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VIDA & ARTES

Pueblos que sortean la bancarrota

Medio millar de municipios piden al Gobierno un plan urgente de rescate por el derroche

Algunas poblaciones recurren a estrategias imaginativas para paliar la crisis

Francisco José Fraga, alcalde del Ayuntamiento orensano de Piñor.  Nacho Gómez
Francisco José Fraga, alcalde del Ayuntamiento orensano de Piñor. / Nacho Gómez

El Ayuntamiento de Monasterio de la Sierra, en la provincia de Burgos, es oficialmente el más endeudado de España. Sus 48 habitantes tendrían que pagar 8.520 euros si quisiesen liquidar la deuda municipal generada durante el anterior mandato. El exalcalde, Jesús María Esteban (PP), puso en marcha una casa rural al borde de un embalse que se iba a construir en Castrovido, junto al río Arlanza (al oeste de la provincia). La presa, que se cobró la vida de cuatro obreros al inicio de las obras, se estancó justo cuando comenzaba a golpear la crisis. Sin embargo, la edificación de la casa rural siguió adelante. Pero sin un pantano que sirva para atraer visitantes, los 400.000 euros que costó el establecimiento son una carga inasumible para las arcas municipales.

Esteban justifica una decisión de la que, en el fondo, no se arrepiente: “El pueblo vive esencialmente de la ganadería. Hay seis explotaciones activas y un chico acaba de colocar 400 colmenas. Pero no todo el mundo tiene este tipo de iniciativas. ¿Qué íbamos a hacer? El dinero está ahí, nadie se lo ha llevado”, anota. El suyo es un caso atípico: la tesorería de Monasterio de la Sierra presenta un saldo positivo de 221.000 euros, un fondo que en el banco renta más que los intereses que tienen que pagar por el crédito a 15 años que pesa sobre el establecimiento turístico. Pese a ser un ejemplo de gasto desproporcionado, bajo esa fórmula han encontrado una curiosa vía para “ahorrar”, esperando que el embalse termine siendo un imán para visitantes. Gracias a eso, dice Esteban, el actual alcalde podrá esquivar el plan de rescate que acaba de aprobar el Gobierno para 536 municipios en la ruina.

Como ha recordado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en España hay medio millar de pueblos y ciudades incapaces de hacer frente a sus obligaciones, que sin la ayuda del Gobierno se bloquearían. La mayoría están en comunidades costeras (Andalucía, Valencia) que no han sabido gestionar el desplome de ingresos provocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aunque otra buena parte pertenecen a Castilla-La Mancha.

Según los últimos datos facilitados por Hacienda, en 2012 los ingresos de los 8.116 Ayuntamientos españoles crecieron un 2% y los gastos bajaron un 5,6%. Las víctimas han sido las 75.024 personas que han perdido su puesto de trabajo entre enero de 2011 y julio de 2012. Las inversiones han caído casi un 20%. Ejemplos como el de Torrevieja (Alicante, del PP), que ha bajado un 30% las retribuciones de los ediles, y tiene un 40% menos de plazas de eventuales; o el de Elche (PP), que redujo el personal laboral, los asesores y las dedicaciones exclusivas de sus concejales, se repiten por todo el país. Se han vuelto usuales las renegociaciones con los proveedores y la creación de centrales de compras para ahorrar.

El alcalde de Noia sustituyó por las tardes a un bedel como protesta

José Ramón Pin, profesor del IESE, explica que, con todo, “el peso de la Administración local en el déficit no es tan grave”. “En los últimos años han hecho un esfuerzo importante porque se les han desplomado una de sus principales vías de ingresos por el desplome de la construcción. En compensación han subido el Impuesto de Bienes Inmuebles, las basuras… no les queda más remedio que reducir. El problema es que en época de vacas gordas fueron asumiendo servicios que ahora no pueden mantener, las llamadas competencias impropias”. En España, 3.457 Ayuntamientos presentaron superávit en 2012 y podrán utilizarlo para inversiones “sostenibles”, que no generen déficit futuro, una demanda de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que ha recibido luz verde del Consejo de Ministros.

Lo difícil es encontrar estrategias para salir del paso intentando que el empleo y los servicios se vean afectados lo menos posible. El alcalde socialista de Noia (A Coruña), Rafael García, ha decidido dedicar las tardes a cubrir la baja del bedel del conservatorio del municipio costero gallego. Durante tres horas controla a los alumnos mientras despacha asuntos municipales. Ahora que han terminado las clases regresa a su oficina, pero no deja de protestar. “No fue una medida de ahorro, lo hice para llamar la atención sobre la norma que obliga a una tasa de reposición cero del personal”. Se ha acostumbrado a las miserias de un presupuesto escuálido. Cuando llegó a la alcaldía en 1999, con solo 25 años, recuerda que la deuda “estaba disparada un 110%”. Ahora el municipio tiene un superávit de 300.000 euros que quiere reinvertir para dinamizar el pueblo.

