El niño que pide las clases en castellano, las recibe en catalán

“Si llega un niño que pide la escolarización en castellano, se le da en la misma aula. La clase se hace en catalán, como normalmente, pero la profesora estará pendiente del niño, le preguntará si lo ha entendido todo y le explicará lo mismo en castellano”, narra Leonor Carbonell, directora de la escuela Pompeu Fabra de Barcelona. Así funciona la atención individualizada que presta la Generalitat a quienes solicitan más horas de clase en castellano.

Lo que explica esta directora son unas pautas fijadas por la Ley de Educación en Cataluña (LEC) de 2009. Carbonell reconoce que es un caso teórico, ya que en su centro nunca una familia ha pedido la escolarización en castellano. De hecho, solo cinco han ganado el pulso lingüístico en los tribunales y están recibiendo atención individualizada, según la Generalitat. Esto supone que, aparte de las explicaciones adicionales del profesor, los niños hacen los exámenes también en castellano.

La última sentencia del Tribunal Supremo (TS), conocida el martes, que ratificaba una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), avalaba el modelo de inmersión lingüística en catalán, pero obliga a que se respeten los derechos individuales de quienes quieren como lengua vehicular el castellano. ¿Cómo deben respetarse estos derechos? La resolución del alto tribunal señala que estos no se satisfacen “con una atención particularizada en castellano”, sino que la Generalitat debe, en estos casos, “y en la proporción que estime conveniente”, permitir que estos niños “junto con los condiscípulos”, utilicen “el castellano como lengua vehicular”, referido “ese sistema al seguido en el colegio y curso”.

Estas frases, recogidas en el fundamento jurídico sexto de la sentencia, han dado lugar a interpretaciones contrapuestas por parte de la Generalitat —que considera que su atención personalizada es suficiente— y el Ministerio de Educación —que entiende que no basta con algunas explicaciones en castellano para los alumnos que lo pidan—.

“El Supremo ratifica la idea del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y la Generalitat esto lo canaliza a través de la atención individualizada, cosa que ni el TSJC, ni el Supremo consideran suficiente”, tercia Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en inmersión lingüística. El problema, añade, es el excesivo “margen de indefinición” de las sentencias, que dejan en manos de la Generalitat el garantizar el castellano.

El Departamento de Enseñanza asegura que solo 12 familias pidieron este curso la escolarización en castellano en el primer curso de preescolar. Convivencia Cívica Catalana, entidad que está gestionando estas peticiones y las demandes judiciales, afirma que cerca de un millar de familias ya han presentado instancias pidiendo la escolarización en castellano. Este diario ha intentado contactar con alguna a través de esta entidad, pero han declinado la invitación.

Otro frente complicado que se le abre a la Generalitat a raíz de las sentencias es cuándo lo garantiza. La LEC solo contempla la escolarización en castellano durante la educación infantil (los niños llegados de otras comunidades o países pueden solicitarlo independientemente del ciclo educativo). Branchadell tercia que la sentencia del Supremo entiende que la atención en castellano se debe ofrecer en todos los niveles educativos. “Hay una tensión entre la sentencia y la LEC, que habrá que resolver. El Supremo en 2010 reconocía el castellano como vehicular, cosa que contradice el espíritu de la LEC”, remacha el experto.

Más allá de los conflictos judiciales, Generalitat y escuelas dudan de la aplicación práctica de esta atención individualizada, ya que buena parte de los niños afectados por las sentencias conocen el catalán y en realidad no necesitan esta explicación adicional. “Yo si me encontrara un caso de estos intentaría hablar con la familia y les haría entender que aprender dos lenguas en una ventaja y que con nuestro método les garantizamos el conocimiento de ambas. Pero no me imagino a un niño pidiendo las explicaciones en castellano, todos saben catalán. Por eso lo que aquí se plantea es una opción política, no algo pedagógico”, zanja la directora de escuela.