Los españoles podrán operarse en cualquier país de la UE

El principio del libre mercado europeo llega a la asistencia sanitaria. El Consejo Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar la próxima semana el proyecto de real decreto que establece las normas para la atención sanitaria transfronteriza. Según el texto, cualquier español tendrá derecho a tratarse en otro país de la UE con cargo a su comunidad autónoma y los europeos podrán venir a España a recibir atención, pagarla y reclamar luego el importe a su país. El texto considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse más de 180 días (el plazo máximo establecido para 700 procedimientos quirúrgicos) tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que calcula el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5 millones de euros al año.

La norma que ultima el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza, aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro de la UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes expectativas entre los hospitales privados españoles, que se preparaban desde hace meses para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a España a tratarse con cargo a la sanidad pública de su país.

El Gobierno calcula que las autonomías desembolsarán 27,5 millones de euros

Pero la movilidad funcionará también en sentido contrario: los españoles que opten por recibir fuera de España un servicio incluido en la cartera básica de salud podrán acordar con el centro que quieran esta atención, abonarla de su bolsillo y exigir luego el reembolso a su comunidad autónoma o a las mutualidades de funcionarios. Esta opción, pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que puedan pagar la intervención por adelantado, una condición que exige el proyecto de real decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial. Además, las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente el que deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más caro.

La libre elección será total para la mayoría de los tratamientos que no requieran hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor sin ingreso (como la mayoría de las cataratas, los juanetes o las extirpaciones de hernia), pruebas diagnósticas o tratamientos, por ejemplo, de rehabilitación.

El proyecto pone en evidencia una gran paradoja: un ciudadano de Madrid no puede optar por operarse en otra comunidad autónoma o en un hospital privado y pasarle la factura a la sanidad madrileña, pero sí podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE. “En los términos actuales de legislación española y comunitaria, un paciente español tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte el texto, que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede originar reclamaciones económicas.

Las intervenciones que requieran pasar al menos una noche de hospital y las prestaciones más complejas sí necesitarán autorización previa por parte de la comunidad autónoma. Y, para evitar que los pacientes se salten las listas de espera, el decreto establece entre las causas de denegación del permiso aquellos tratamientos que en su comunidad se puedan prestar en un plazo que sea “médicamente justificable”, un criterio subjetivo pero que se intenta afinar con una evaluación clínica y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.

La atención a extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá, en principio, un coste extra para las comunidades. Adelantarán el importe y sus países lo reembolsarán después. Pero el texto sí alerta del peligro de que esta asistencia acabe repercutiendo en un incremento de las listas de espera para los españoles. Supondría, advierte la norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría en un coste “no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia del sistema”.