A una hora y media en coche hacia el interior se encuentra el Ayuntamiento orensano de Piñor (1.400 habitantes repartidos en 63 núcleos de población). Ofrece a sus vecinos servicios de fisioterapia, lavandería a domicilio, educadora social para menores, programas contra el alcoholismo, club de lectura, refuerzo escolar para los niños, acciones de voluntariado y hasta book-crossing, un sistema de préstamo de libros que consiste en depositar las obras en distintos puntos del pueblo para que las pueda leer quien esté interesado. Además, está reduciendo la factura municipal con un programa de compostaje doméstico. Según explica su alcalde, Francisco Fraga (PSOE), el municipio facilita contenedores para que sean los vecinos los que hagan la separación de restos orgánicos. “Les damos unas etiquetas con una clave que pegan en las bolsas para medir la eficacia. En 2007 enviábamos a Sogama (la central gallega de tratamiento) 343.800 kilos de basuras. En 2013 hemos reducido 9.300 kilos cada mes. Como se paga por cada kilo enviado estamos ahorrando”.

Fraga se posiciona contra de la reforma municipal que, si todo va según lo previsto, entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y añadirá 8.000 millones de euros de recortes a las arcas locales. Un ahorro que el ministerio no termina de explicar. “Es como matar moscas a cañonazos”, afirma el alcalde. Su pueblo tiene una factura de recogida de basuras de 35.000 euros frente a los 52.000 que les propuso la diputación de Ourense para hacer lo mismo. Y, según el texto de la futura ley, son estos entes supramunicipales los que se encargarán de prestar los servicios de consistorios “ineficientes” que no cumplan con un coste marcado por el Gobierno. “No conocen la realidad, si los 85 millones de la diputación se invirtiesen de verdad en los Ayuntamientos no habría ningún problema”.

Los vecinos de Piñor han bajado la factura de basuras con el compostaje

Otro de los Ayuntamientos que no tendrá que acogerse al último plan de rescate es, oficialmente, el segundo en números rojos del país (8.344 euros per cápita): Aguilar de Segarra, gobernado por CiU y situado cerca de Barcelona. El pueblo, que tiene casi tantos habitantes como masías (250 vecinos), levantó un huerto solar en 2006 de 1,9 millones de euros con la idea de generar recursos con que mantenerse, ya que era imposible reducir más su estructura administrativa, que se limita al secretario y un administrativo a media jornada. No tendrán que ser rescatados porque sus liquidaciones son positivas, y cuando terminen de pagar el huerto solar dicen que esperan “generar recursos suficientes”, para mantener e impulsar el turismo ecológico en el pueblo.

Juan Alfonso Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, da un dato para entender las dificultades financieras de una parte del municipalismo español: “Entre 2001 y 2011 la plantilla de los Ayuntamientos en España creció en 100.000 personas sin que sumasen más competencias”. Santamaría cree que muchos de esos servicios, de carácter asistencial, “son necesarios y muy útiles, pero legalmente no tendrían que haberse establecido por parte de los Ayuntamientos”. Contra lo que opinan otros expertos, Santamaría considera que la fusión de consistorios, que el Gobierno descartó en su reforma ante el conato de sublevación de los alcaldes, no habría arreglado nada. “Una separación matrimonial es un juego de niños comparado con el sentimiento de algunas poblaciones enfrentadas a muerte”. En cualquier caso, recuerda, los municipios son “la base electoral” de los partidos y, por lo tanto, estructuras difíciles de derribar desde el poder.

Mientras la reforma se discute, el virus de la austeridad no deja de extenderse por el país. El alcalde de Higuera de Calatrava (Jaén) ha decidido rebajar su nómina a la mitad (de 1.000 a 500 euros) para destinar esa parte a ayudar a familias necesitadas, un servicio que teóricamente no entra dentro de sus competencias Recortarse un 50% el sueldo no afecta a su jornada laboral, que cifra en “24 horas al día”.

Pero la mayoría de los recortes son dolorosos y a menudo no sirven para nada. Calvià, Mallorca, ha dejado en la mínima expresión la red de bibliotecas públicas y ha eliminado importantes premios literarios. Sóller, también en Mallorca, ni siquiera podía sufragar las fotocopias cuando el Ayuntamiento estuvo al borde de la quiebra. En Maderuelo (Segovia), el alcalde ha montado un gran restaurante en suelo rústico disfrazándolo de tienda-bar para un centro de interpretación de la naturaleza. Las continuas denuncias de un hostelero de la zona no han hecho mella en su intención de seguir explotando el establecimiento mientras se tramita la licencia urbanística.

