Los científicos forman un frente para salvar la I+D del colapso

En medio de una escasez presupuestaria extrema y continuada que ha colocado al sistema español de I+D al borde del colapso, los investigadores afrontan los próximos meses con preocupación rayana en la alarma. Las sociedades científicas, rectores, sindicatos y asociaciones están intentando reunirse con Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad (con las competencias de I+D), y con la vicepresidenta del Gobierno para exponer la situación y lo que está en juego en estos Presupuestos Generales. De momento han empezado a reunirse esta misma semana con los grupos parlamentarios para intentar recabar su apoyo cara al debate presupuestario inminente. “La I+D está agotada tras la sequía que lleva padeciendo en los últimos años. La situación es límite y seguramente una parte será ya irrecuperable”, alerta Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). “Pero el hermetismo del Gobierno es total y las peticiones de entrevistas con la vicepresidenta siguen sin ser contestadas”, añade. En una carta abierta en EL PAÍS, Andradas pide al ministro de Economía, por boca del colectivo, que no les “defraude”, que incremente el presupuesto y que lo haga en la partida de subvenciones.

Los científicos, que hablan de una sola voz, no van a esperar quietos. Coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Ministros el próximo viernes 27, grupos de jóvenes científicos han anunciado diversas acciones dentro de la celebración de La noche de los investigadores de este año, y el colectivo Carta por la Ciencia prepara nuevas movilizaciones una vez analizado el borrador de presupuestos ante una situación insostenible, adelanta el presidente de la COSCE.

Dicho colectivo Carta por la Ciencia, integrado por la CRUE, los sindicatos (CC OO y UGT) y asociaciones de científicos, además de la COSCE, exige que se retomen los niveles de financiación pública de 2009, que ha caído de 4.276 millones de euros a 2.267 millones (excluido el capítulo de préstamos) y propone recuperar la inversión en los tres próximos años, con un incremento anual de 636 millones de euros. “De esta forma, podríamos comenzar a recuperar nuestra posición en Europa en cuanto a inversión pública en I+D y con ello marcar una senda de futuro para el país”, dice el colectivo.

La realidad es que, tras cinco años de duros recortes , sufriendo una inexorable fuga de cerebros, con las plantillas de investigadores desmoronándose y el sistema de I+D plagado de retrasos y compromisos sin pagar, la ciencia española afronta un otoño caliente. La I+D necesita oxígeno urgente porque se está produciendo el “desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear”, advertía antes del verano Carta por la Ciencia, que recogió más de 80.000 adhesiones a su segunda carta de denuncia y propuestas para salir del atolladero.

De los problemas que sufre el sistema español de I+D se han hecho eco a menudo la prensa internacional y las revistas científicas más prestigiosas del mundo. “El gasto en I+D del Gobierno [español] se ha recortado en un 40% desde 2009, a pesar de que el presupuesto español está en los ranking mucho más abajo que otros países europeos”, recalcaba The Financial Times hace tres meses. Ponía un ejemplo: desde universidades y centros de investigación llegan quejas porque a veces no tienen dinero para pagar guantes, batas de laboratorio y material básico como nitrógeno líquido”. La revista Nature hablaba en julio de científicos “encolerizados”, “enfurecidos”, ante las medidas presupuestarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Conozco excelentes científicos que no tienen los medios para investigar y lo peor es que muchos tienen que irse de España”, declaró Peter Gruss, presidente de la Sociedad Max Planck alemana, cuando le fue comunicado el premio Príncipe de Asturias este año a dicha institución.

Carmen Vela, secretaria de Estado de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, ha repetido en los últimos meses que la situación es difícil pero no trágica, recalcando los efectos de la grave crisis económica que sufre España.

Pero los problemas del sistema de I+D no se limitan al dinero, aun cuando la financiación sea un escollo gigantesco. Otros atolladeros preocupan igualmente a los investigadores:

• Retrasos y cancelaciones. Ni una de las convocatorias importantes de proyectos de investigación, contratos o programas se han convocado, resuelto y financiado en los plazos habituales desde hace dos años. El caso más significativo es el de los proyectos del Plan Estatal de I+D+i. La última convocatoria se hizo en 2011, no salió la resolución publicada en el BOE hasta enero de 2013 y los científicos no empezaron a recibir la financiación hasta este verano. Además, se aprobó el pago en cuatro anualidades, pese a la duración de tres años de los proyectos, y luego se rectificó volviendo a la trienalidad habitual. Un total de 3.184 proyectos están afectados y el presupuesto total para tres años era de 309 millones de euros. Alrededor de 6.000 científicos están pendientes de la siguiente convocatoria, que Economía no hizo en diciembre pasado y que ha ido aplazando: en mayo, antes del verano, en julio, en septiembre... Dado que una convocatoria de proyectos exige como mínimo nueve meses para completar la evaluación, selección y resolución, los científicos que resulten seleccionados no podrán recibir el dinero para empezar a trabajar a principios de 2014.

