Ecologistas exigen el derribo de un chalé ilegal que ocupa la segunda cima de Ibiza

Una ‘condena de piqueta’. Un grupo ecologista reclamó ayer el derribo de un chalé de lujo en Ibiza que lleva pendiente de ejecutar ocho años. El Tribunal Superior de Justifica de Baleares dictó una sentencia firme en 2006 que consideraba la edificación ilegalizable porque se levanta en un terreno doblemente protegido: por ser área natural y por ocupar la cumbre de una montaña.

La residencia, de 330 metros cuadrados, ocupa la segunda cima más alta de Ibiza, de 436 metros de altura, un entorno amparado por sus valores naturales y relieve paisajístico. El ámbito está protegido por Ley de Espacios Naturales (LEN) de 1991 y las Normas Subsidiarias de Sant Josep, de 1986.

El Grupo de Estudios de la Naturaleza-Grupo de Ornitologia Balear (GEN-GOB), que impulsó las denuncias, se personó en el juzgado para exigir la demolición forzosa del edificio ubicado en Puig d’en Serra (es Cubells), en el municipio de Sant Josep. La lucha para conseguir su derribo comenzó hace 17 años. "Queremos que se deje de burlar la ley y se cumpla la sentencia de demolición", aseguró su portavoz Neus Prats. El representante anunció denuncias penales por desobediencia contra las autoridades que esquiven sus responsabilidades. "En Ibiza nunca pasa nada y por todas partes campan las ilegalidades urbanísticas", añadió.

La Audiencia de Palma consideró en 2007 que el chale nació de “una ilegalidad que estremece, espeluzna y horripila” gracias a una licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep y en una “clara, patente y clamorosa vulneración de la legalidad” que no podía atribuirse a un simple error o ignorancia.

En 2009 ya fue derribada otra mansión de 3.000 metros cuadrados construida encima de una montaña.

La decisión municipal generó, según los jueces, “una injusticia clara y manifiesta” pero el acto quedó impune. El Ayuntamiento otorgó de manera ilegal la licencia y al ser juzgado el alcalde histórico de Sant Josep, José Serra Escandell, quedó absuelto por haber prescrito el plazo de persecución penal del delito.

Durante los cuatro años de mandato de la izquierda en Ibiza y Sant Josep (2007-2011) las iniciativas para la demolición del chalé no cuajaron por dilaciones y cuestiones de trámite burocrático. El presupuesto del derribo era de unos 150.000 euros.

En 2009 ya fue derribada en Ibiza la mansión ilegal de Can Cretu, también por por impulso del GEN-GOB. La construcción tenía más de 3.000 metros cuadrados y también estaba construida encima de una montaña. Aquel episodio fue un hito global para los ecologistas.