Apuntalando privilegios

Los obispos españoles vuelven a la carga. Saben que el Gobierno está preparando el borrador de la reforma del aborto y quieren que este se adapte a sus exigencias. No están conformes —nunca lo estuvieron— ni con la despenalización de 1985 ni con la ley de plazos de 2010. La interrupción voluntaria de un embarazo, de un proyecto de vida, es contrario a sus creencias y, por tanto, es del todo consecuente que, utilizando la libertad de expresión de la que disponen, alcen su voz contra una legislación que deploran.

En este terreno, la Iglesia católica está en su derecho —y yo añadiría que en su deber— de alertar contra ello. Pero desde fuera, la cuestión es otra. La cuestión es valorar en su justa medida el peso político de su opinión. Porque, en efecto, como ha dicho Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, las leyes las hace el Parlamento, no una confesión religiosa. Pero también porque un Estado laico como el nuestro debería ser capaz de limitar el poder de influencia de una jerarquía religiosa que, para colmo, está más que cuestionada por la sociedad. Así lo demuestra la encuesta de Metroscopia que publicaba ayer este periódico.

El sondeo viene a demostrar que la mayoría de los españoles no están a favor de una reforma hiperrestrictiva del aborto, como pretende Alberto Ruiz Gallardón, y que la sociedad española es extremadamente crítica con la actuación, los modos y las reglas de la Iglesia católica.

No es de extrañar. Frente a los problemas que aquejan de manera masiva a la gente —el paro, la desigualdad social, el empobrecimiento—, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, llama la atención al Gobierno de Rajoy por no haber anulado la ley de matrimonio homosexual y la del aborto. Especialmente ridícula ha sido la denuncia del obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plà, asegurando que detrás de la ley del aborto se esconde una conspiración internacional que busca reducir la población. Según él, los impulsores de la conjura son la ONU, el Parlamento Europeo y los Gobiernos y sindicatos. Clamar contra el aborto en defensa de la vida es discutible, pero coherente. Hacerlo porque merma la población desde una institución cuyos pastores —sacerdotes y monjas— tienen prohibido el matrimonio y, como consecuencia, la procreación, parece una broma.

Los españoles, católicos o no, quieren una Iglesia más comprometida con los pobres, con menos ostentación y liturgia y que no discrimine a las mujeres. En su lugar, tenemos una Iglesia que, lejos de su proyecto enunciado en el acuerdo con el Estado no vive de las aportaciones de sus fieles, sino de la subvención pública. Ahora, además, influye como nunca en los procesos legislativos gracias a la receptividad de este Gobierno, que legisla en su favor en la reforma educativa y que no ha hecho un solo gesto por terminar con sus privilegios, si bien tampoco lo hicieron anteriores Ejecutivos.

La organización Europa Laica calcula que el Estado adjudica cada año a la Iglesia católica 11.337,1 millones de euros por distintos conceptos —entre ellos, las exenciones fiscales que les permite vivir en un práctico paraíso fiscal—. Marcar con una x la casilla del IRPF es un gesto que sale gratis. No obliga a los que lo hacen a pagar un poco más, sino que compromete a Hacienda a detraer de la recaudación general la parte proporcional correspondiente. Ahora, como gran avance, el Gobierno y la propia Iglesia católica presentan su propuesta de incluir a la institución en la ley de transparencia. ¿Por qué? ¿Es una forma de consolidar su estatus de privilegio? Las ONG y, en general, las instituciones sociales sin ánimo de lucro, deben dar cuenta al Estado de cómo han gastado el dinero recibido para cada programa subvencionado. La ley de transparencia es una herramienta para que el ciudadano tenga cumplida cuenta de cómo gastan las Administraciones públicas su dinero. Por eso quedó, en principio, fuera la Corona, porque, dijo el Gobierno, no es una Administración pública. ¿Acaso lo es la Iglesia católica? ¿Se va a incluir en la ley a todas las ONG y todas las confesiones? Esta propuesta tan aparentemente bien intencionada suena, en realidad, a una trampa, a refinado subterfugio para lograr que la Iglesia católica, a pesar de la opinión contraria de los españoles, siga ocupando ese lugar que, según los parámetros democráticos, ya no le corresponde.