El conflicto lingüístico sacude Baleares

El conflicto lingüístico ha estallado con virulencia en la escuela y la política de Baleares. ¿El motivo? El inminente vuelco al modelo decretado por el Gobierno del PP, que implica establecer una enseñanza trilingüe —Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL)— en perjuicio del castellano y el catalán. La iniciativa no gusta ni a un amplio sector de la comunidad educativa, que prepara una huelga para comienzo de curso, ni a muchos concejales del PP, que han sido llamados al orden por la dirección del partido, por rechazar o abstenerse ante los planes de su presidente, José Ramón Bauzá, en mociones simbólicas votadas en sus municipios. La polémica se ha llevado por delante a un consejero de educación, varios inspectores de enseñanza y a directores de centros públicos. “Las normas están para cumplirse”, indica el presidente balear José Ramón Bauzá, PP. “Si no sería la selva”, advierte la portavoz conservadora Mabel Cabrer.

El catalán ha sido durante tres décadas lengua vehicular mayoritaria en Baleares. De hecho, en buena parte de las escuelas públicas se ha aplicado una inmersión lingüística parcial, sin tensiones. Con la nueva normativa —que entrará en vigor en septiembre y destaca que tanto el catalán como el castellano pueden ser lenguas vehiculares en las aulas en un mismo plano—, se rompe el esquema actual de dos lenguas en equilibrio, con protección a la autóctona, al establecer que las tres —catalán, castellano e inglés— sean objeto de enseñanza y aprendizaje en sí mismas y a la vez “una herramienta para impartir materias” siempre “de manera equilibrada entre las tres”. Cerca de 3.900 profesores han sido preparados para impartir clases en inglés, según el Gobierno. “Darán en inglés, música, ciencias o matemáticas. Vamos a ver con qué nivel porque faltan muchos docentes capacitados”, avanza una profesora, Mariantònia, recién jubilada.

Los sindicatos han convocado una huelga para septiembre

La consecuente rebaja de peso horario del catalán en el aula ha encendido los ánimos. “La finalidad que se persigue es hacer retroceder el uso del catalán en la enseñanza”, denuncia Biel Caldentey, portavoz del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de las Islas Baleares (STEI), mayoritario con 3.000 afiliados. “Existe en las políticas educativas una estrategia de confrontación deliberada, una provocación sistemática para crear conflictos”, continúa.

El presidente Bauzá, que ganó en 2011, se jacta de que “elimina la imposición, el modelo de inmersión lingüística [en catalán]” para que los padres puedan elegir la lengua vehicular desde la educación infantil.

Vindica la mayoría social frente a la minoría que se opone. Para acelerar su reforma, destituyó al consejero de Educación —Rafael Bosch, que fue su profesor— y hasta 17 inspectores de Enseñanza fueron removidos para desplegar los proyectos de centros. El inspector retirado, Pere Carrió, socialista, ve una operación meditada. “Bauzá dictó: ‘¡La reforma se aplica ya, o caerán cabezas!”. El intento de que el presidente Bauzá acudiera a explicarse al Parlamento este verano ha fracasado.

La llamarada de este inédito conflicto lingüístico en Baleares ha ido creciendo por el cese y sanción económica por parte de la consejería de Educación a directores de tres institutos de Mahón, Menorca, cuyos claustros y consejos escolares objetan al decreto. La mano dura se justifica en que son funcionarios y no pueden desobedecer las órdenes que emanan de la autoridad que ellos mismos representan. “Se trata de una ilegalidad manifiesta”, afirma la FAPA (Federación de padres y madres de alumnos), que no descarta acciones legales para “parar este despropósito”. El diputado socialista Lluís Maicas ve una “purga ideológica”.

El tema crea dudas en el poder. En Menorca, a causa de las tensiones, han caído sucesivamente dos delegados de Educación. El último aupado para apagar el conflicto, Guillem Ferrer, diácono laico, exdirector de la Cope-Menorca, se definió un hombre de Dios y profesor de Religión. Ferrer renunció por “el malestar que su nombramiento ha generado entre la propia comunidad cristiana”. El anterior delegado, Julián Hernández, confesó que “las cosas no se pueden hacer de esta manera”, con una implantación general y urgente del TIL. “La escuela no es una fábrica de muebles”, lamentó.

En julio y agosto, en dos decenas de Ayuntamientos de Baleares se han votado mociones simbólicas contra la reforma. La presión local de los nacionalistas y la izquierda llevó a concejales del PP a no apoyar la política oficial. El partido de la mayoría, que ve maniobras de boicoteo programadas, llamó al orden a todos sus alcaldes. El Gobierno defiende que “la educación plurilingüe se entiende como valor añadido”. “¿Quién no quiere que sus hijos dominen tres lenguas?”, repiten los cargos del PP.

Otra norma prevé multas de 10.000 euros al centro que exhiba ‘senyeras’

A un mes vista, la apertura de las aulas se presenta compleja. Aunque el Gobierno señala que “todo transcurrirá con normalidad”, se ha iniciado una recogida de firmas entre profesores para respaldar el anuncio de una convocatoria sindical de huelga indefinida en las escuelas e institutos, para el inicio del curso, el 15 de septiembre. El PP resalta que los dos paros del pasado curso “solo” los siguieron 2.000 profesores de 16.000. Antoni Quintana, presidente de la Asociación de Directores de Instituto, replica que esta reforma lingüística inquieta y moviliza más que los recortes. Igual que la ley de símbolos balear, que permite multas de hasta 10.000 euros por exhibir senyeras catalanas en las fachadas de los centros, extendido símbolo de rechazo al modelo lingüístico del PP.

Antoni Camps, economista diputado del PP, ataca a este núcleo de profesores “radicales” que están contestando la medida. Les acusa de haber formado parte de “una dictadura que ha intoxicado durante años al alumnado”. Se lamentan de esta normativa porque no podrán, ahora, “adoctrinar y dar mítines” en las aulas.

El Gobierno de Bauzá justifica los cambios a la luz que emana de casos judiciales surgidos por problemas en otros territorios. El Boletín Oficial de Baleares, en el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), indica que “la cooficialidad de las dos lenguas en la enseñanza ha sido reforzada especialmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo [por pleitos desde Cataluña] que han manifestado reiteradamente que, en aquellas comunidades autónomas que tienen una cooficialidad de lenguas, las dos deben ser tratadas como lenguas vehiculares en todas las etapas educativas”.

El Partido Popular asume que el Estatuto de Autonomía de Baleares establece que las instituciones “garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas” y que han de actuar para “asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos”.