado en una residencia, cuando teníamos todas las facturas”, relata Sandra Casas, abogada de los hermanos Miralles. Una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra la que no cabe recurso, no deja lugar a dudas. Anula el rechazo de la Generalitat por silencio administrativo a pagar las ayudas de Amparo y concede a sus hijos el derecho a cobrar los 18.958,91 euros, más intereses.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social no entran en este caso en concreto, aunque sostienen que lo habitual es que en cuanto los beneficiarios reciben la resolución y aportan las facturas (en este caso de la residencia), “se paga”.

A Rafael y Amparo el procedimiento les ha costado 3.500 euros. No todo el mundo tiene las ganas ni, sobre todo, la capacidad económica para llevar a la Administración a los tribunales. “La justicia está para quien pueda pagarla”, apunta el hijo de Amparo, “pero yo animo a todo el mundo que pueda que siga nuestros pasos”. La satisfacción “es más emocional” que por el dinero cobrado. “Al final, mi madre ha cobrado la dependencia”, concluye.