• Tampoco las convocatorias de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para científicos formados y en formación, respectivamente, se han sacado, resuelto y financiado en los plazos previstos, además de sufrir recortes drásticos en número de plazas. En el caso de los contratos Juan de la Cierva, además, la resolución de los seleccionados en la última convocatoria está lista desde mayo y la Secretaría de Estado no ha publicado la propuesta de resolución final hasta la semana pasada. Han sido cinco meses de inútil espera para los elegidos. En esta situación de incertidumbre constante, los científicos se quejan de que tienen que estar diariamente más pendientes del BOE y de los rumores sobre convocatorias, plazos y pagos que de su investigación. Cinco centros de alto nivel fueron elegidos, en octubre de 2012, con las distinciones “de excelencia”; Economía no sacó la resolución definitiva hasta ocho meses después.

• Recursos humanos. La sequía de puestos de trabajo para los investigadores, no ya la creación de nuevas plazas, está estrangulando el sistema de ciencia, que no se ha incluido entre las excepciones a la tasa de reposición general del Estado de uno por diez. Es decir, que de cada diez científicos que se jubilan, como mucho puede entrar uno nuevo. Y la edad media de los investigadores en España, en instituciones como el CSIC, sobrepasa ya los 50 años, y aumentando. En el CSIC se han cancelado todos los contratos JAE y, el año pasado, por no renovación, se perdieron unos 1.200 puestos. Este año rondará la misma cifra. Los contratados Ramón y Cajal (800 al año hace una década) se convocaron por última vez y con retraso de varios meses en octubre de 2012 y solo con 165 plazas. Además, los científicos que acaban los cinco años de contrato, tras pasar las evaluaciones, no encuentran modo de estabilizarse laboralmente. La buena noticia en recursos humanos ha sido la primera convocatoria de Formación de Personal Investigador, que ahora por primera vez, y cumpliendo la Ley de la Ciencia de 2011, significa cuatro años de contrato en lugar de becas.

• El CSIC. Con una reducción del 30%, desde 2009, en las transferencias que recibe anualmente del Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sufre la peor crisis que se recuerda. Tocó fondo este verano, cuando el Gobierno respondió con una asignación de emergencia de 25 millones de euros que suponen solo una cuarta parte de los 100 reclamados por su presidente, Emilio Lora Tamayo, como imprescindibles para mantener sus institutos. El ministro de Economía ha declarado repetidas veces que el Gobierno no dejará hundirse al CSIC. Pero la Secretaría de Estado de I+D+i cuenta, como mucho, con otros 50 millones de ayuda a la institución este año y los otros 25... tal vez en 2014. En julio el CSIC estalló en llamas cuando Lora Tamayo anunció una limitada disposición de los fondos de investigación, independientemente de que fuera dinero obtenido por los propios científicos en convocatorias competitivas españolas o internacionales. Muchos lo calificaron de corralito, con tanta indignación como preocupación por las perspectivas de su trabajo. Un adelanto de las transferencias del tercer trimestre de este año es el bálsamo ideado por la secretaría de Estado para que el CSIC pueda hacer frente a facturas y salarios inmediatos. Pero el problema sigue pendiente.

• Agencia de Investigación. La comunidad científica española lleva reclamando desde hace una década la creación de una Agencia Nacional de Investigación, un organismo de gran autonomía científica que confiera estabilidad a la gestión de la ciencia al margen de vaivenes políticos, así como el necesario escenario económico plurianual para poder planificar y optimizar la inversión española en I+D. El referente a copiar es el exitoso Consejo Europeo de Investigación. Tan claro lo tenía Vela cuando asumió el cargo (a principios de 2012) que puso la agencia como prioridad de su gestión y se comprometió con una fecha máxima: junio de 2012, cuando acababa el plazo que estipula para la creación de la agencia la Ley de la Ciencia, el Desarrollo y la Innovación de 2011. No se ha cumplido ese mandato legal.