¿Qué deparará el futuro a estos municipios? Según Cándido Pérez Serrano, de KPMG, “cada Ayuntamiento va a tener que revisar su estrategia presupuestaria y gestionar de forma más eficiente lo que tiene. No estamos hablando de que todos los servicios tengan el mismo nivel de calidad, sino de adaptarse a los recursos que hay, abriendo el camino para la gestión de forma integrada y para que se pague al concesionario según un estándar de calidad”. Serrano cree que la existencia de más de 1.000 mancomunidades es el ejemplo palmario de que las estructuras más grandes generan economías de escala y ayudan a ahorrar, algo que el Gobierno quiere conseguir dando más poder a las Diputaciones.

Pero, tal como recuerda José Ramón Pin, “la racionalidad política y social ha impedido la racionalidad económica”. Pin califica la futura reforma de “administrativista” porque, en su opinión, “no supone un cambio político”. “Realmente ha habido dos verdaderas reformas el siglo pasado. El Plan de Estabilización de 1957 y, entre 1980 y 1983, la aprobación de los estatutos de autonomía”. Pin considera que el modelo español debería tomar ejemplo de los del norte del Europa y el modelo norteamericano para “introducir técnicas de gestión privada en lo público”. Y recuerda un proyecto que el Ejecutivo del PP prometió desarrollar y que “determinaría una serie de requisitos para garantizar la formación y experiencia de personas que no fuesen políticos y que se dedicasen a la gerencia de instituciones”. “Pero se ha estancado”, lamenta.

Con información de Ezequiel Moltó y Andreu Manresa

Trabajo comunitario

Las pedanías rurales, que forman en España 3.600 núcleos con rango inferior al de un municipio, se basan en la acción comunitaria de los propios vecinos para salir adelante sin apenas recursos. “Es un régimen de voluntariado que parte de las hacenderas. Muchos de los sistemas de abastecimiento en pueblos de Castilla y León se construyeron gracias a la acción comunitaria, con aportaciones de todos los vecinos. La cooperación en momentos difíciles lleva siglos inventada”, explica Carlos González-Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. “El que no cumplía con el trabajo era penalizado, por ejemplo, con el pago de un cántaro de leche. Era una forma de comprometer a los ciudadanos con el mantenimiento de la cosa común”.

Tremor de Abajo es una pedanía cercana a Ponferrada dependiente del Ayuntamiento de Torre del Bierzo, de 57 vecinos. Un matrimonio con tres niños acaba de llegar al pueblo. No hay trabajo pero no les importa. “Aquí la calidad de vida es mejor, el reloj se para”, reflexiona Nieves Tascón, presidenta de la junta vecinal. En Tremor no se plantean ahorrar o recortar los presupuestos porque han vivido siempre echando mano del trabajo colectivo. “Convocamos la facendera [hacendera] para limpiar regueros, ponemos carteles por el pueblo y normalmente lo hacemos un sábado para facilitar la tarea a los vecinos, casi nadie falta”. Así consiguen arreglar la iglesia o, como hacen ahora, construir un refugio de cazadores que cualquiera puede utilizar para preparar comidas. “Sin esto se dejaría morir el pueblo”.

González-Antón reivindica ese espíritu: “El Estado debería apostar por el voluntariado, pero desde el punto de vista de la hipertrofia burocrática hay obstáculos para permitir este tipo de acciones”, aclara, en referencia a la complicada cobertura legal de estas actividades. Cree que si se incorporase el elemento del voluntariado a la Administración local, muchos pequeños municipios podrían salir adelante.

“Estamos para lo bueno y para lo malo”, añade Andrés Buelta, del concejo de Columbrianos (Ponferrada, León). Entre todos los vecinos de su pedanía han restaurado la iglesia, desbrozado caminos y limpiado los montes del lugar. No muy lejos, Juan López del Moral, presidente de la junta vecinal de Ciñera (León), cuenta que los vecinos completaron la construcción de una pasarela de madera para proteger el hayedo de Faedo, un delicado bosque al que el exceso de visitas estaba dañando en la reserva de la biosfera del Alto Bernesga. La subvención del ministerio solo llegaba para los materiales. Los mismos vecinos han construido puentes en gargantas de piedra, plantado árboles y organizan jornadas de educación ambiental, todo gratis.

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