Castilla y León diseña una red de asistencia integral contra la pobreza

Las familias de Castilla y León más castigadas por la crisis que se encuentran en situación de vulnerabilidad cuentan desde este viernes con un servicio de atención integral para dar respuesta a sus necesidades más básicas y combatir el riesgo de exclusión social.

Coordinada por el Gobierno autonómico, la Red de Protección que este viernes ha presentado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, suma todos los recursos, tanto públicos (autonómicos, de Ayuntamientos, diputaciones) como los privados (desde Cáritas hasta empresas agroalimentarias) para que ningún ciudadano “pase un día sin comer, viva sin el techo de un hogar o carezca de una mínima garantía de rentas”, según Herrera.

Esta iniciativa prevé llegar a 100.000 beneficiarios de unos 40.000 hogares gracias a una dotación presupuestaria de 145 millones de euros para el año 2014 (un 30% más que este año).

"Hemos incorporado a toda la sociedad en un modelo de gestión liderado por la Administración, en el que coordinamos la solidaridad que prestan todos los agentes para dar una respuesta rápida, eficaz y personalizada a las personas afectadas por la crisis", relata la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.

El programa se sostiene sobre dos pilares: la atención urgente a las personas necesitadas y la orientación hacia la inserción social y laboral. De hecho, cuenta prevé crear 2.000 puestos de trabajo para personas perceptoras de la renta de ciudadanía dentro de entidades del tercer sector financiadas por la Administración.

Cada persona o familia que necesite ayuda contará con un plan de intervención personalizado en función de las necesidades particulares que presente su situación. La Red da derecho a acceder, de forma simultánea o sucesiva, a un grupo de 23 servicios o prestaciones para paliar la situación de precariedad en la que se encuentren.

La puerta de entrada a la red de protección son los accesos convencionales (centros de acción social, gerencias territoriales de los servicios sociales, empleo) y el teléfono de atención de la Junta 012, donde los operadores derivarán a los usuarios hacia el recurso que se ajuste a sus necesidades.

A partir de este momento se diseña el plan de atención individual que puede consistir en el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, ayudas de emergencia social o económicas dirigidas a parados a través del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), alojamiento de urgencia o medidas de fomento del alquiler.

A ello se añaden otros servicios como el de apoyo a familias en riesgo de desahucio, de ayudas (hasta 3.195 euros anuales) para prevenir el riesgo de impago de las cuotas de la hipoteca, un plan de distribución de alimentos, de apoyo familiar para la inclusión social o de mejora de la convivencia familiar.

La red obedece a un gran acuerdo entre el Gobierno de Castilla y León y las entidades del tercer sector (Cáritas, Cruz Roja, Red de Pobreza, bancos de alimentos), los agentes sociales y económicos (sindicatos, empresarios), así como empresas de servicios o el poder judicial, que tendrá en cuenta los informes emitidos por la Junta en los casos que lleguen a los tribunales.

También se ha llegado a pactos con entidades financieras para que la Administración pueda tener el papel de interlocutor en lugar de las familias y evitar problemas derivados del impago de la vivienda. La coordinación entre todos ellos pretende evitar duplicidades, ofrecer respuestas rápidas y adaptadas a cada caso.