Los rectores exigen que solo pese la renta para obtener una beca

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene la última cita antes de sentenciar una reforma del sistema de concesión de becas que le ha enfrentado con toda la comunidad educativa, con las comunidades autónomas y con parte del PP. Una representación de la CRUE (la conferencia de rectores, que incluye a 50 universidades públicas y 25 privadas) le pedirá que aparque el documento que más disensión ha provocado desde el inicio de la tramitación de la Lomce. Exigen que el único requisito para repartir las ayudas sea la renta y que no se desvíe un debate que, en su opinión, es solo económico.

Los rectores se reunieron hace una semana con el ministro tras denunciar en un contundente escrito que el nuevo reparto de ayudas que prevé Educación es anticonstitucional porque no garantiza la igualdad de oportunidades. En el encuentro se comprometieron a presentar una propuesta alternativa y crearon una comisión formada por los rectores de cinco campus públicos —Politécnica y Autónoma de Madrid, Rovira i Virgili (Tarragona), Universidad de Sevilla y Navarra—. Unas 15 universidades enviaron propuestas y sugerencias. Reclaman en primer lugar que se incremente el presupuesto estatal destinado a becas y se reparta solo en función de la renta, porque es una ayuda social y no un “premio ni un castigo”. El ministro accedió el martes a revisar la nota prevista para acceder a una ayuda (6,5) tras una reunión con las comunidades autónomas que evidenció su soledad. Ninguna le respaldó y tres reclamaron que un aprobado baste para recibir una ayuda, en lugar del 5,5 actual.

Si no aumentan los fondos, como es previsible, las universidades ofrecen una segunda alternativa: que Educación retire el texto que quiere enviar mañana al Consejo de Estado y se prorrogue el vigente, aunque tampoco les convence porque ya refleja requisitos académicos. Desde el principio de la polémica, los rectores han defendido que un aprobado debería ser suficiente para que estudie tanto el que tiene recursos para hacerlo como el que no se lo puede pagar. La CRUE, que presentará un informe con datos, reclama un análisis “riguroso” del cambio.

La tercera opción es que, si se mantiene la reforma, refleje la renta como factor primordial, principalmente para cubrir el precio de la matrícula, que ha subido una media del 16% de media para este curso y se ha disparado en algunas comunidades autónomas, como Madrid (38% de incremento) o Cataluña (hasta un 67%). La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha asegurado que el ministerio estudia la propuesta que hizo Cataluña para rebajar los requisitos académicos a aquellos estudiantes que solo tengan exención de tasas pero no para los que cobran dinero, informa Juan Antonio Aunión.

A los rectores tampoco les convence la parte variable que establece la reforma, que supone que la cuantía final que recibe el alumno dependerá de la renta, las notas y el presupuesto disponible. “Han establecido criterios académicos para poder restringir los fondos, y para desviar el debate real, que el Gobierno quiere limitar el gasto en becas”, señala Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla.

“Estamos muy molestos por la falta de diálogo, no nos podemos enterar los últimos de un cambio en la política de becas”, resume el rector de la Politécnica de Madrid, Carlos Conde, al que no convence el cambio que anunció el ministro el martes: “Rectifica tras reunirse con las comunidades y con el PP, pero no sabemos si es porque está convencido o porque le obligan”.